Balears recurre ante el Supremo el decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados

El Govern balear del PP ha autorizado este viernes a sus servicios jurídicos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto aprobado el pasado mes de julio que regula el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En principio, el archipiélago deberá acoger a 49 niños y adolescentes huidos de la guerra o la persecución de sus países sin la compañía de un adulto.

Se trata de la segunda acción judicial impulsada por el Ejecutivo autonómico para frenar esta medida, después de que el pasado marzo, a la par que otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), ya impugnara ante el Tribunal Constitucional (TC) la modificación de la ley de extranjería que habilita la derivación de los menores.

En esta ocasión, el recurso va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, que establece las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

El Ejecutivo de Marga Prohens considera que esta norma “vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores”. Se trata de una regulación que, según ha manifestado este viernes la vicepresidenta segunda del Govern, Maria Antònia Estarellas, “afectaría gravemente a la autonomía financiera” de Balears, dado que “pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad”.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, competente en esta materia, ha subrayado que, con su actuación, lo que el Govern pretende es “defender los derechos y las competencias de Balears en materia de protección de menores” y cuestionar una regulación que, a su juicio, establece un sistema de reparto “forzoso” de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

En este sentido, ha recriminado que la medida se aplique “sin tener en cuenta las especificidades y las capacidades propias de cada territorio”, además de afear que se trata de una derivación “opaca e incluso discriminatoria”.