La explosión de los centros de datos en Aragón: entre la opacidad, el choque institucional y el riesgo de colapso

“Es una maquinaria administrativa y política en marcha sin freno”. Las palabras esta semana del consejero aragonés de Fomento, Octavio López, sobre la disposición del Ejecutivo autonómico para tramitar a velocidad de crucero los centros de datos proyectados en la comunidad son un síntoma de cómo afronta este fenómeno el Gobierno de Jorge Azcón. Pero la proliferación de granjas de servidores en el territorio aragonés conlleva un conjunto de problemas cada vez más acuciantes: el riesgo de colapso ante unos recursos energéticos limitados, un choque institucional entre los ejecutivos central y autonómico y una creciente confrontación social por el modelo extractivo que implican.

López pronunció estas palabras el lunes, día en que el Boletín Oficial de Aragón publicó la aprobación definitiva del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la ampliación de cuatro centros de datos de Amazon y la inicial del que impulsa Blackstone en Calatorao. Son cinco colosos tanto en inversión anunciada como en los recursos que requieren: en conjunto suman más de 2.000 megavatios (MW) de potencia instalada, un consumo eléctrico medio anual de casi 16.000 gigavatios-hora (GWh) –todo Aragón consumió el año pasado 10.000 GWh– y un millón de metros cúbicos de agua anuales –el equivalente a una población de 9.000 personas–. Y son solo una parte de los más de veinte ‘data centers’ que proyectan en Aragón multinacionales estadounidenses, pero también grandes corporaciones nacionales como ACS, Repsol o Capital Energy y otras entidades pujantes ligadas a la inversión inmobiliaria como Azora.

Frente a esto, el volumen de empleo anunciado es mucho menor. Cuando los centros de datos de Amazon estén en plena actividad, el empleo previsto es de 1.000 personas en fase operativa para una inversión de 15.700 millones. Frente a esto, por ejemplo, el proyecto agroalimentario de Bonárea en Épila prevé crear 4.000 puestos de trabajo con una inversión de 400 millones.

El dilema de la proliferación de proyectos de centros de datos no es solo aragonés ni está limitado a este tipo de industrias, sino que se enmarca en un contexto más amplio: no hay oferta eléctrica para tanta petición. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica ponen como ejemplo que si la demanda punta que ha registrado España –fue hace una década– ascendió a 45 gigavatios, las actuales demandas de acceso alcanzan los 100 gigavatios, más del doble. “Es inviable”, resumen estas fuentes.

A finales del año pasado, la directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés, reveló que las peticiones de energía por parte de empresas que se querían instalar en la comunidad –principalmente, centros de datos– habían pasado de 3.000 megavatios en junio a 7.400 MW solo cinco meses más tarde. De satisfacer toda esta demanda, aseguró, la comunidad triplicaría su consumo actual. Y desde entonces los anuncios de inversiones en la región no han dejado de sucederse, con lo que el panorama es aún más complejo.

Aunque no hay cifras claras debido a la cierta opacidad con que administraciones y empresas gestionan estos proyectos, los datos hechos públicos para una veintena de centros en Aragón suman una demanda de casi 7.000 megavatios.

Un real decreto para ordenar el sector

Para poner orden y de paso cumplir con la directiva europea de eficiencia energética, el Ministerio tramita un real decreto, ahora en fase de información pública, destinado a aportar “sostenibilidad” al impulso de centros de datos. En él establece nuevos requisitos tanto para los que están en proyecto como los que ya hay en marcha.

La iniciativa legislativa se encuentra hasta el 15 de septiembre en fase de información pública. El Gobierno de Aragón ya ha anunciado que presentará alegaciones, pero no ha entrado en el contenido de estas.

El real decreto contempla que los gestores de centros de datos hagan pública –y actualicen anualmente– información sobre la superficie ocupada, el consumo de energía y su procedencia, el consumo de agua, el tipo de refrigerantes usados o indicadores como la eficacia en el uso de los distintos recursos. También deberán recoger el impacto socioeconómico del proyecto, con datos como el empleo generado o la contribución de la instalación a la economía local y nacional.

