La empresa de Vicente Boluda se enfrenta a dos posibles sanciones por las obras sin licencia de su nueva sede en València

La empresa del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se enfrenta a una doble sanción por haber iniciado las obras de su nueva torre de oficinas de 12 alturas y de su conexión con su actual sede sin la correspondiente licencia municipal.

Como avanzó en exclusiva elDiario.es, el Ayuntamiento de València ordenó el pasado mes de abril la paralización inmediata de los trabajos tras revelar este diario que se habían iniciado sin los permisos de obras, lo que además derivó en la apertura de expediente sancionador. El pasado mes de julio, el servicio de licencias de actividades que depende de alcaldía y por delegación de competencias en el concejal de Urbanismo, Juan Giner, rechazó en su conjunto las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de Boluda Corporación Marítima S. L. (BCM), compañía del naviero.

En sus alegaciones, BCM justificó la necesidad de iniciar las obras sin la licencia formal “por la inacción administrativa que impedía al promotor cumplir con los plazos establecidos en la concesión. La actuación del promotor no responde a una voluntad de eludir la legalidad urbanística, sino a la imposibilidad material de obtener una resolución en plazo por parte de la Administración”.

Sin embargo, en la respuesta firmada por Giner el pasado 3 de julio, el Ayuntamiento rechaza todas estas cuestiones al asegurar que la legislación impide iniciar las obras de un edificio de nueva planta sin licencia, que el plazo de concesión de este tipo de permisos es de seis meses: “Incluso un eventual retraso en la tramitación del expediente, cuya valoración resulta irrelevante para resolver la presente controversia, no confiere derecho alguno ni puede hacerse valer para justificar el inicio de las obras sin haberse materializado el otorgamiento de las licencias”, dice textualmente.

Además, añade que en las certificaciones ECUV presentadas “se hace constar que el proyecto aborda obras que afectan a un edificio catalogado, lo cual incrementa la relevancia jurídica en el aspecto patrimonial a la hora de conceder una licencia de obras, lo cual no resulta baladí”.

Ahora, según la documentación recabada por este diario, los diferentes servicios municipales han iniciado el procedimiento para establecer las correspondientes sanciones. En esta línea, el pasado 14 de agosto el servicio del procedimiento sancionador solicitó al de actividades diversos informes a fin de establecer la cuantía de una multa por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

Sobre la eventual infracción leve, se solicita informe “sobre el valor de la obra ejecutada, y ello a los efectos de poder cuantificar la cuantía de la sanción de multa que por la comisión de la infracción corresponda imponer”, dice la resolución municipal.

En cuando a la infracción grave añade: “Como quiera que las obras que se están llevando a cabo afectan a un edificio catalogado, los hechos serían susceptibles de ser calificados como una infracción grave tipificada en el art. 283 LOTUP, se informará sobre la existencia de demolición, destrucción o deformación en cualquier otra forma, total o parcialmente, de construcciones, edificios y otros inmuebles objeto de protección especial por el planeamiento urbanístico por su carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional (…) informando asimismo, a efectos de cuantificar la sanción por la comisión de esta infracción, sobre el valor del suelo y sobre el valor de la obra ejecutada que se corresponda con la descripción del tipo infractor del apartado 2 del art. 283”.

A preguntas de esta redacción sobre todas estas cuestiones, desde Boluda Corporación Marítima S. L. no se han pronunciado.

Compromís pregunta por la multa

Al respecto, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha aplaudido que “después de muchos meses y un incomprensible silencio el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se ha decidido a remitir por fin la presunta infracción urbanística de las obras sin licencia municipal de la torre de Boluda en el puerto de València al Servicio de Procedimiento Sancionador para que inicie el oportuno expediente para incoar la sanción correspondiente”.

Puchades ha recordado que “casualmente la comunicación se efectuó con una celeridad inusitada después de que el 9 de julio presentáramos una pregunta escrita al Pleno municipal sobre la ausencia de comunicación, un olvido que rápidamente subsanaron al día siguiente, 10 de julio, para que la Delegación de Control Administrativo, dependiente del concejal Marí Olano, abriera el expediente sancionador en fecha 14 de julio”.

Sin lugar a dudas, ello permitió que la respuesta escrita del gobierno municipal, en fecha 22 de julio, indicara textualmente que “más allá de que la resolución de la paralización de la obra no es un incumplimiento directo de la Ley Urbanística manifestar que como en el resto de paralizaciones de obra, el acta e informe sí que se le comunicó al Servicio de Procedimiento Sancionador a los efectos oportunos”.

Según el edil de Compromís, “la desidia del gobierno de la alcaldesa María José Catalá en este tema es más que evidente. Tras evitar paralizar las obras del macrocomplejo el Grupo Boluda durante meses hasta que se conocieron a través de los medios de comunicación ahora se ha remitido el expediente al ralentí para iniciar la sanción por la supuesta comisión de dos infracciones, que todavía están pendientes de cuantificar económicamente” y advierte: “Desde Compromís estaremos muy vigilantes para supervisar la correcta tramitación administrativa, asegurar el cobro de las posibles sanciones y garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la Administración pública”.