El auge silencioso de los detectives privados por el aluvión de empresas que investigan bajas laborales: «Estamos desbordados»

Un trabajador recibe una baja médica y, poco después, un detective se planta frente a su portal con una cámara oculta. No es una escena de película, sino una realidad cada vez más habitual en el mercado laboral en España. Desbordados por la avalancha de peticiones, varios profesionales de la investigación privada reconocen que nunca antes habían recibido tantas solicitudes para seguir a empleados de baja por parte de empresas —y también de mutuas— que buscan detectar presuntos fraudes. El incremento, según sus propios datos, alcanza el 80% en apenas cinco años.

La desconfianza hacia los trabajadores ha crecido exponencialmente en los últimos años y, fruto de ello, cada vez más empresas optan por fiscalizar su salud encargando informes y pruebas a profesionales de la investigación privada que puedan acreditar supuestos fraudes. Hace dos años el Supremo advirtió a las empresas de que no pueden enviar detectives a espiar a trabajadores de baja en sus casas. Todo ello, al calor de un discurso azuzado por mutuas y organizaciones patronales que insisten en el aumento del mal llamado “absentismo laboral”.

Y es que el término, que se ha instalado con naturalidad en el lenguaje institucional, mediático e incluso cotidiano, traslada la carga de la culpa directamente al trabajador, sugiriendo una ausencia voluntaria e injustificada del puesto de trabajo. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los casos que se computan como absentismo corresponden a bajas médicas por enfermedad, accidentes o procesos de incapacidad temporal plenamente reconocidos por el sistema sanitario y laboral. “Disfrazar los datos estadísticos conlleva directamente a cuestionar y vulnerar los derechos, tanto en enfermedades comunes, como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al objeto de fiscalizar los procesos de recuperación”, denuncian desde CCOO.

Pero, además, dentro de esa categoría difusa y manipulable del absentismo, se incluyen también ausencias justificadas como vacaciones, permisos por matrimonio o pareja de hecho, fallecimiento de familiares, traslado de domicilio o asistencia a exámenes médicos o actividades formativas.

Esa visión simplificada del absentismo ha alimentado un clima de sospecha generalizada, en el que la figura del detective privado ha ganado presencia como herramienta de control. Y es que para las empresas puede ser más rentable investigar que despedir sin pruebas, especialmente cuando el coste de un despido improcedente puede ser alto y pese a que los honorarios de estos profesionales oscilan entre los 70 y los 120 euros la hora.

“Estamos desbordados”, reconocen los detectives consultados por este periódico. Desde Arkos Detectives, entidad que opera en prácticamente todo el ámbito nacional -especialmente en la zona norte de España-, aseguran haber registrado un aumento del 80% en los encargos relacionados con bajas médicas en los últimos cinco años.

“Solo en agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, llegamos a tener 23 investigaciones abiertas al mismo tiempo. Lo habitual eran tres o cuatro”, añaden. El encargo suele llegar tanto de empresas privadas como de mutuas -que son entidades privadas pero con funciones públicas delegadas por la Seguridad Social-, y se basa en la sospecha de que el trabajador está fingiendo una enfermedad o exagerando su mal estado de salud.

Pero tras ese auge de la fiscalización a los trabajadores se esconde una realidad más amplia y estructural: un contexto laboral marcado por la precariedad, los sueldos bajos en relación al coste de vida, la sobrecualificación o la falta de expectativas profesionales que generan descontento y frustración. Trabajadores que encadenan jornadas extensas, con estrés acumulado, ansiedad o desgaste físico y emocional, acaban solicitando bajas médicas como única vía de escape ante la incapacidad de sostener el ritmo sin quebrarse.

A ello se suma la presión de salarios que apenas alcanzan para cubrir los gastos más básicos de una vida digna: vivienda, alimentación, cuidados o conciliación. La salud mental, aún invisibilizada en muchas empresas, es uno de los factores que más incide en el aumento de estos procesos.

Según los datos facilitados por Arkos Detectives, aproximadamente el 65% de los casos que aceptan acaban arrojando algún tipo de prueba que beneficia a la empresa. Sin embargo, ese porcentaje, aparentemente elevado, requiere matices: corresponde únicamente a una muestra muy concreta y reducida del total de bajas médicas que se producen, y responde a un filtro previo: “Aplicamos un protocolo muy estricto antes de aceptar un encargo”, explica el detective. En este sentido, analizan el historial del trabajador -dentro de las posibilidades que tienen sin vulnerar su privacidad-, posibles reincidencias, circunstancias personales o indicios repetidos de conductas sospechosas. “No cogemos cualquier caso: solo aquellos en los que hay cierta garantía de que pueda haber fraude”, añade.

De baja y trabajando en ‘B’

De ese 65% de casos con resultado favorable a la empresa, el detective de la empresa Arko estima que en torno a un 40% corresponden a situaciones en las que el trabajador, estando de baja médica, se encuentra simultáneamente desempeñando otro empleo. Y es que en un contexto como el citado anteriormente de bajos salarios y dificultades para llegar a fin de mes, algunas personas acaban recurriendo a trabajos paralelos que acaban contradiciendo el parte médico que han presentado, incurriendo en un fraude a la Seguridad Social. “Cobran lo que les corresponde por la baja y obtienen otro salario que no declaran”, explica este profesional.

