Balears desafía al Gobierno por el reparto de menores migrantes mientras se duplica la llegada de pateras a las islas

Balears atraviesa su verano más intenso en materia migratoria. Mientras se multiplican los rescates en el Mediterráneo occidental y la llegada de migrantes bate récords en el archipiélago, el Gobierno central ha dado luz verde al nuevo sistema de reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, una medida que ha abierto un enfrentamiento directo con el Ejecutivo de Marga Prohens (PP). El choque es frontal: mientras Moncloa defiende que la ley se cumplirá con plazos estrictos y criterios objetivos, la líder balear responde que el archipiélago sobrepasa su capacidad de acogida y acudirá a los tribunales para evitar un colapso aún mayor: “Se trata de defender los derechos y la dignidad de estos menores. En Balears estamos desbordados”, arguye.

En la actualidad, la comunidad autónoma acoge a unos 670 niños y adolescentes que, como en otras regiones, han cruzado el mar para huir de conflictos bélicos, persecuciones y hambrunas. De todos ellos, más de 300, de acuerdo a las cifras del Govern, han arribado a lo largo de este año. En concreto, las islas cuentan con 72 plazas específicas para menores llegados sin la compañía de un adulto, lo que representa el 11,4 % del conjunto de plazas consolidadas para la asistencia a jóvenes tutelados.

No solo eso. Estas 72 plazas suponen tan solo el 17,7 % de las 406 con las que debería contar el archipiélago de acuerdo al criterio establecido por el Gobierno en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados a partir de una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta estos criterios, que el Ejecutivo central califica de objetivos, claros y transparentes, Balears debería disponer de un total de 406 plazas. Los datos ponen de manifiesto que la atención a los adolescentes y niños llegados en patera se lleva a cabo muy mayoritariamente con recursos de emergencia.

Balears exige entrar en contingencia migratoria

En este contexto, y pese a incumplir con los requisitos para ello, el Govern balear solicitará entrar en situación de contingencia migratoria, una figura con la que el decreto habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicar a los menores en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 menores migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad. Con todo, Prohens replica que en las islas no hay “espacios ni profesionales” que puedan alojar y atender a los menores.

“Nos hemos situado en unos niveles que nunca en la historia de estas islas habíamos conocido y, como consecuencia, los servicios de protección han estado absolutamente desbordados”, apuntalaba este viernes el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa.

El gabinete de Prohens cuestiona la fórmula escogida por Moncloa para fijar, a través de un real decreto, los números correspondientes a cada comunidad autónoma. “¿Por qué esta fórmula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes”, aseveraba esta semana la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su parte, respondía poco después que los criterios utilizados son plenamente objetivos: la ratio establecida para cada comunidad autónoma se ha calculado dividiendo la población total de cada una de ellas a 31 de diciembre por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español. Con todo, Bolaños mencionó a Balears entre las regiones que mayor presión migratoria sufren.

El texto impulsado por el Gobierno persigue que los menores tengan derecho a abandonar Canarias, Ceuta y Melilla y ser acogidos en otras comunidades autónomas que tengan a disposición recursos menos saturados. El decreto introduce por primera vez un mecanismo de distribución obligatoria ante las reticencias, principalmente, de los gobiernos autonómicos del PP.

Recurso ante el Tribunal Supremo

En medio de este debate, Balears autorizó este viernes a sus servicios jurídicos a interponer el que será su segundo recurso contra el sistema de reparto de menores migrantes. Después de que el pasado mes de marzo el Ejecutivo autonómico impugnara ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones, ahora será el turno del real decreto aprobado el pasado 22 de julio, que regula el procedimiento de reparto -con la inscripción de cada menor en el registro estatal y su traslado en un plazo máximo de 15 días a la comunidad designada-. De igual forma, el Govern también recurrirá el decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, el que allana el camino de las reubicaciones.