A su vez, la normativa insta a que los centros de datos utilicen el calor residual, siempre que resulte técnica y económicamente viable -de lo contrario, hay que justificarlo-, para permitir la climatización de barrios o municipios cercanos a las instalaciones, o bien que proporcionen calor a industrias u otras actividades cercanas.

El Ministerio apunta a que en España se ha producido un “cambio de paradigma” energético. Si antes la demanda estaba principalmente ligada al impulso de renovables y a la alta velocidad, ahora ha pasado a industrias electrointensivas como los centros de datos. Pero no hay oferta para tanta petición. “Queremos que salgan adelante los mejores proyectos; los que generen menos impacto y dejen más en el territorio”, señalan fuentes de esta cartera ministerial. Y es que las peticiones de acceso a la red para nuevas demandas en la actual planificación (2025-2030) sobre las que trabajan Transición Ecológica y Red Eléctrica “se han multiplicado por 80” respecto a la anterior planificación, la 2021-2026. Eso es debido, indican, a “la ventaja competitiva que supone la transición energética y el bajo coste de la energía que proporcionan las renovables”.

“Sesgo ideológico”

En Aragón, el Ejecutivo de Jorge Azcón –quien ha abierto la puerta a la llegada masiva de centros de datos– cree que el real decreto está cargado de un “sesgo ideológico” que liga a la vicepresidenta Sara Aagesen, quien en más de una ocasión ha valorado que el sector está inmerso en una “burbuja”. Desde Transición Ecológica vinculan esta apreciación de la ministra a casos concretos que han detectado en los que una misma empresa que impulsa un centro de datos lo tramita en varias ubicaciones distintas para más tarde quedarse con la opción más ventajosa.

Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), ve “positivo” que España alinee la normativa “con el marco europeo”, aunque también pide mejoras en el texto. Defiende la transparencia “como un principio clave”, pero también planteará alegaciones para tratar de “evitar cargas administrativas que no aporten valor y puedan restar competitividad al sector”. Machín, como representante del sector, considera que obligaciones como la reutilización de calor “en condiciones poco realistas” o bien “la divulgación de datos sensibles” pueden llevar al retraso de proyectos o incluso a “comprometer su viabilidad técnica”.

Pero el reto que afrontan estas industrias electrointensivas no solo tiene que ver con la demanda total de energía, sino también con cuello de botella generado en los nudos a los que se conectan. De los 71 nudos susceptibles de concurso según Red Eléctrica al haber más demanda industrial que capacidad eléctrica, diez se sitúan en Aragón y suman 2.380 MW. El mayor de ellos, el de Terrer, de 400 MW, ya está en marcha desde hace unas semanas.

Para atender el mayor número de peticiones posibles, Red Eléctrica deberá ampliar los existentes y construir nuevos nudos. ¿En qué medida? Se sabrá cuando Transición Ecológica dé a conocer la planificación 2025-2030, algo que sucederá antes de que termine el año.

“Es imprescindible coordinar con Red Eléctrica y con las administraciones una estrategia de refuerzo de infraestructuras que dé certidumbre a largo plazo a los inversores y evite cuellos de botella que frenen proyectos estratégicos”, advierte el presidente del Clenar.

Y a todo esto se suma un creciente recelo social frente a los centros de datos, también de los partidos político. Ya se han producido protestas vecinales para frenar una instalación en Villamayor de Gállego, la segunda granja de servidores que se promueve en este municipio. Y nivel de contestación entre el tejido asociativo es cada vez mayor.

Este mismo miércoles, Ecologistas en Acción y Ansar han hecho público un recurso más ante otra decisión del Gobierno de Aragón de declarar inversión de interés autonómico un centro de datos, en este caso el de ACS en La Puebla de Alfindén (Zaragoza). “No cumple ninguno de los requisitos legales” para esta catalogación, con la que el promotor se ahora impuestos y acorta plazos: “No crea casi empleo y no es de calidad”, “no solo no crea riqueza a largo plazo sino que la contrae” y requiere un “altísimo consumo de energía y agua”, advierten las organizaciones.