En una línea similar se muestran desde DSR Detectives, despacho que opera también en diferentes puntos del país. “El fraude más común es estar de baja y a la vez estar trabajando en negro”, aseguran en conversación con elDiario.es. Este despacho ha constatado en los últimos tres o cuatro años un aumento notable en la contratación de servicios para investigar bajas laborales, superando con creces a otros servicios habituales del sector, como las investigaciones por infidelidades o custodia de menores.

“La investigación de bajas laborales se ha puesto muy por delante, por goleada”, resaltan, al tiempo que destacan que cada vez son más las empresas pequeñas y familiares que recurren a sus servicios, puesto que “les conlleva un coste tener a una persona cuya baja, por lo que sea, no es real”. “Es un desbordamiento, vienen directamente los dueños de las empresas a pedirnos que hagamos seguimiento”, explican desde DSR Detectives. Aunque no cuentan con un registro formal, el profesional entrevistado estima que en un 80% de los casos se detecta alguna irregularidad, aunque matiza que eso se debe a que los clientes ya llegan con sospechas fundadas. “Cuando el río suena, agua lleva”, añade.

En este sentido, desde Bossman Investigaciones señalan que “cuando una empresa decide contratar a un detective, normalmente ya existen indicios razonables de que puede haber fraude: bajas que se prolongan de forma inusual para el tipo de lesión, testimonios de compañeros que han observado conductas incompatibles con la dolencia o incongruencias en la documentación aportada”. “Por eso el porcentaje de casos en los que se confirman esas sospechas es elevado, te diría que en el 98% de las contrataciones hay algo”, apunta Bosco, director de este despacho cuyo ámbito de actuación se centra fundamentalmente en Euskadi, Cantabria, La Rioja y Navarra.

En su caso, la mayor parte de las investigaciones están relacionadas con bajas por patologías físicas, aunque en los últimos años han detectado “un aumento muy significativo en las asociadas a patologías psicológicas, como la ansiedad o la depresión”. “Estos casos requieren un abordaje especialmente cuidadoso, ya que son dolencias más difíciles de objetivar y los que cometen fraude lo saben”, explica Bosco en declaraciones a elDiario.es. Afirma, además, que contratan sus servicios “empresas de todo tipo y tamaño, desde grandes compañías hasta pymes, e incluso entidades del sector público”, y los sectores que más predominan son aquellos “con mayor exigencia física, como la industria, la hostelería o la construcción”.

Asimismo, desde SANTYANA detectives, despacho que ejerce su actividad en Bilbao y Santander, confirman que la tendencia que observan va en la misma línea que la del resto del sector: “Los servicios para investigar bajas médicas son los más solicitados desde hace años”, sostienen en declaraciones a este periódico. En su caso, la mayor parte de los clientes son pymes -pequeñas y medianas empresas-. “Son los más perjudicados cuando esto sucede y, quizá, al mismo tiempo, los más interesados en demostrar que existe una actividad fraudulenta aunque esto les suponga realizar un esfuerzo económico adicional”, explican.

Privacidad y siniestralidad

Desde los diferentes despachos de investigación consultados sobre esta tendencia subrayan que el proceso que siguen es “minucioso” y “se ajusta estrictamente a la legalidad”, en concreto a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y a la normativa de protección de datos. Así pues, sus trabajos consisten en seguimientos, guardias frente al domicilio y documentación de lo que ocurre en espacios públicos o de libre acceso. En ningún caso, aseguran, se hacen grabaciones en interiores o se captan imágenes en presencia de menores.

“Somos de la vieja escuela: vigilancia presencial, sin invadir la intimidad”, explican desde Arkos Detectives. “Hay que conocer la ley para no violar la intimidad”, sostienen desde DSR Detectives, quienes hacen hincapié en la importancia de “cuidar de que la investigación sea legítima y esté justificada”.

“Trabajamos siempre dentro de unos límites muy claros y garantistas, y aplicamos los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, recogidos también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de modo que únicamente investigamos aquellos hechos directamente relacionados con el objeto de la investigación y que resulten relevantes para el interés legítimo del interesado”, subrayan desde Bossman Investigaciones.

En paralelo al foco mediático y empresarial centrado en el mal llamado “absentismo”, el mundo del trabajo arrastra un problema mucho más grave y en aumento: la siniestralidad laboral. En 2024, los accidentes mortales se incrementaron un 10% en España, con 796 personas fallecidas, 75 más que el año anterior. Y lo alarmante no termina ahí: en más de un tercio de esos casos, las empresas ni siquiera habían evaluado los riesgos laborales, según un estudio de CCOO. Así, mientras se multiplican los esfuerzos para fiscalizar a quienes están de baja, hay verdaderas deficiencias en prevención que cuestan vidas y que siguen quedando en un segundo plano.