La intención del Ejecutivo con la futura impugnación pasa por que la Justicia suspenda el reparto de forma cautelar so pretexto de la situación límite que, alega, atraviesan los sistemas de acogida de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, con una “sobreocupación” que el Ejecutivo cifra en más de un 1.000% de la capacidad prevista en las cuatro islas. No en vano, así se lo trasladó Prohens al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que ambos mantuvieron el pasado 29 de julio en el Consolat de Mar -sede de la presidencia balear-: “El Gobierno debe frenar el reparto por una cuestión de humanidad”, espetó la presidenta, quien advirtió de que recurrirá “a todas las vías legales” posibles para evitar la derivación de los niños y adolescentes no acompañados: “Me duele que los menores no puedan estar en condiciones óptimas por esta sobreocupación. Es un grito de auxilio: no podemos acoger más”.

El Gobierno: “Balears no está al límite de su capacidad”

Los datos del Gobierno contradicen, sin embargo, las manifestaciones de la líder del PP en las islas. Lo expresó el pasado miércoles el delegado del Ejecutivo central en el archipiélago, Alfonso Rodríguez, quien aseveró que las islas ni están al límite de su capacidad ni tampoco en condiciones de declararse en situación de contingencia migratoria extraordinaria, como sí lo están Canarias, que, con una capacidad de 737 plazas, acoge en la actualidad a 5.017 menores, Ceuta, que con 28 plazas asume la atención de 84 jóvenes, tres veces más de su capacidad ordinaria de acogida, y Melilla, que atiende a 160 menores con una capacidad de 28 plazas.

El Gobierno, de hecho, declaró este viernes la contingencia migratoria extraordinaria en estos tres territorios, con lo que se pondrá en marcha así el protocolo para la reubicación y el traslado de los jóvenes. Está previsto que, en el plazo de un año, unos 3.000 menores sean derivados a otras regiones españolas para destensionar el archipiélago canario y las dos ciudades autonónomas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advertía el miércoles de que “no hay excusas” para iniciar el proceso y se mostró “convencido” de que la Fiscalía intervendrá “de oficio” para garantizar su cumplimiento.

Con todo, el gabinete de Prohens se mantiene firme en su intención de evitar la acogida de los menores, aunque asegura que su intención con el recurso ante el TS no es en ningún caso frenar el reparto en toda España, sino únicamente en Balears. “La única pretensión que tiene el Govern es la que ha manifestado desde el minuto uno, que estos menores no lleguen a Balears porque la situación que vivirán aquí no es una situación digna. No queremos paralizar ningún procedimiento, solo que se entienda que no podemos atender a estos menores. […] La evidencia empírica, la realidad, nos ampara, y lo que haremos es ponerlo de manifiesto en el Supremo para que tome las medidas pertinentes”, subraya el vicepresidente primero del Govern.

El pulso balear se suma a la contestación de otras comunidades gobernadas por el PP que también cuestionan el sistema. Pero en las islas la situación es especialmente simbólica: mientras las playas se atiborran de turistas, las costas de las islas son testigo de la llegada incesante de hombres, mujeres y niños exhaustos a bordo de embarcaciones que, durante días, han efectuado una peligrosa y precaria travesía.

En los últimos años, aunque históricamente el flujo migratorio desde el norte de África se concentraba hacia el Estrecho de Gibraltar y Canarias, el refuerzo de la vigilancia en estas zonas, unido a los acuerdos de control migratorio con Mauritania y a la proximidad relativa entre Argelia y las Pitiüses (Eivissa y Formentera se encuentran situadas a unas 160 millas náuticas -247 kilómetros- de la costa argelina) convierten a las islas en un objetivo recurrente para las salidas en patera.

El trayecto, de unas 24 a 36 horas en condiciones óptimas de mar, es más corto y directo que el que deben afrontar quienes intentan llegar a Canarias, y evita los controles fronterizos del Estrecho. Aunque Menorca y Mallorca quedan más alejadas de la costa africana y son destinos menos habituales, las embarcaciones pueden acabar arribando a ellas cuando las corrientes o el viento desvían la travesía, como sucedió en la tarde de este viernes, cuando once migrantes fueron rescatados a 35 millas al sur de Maó con importantes síntomas de deshidratación. Cuatro de ellos fueron trasladados en estado grave al Hospital Mateu Orfila.

Aumentan en un 97,5 % los migrantes llegados a Balears

En lo que va de año, un total de 4.859 personas han llegado a Balears en 232 embarcaciones, lo que representa un incremento del 97,5 % respecto al mismo periodo del año pasado, cuando 2.186 personas alcanzaron las islas en patera. Solo en la semana del 11 de agosto más de 600 migrantes alcanzaron la costa balear en más de 35 barcas. Hasta el día 1 de este mes, 3.482 argelinos y subsaharianos alcanzaron las costas de las islas desde enero a bordo de 182 pateras procedentes del norte de África, de acuerdo con el recuento efectuado por EFE a partir de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en las islas.

Según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior, a lo largo de todo 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes. De mantenerse la tendencia actual, Balears podría cerrar 2025 con unas 11.608 personas migrantes llegadas por mar, prácticamente el doble que las recibidas el año pasado. De acuerdo a los datos oficiales de la Unión Europea y de la ONU, a 24 de agosto de 2025 a España han llegado 22.699 personas de forma irregular. De ellas, 11.916 lo han hecho por Canarias. En el mismo periodo, casi el doble de las que han arribado a territorio español han alcanzado las costas de Italia: 40.510. A Grecia han llegado 27.662 personas, más de 24.000 por mar.

La ruta balear se mantiene así como una de las grandes vías de entrada a Europa -junto a Canarias y Andalucía a la hora de acceder a España; Italia, Malta, Grecia y Chipre) porque no existen vías legales y seguras para migrar: el sistema de asilo español funciona precariamente y las oportunidades de entrada regular son mínimas, lo que empuja a miles de personas a arriesgar su vida en rudimentarias e inestables embarcaciones, aprovechando las ventanas de buen tiempo en verano y principios de otoño, cuando el Mediterráneo presenta condiciones más navegables. El resultado es un flujo creciente y sostenido de llegadas, que se combina con un alto grado de siniestralidad.

Quince desaparecidos en patera

En paralelo, las desapariciones y naufragios en aguas cercanas al archipiélago ponen de relieve el coste humano de un corredor marítimo cada vez más transitado y peligroso. Quienes se lanzan al mar a veces ni siquiera llegan a su destino: en estos momentos, al menos 15 migrantes que intentaban alcanzar la costa balear se encuentran desaparecidos. La semana pasada, los equipos de emergencias perdieron la pista de 12 migrantes que saltaron al agua desde una patera cuando ésta se encontraba a unas 36 millas al suroeste de Cabrera. Mientras tanto, otras tres personas se hallan en paradero desconocido tras el naufragio de una patera a cuatro millas al sur de Mallorca, en el que un migrante perdió la vida y otros 19 resultaron heridos. La embarcación llevaba seis días a la deriva. Los tres desaparecidos habrían abandonado la embarcación para intentar alcanzar la costa a nado.

Mientras tanto, la crisis entre el Gobierno y Balears por el reparto de los menores que llegan solos a las costas españolas pone sobre la mesa dos verdades difíciles de conciliar: mientras desde Moncloa buscan hacer realidad un sistema justo y solidario, las autoridades isleñas denuncian que se les exija “aún más” cuando la capacidad del archipiélago ya se encuentra al borde del colapso. La tensión, en realidad, va más allá de los números. Lo que está en juego es mucho más profundo: el futuro de un sistema de acogida que, entre recortes y recursos de emergencia, nunca ha estado preparado para asumir un fenómeno estructural como la migración. El Mediterráneo, convertido en frontera y cementerio, recuerda cada día la crudeza de esta realidad.