España retirará a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, al igual que ya hizo la Eurocámara y el GAFI

En las próximas semanas, el Gobierno español podría sacar a Gibraltar de su lista particular de paraísos fiscales, una decisión que fue acordada años atrás pero que no se ha puesto en práctica. Ya lo hizo el Parlamento Europeo, tras los pasos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), vinculado a la OCDE, que sacó al Peñón de su “lista gris”, en 2024, a partir de un largo escrutinio por parte de la asesora oficial MoneyVal.

Dicha decisión, que presumiblemente volverá a contar con la oposición cerrada del Partido Popular y de Vox, se adoptará según todos los indicios antes de la presentación en octubre de la redacción final del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, que posteriormente tendrá que ser sancionado por la Eurocámara, por el Parlamento británico y el de Gibraltar.

“España se comprometió a quitar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y estamos a punto de ver qué ocurre –ha asegurado Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar–. No podemos llegar a un nuevo Tratado si no se cumple el último”.

El comisario europeo, Maroš Šefčovič, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, junto con el ministro principal del Peñón, sellaron el acuerdo político, que ahora tendrá su traducción técnica, para volcarse en el Tratado final, que se espera para octubre.

Una de las medidas estrella del mismo es la desaparición física de la Verja que separa históricamente al Peñón del resto de la Península: a partir de entonces, los trabajadores transfronterizos –15.000, de los que más de 10.000 son españoles–, los residentes en Gibraltar, los turistas y los visitantes de la zona, podrán entrar y salir sin el largo laberinto burocrático al que obligaría un Brexit duro, o un Gibrexit, como también se le ha llamado. Se tratará, sin duda, del mayor logro para ambas partes. Sin embargo, a este lado de la frontera, se temen las consecuencias indeseadas del pacto: que suba el precio de la vivienda y el arrendamiento, o que se produzca un “dumping” fiscal.

La cumbre bilateral prevista entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, prevista en Londres para este miércoles, puede que arroje alguna luz sobre cómo van a equilibrarse dos modelos fiscales y dos legislaciones distintas separadas hasta ahora por la Verja.

La reconversión de la zona aduanera

A Juan Franco, de La Línea 100×100, el municipio limítrofe con la Roca, le agrada la idea de que la Verja sea demolida, e incluso, de la mano de una empresa local, WiseKey, está dispuesto a presentar una alternativa para que allí se levante un centro tecnológico de última generación.

No obstante, como otros responsables municipales de la comarca campogibraltareña y como la Junta de Andalucía, también ha manifestado su preocupación por la falta de información oficial: “Nos parece una muy buena noticia, pero me gustaría recordar que hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias”, asegura Franco, que ha solicitado una reunión con el ministerio español de Asuntos Exteriores, para salir intentar salir de la incertidumbre.

Su Ayuntamiento finaliza, en la actualidad, la versión definitiva del ‘Memorándum acerca del posible impacto del acuerdo post-Brexit sobre Gibraltar en La Línea de la Concepción’. Este documento, elaborado en junio, ha incorporado aportaciones de diversos colectivos y la ciudadanía en general, a través de una encuesta digital, y será remitido la semana entrante al ministerio que titula José Manuel Albares.

Su contenido incide en diversas cuestiones como el impacto del tráfico y de los precios de la vivienda en el municipio, pero también se ofrecen alternativas a algunas cuestiones, como que los funcionarios que prestan servicios en el recinto aduanero que dejará de operar cuando la Verja desaparezca puedan ser destinados a una futura delegación de la Agencia Tributaria en el municipio, hipótesis defendida, por ejemplo, desde la Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar, que elabora una propuesta en tal sentido dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y virtual candidata a la presidencia de la Junta.

Más de un siglo de Verja

En 1909, el Reino Unido construyó un muro y una cancela para separar a Gibraltar de La Línea de la Concepción. El imperio británico se aseguraba así, de paso, la anexión del istmo y de una formidable parcela que no había sido cedida oficialmente por el Tratado de Utrecht de 1713. Más de un siglo después, la Verja –como así se le llama actualmente a la valla de hierro y alambre que rodea al perímetro fronterizo—desaparecerá en los próximos meses, de prosperar ese nuevo Tratado, esta vez de índole comercial que excluye a la cuestión de la soberanía todavía en litigio entre Londres y Madrid, que la Unión Europea y el Reino Unido redactan para otoño.

No se trata tan sólo de establecer un régimen fiscal equilibrado, sino de la convivencia entre dos poderes adquisitivos muy distintos: “En España se van a cumplir los peores presagios y la colonización por parte de los gibraltareños, con mayor poder adquisitivo, conseguirá un incremento del precio de la vivienda y los alquileres, por poner un ejemplo”, ha denunciado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular y también presidente de la comisión de Exteriores del Senado español.

“Lo único que sabemos es que en Gibraltar están muy contentos porque tendrán todo lo que significa la Unión Europea sin estar en ella, mientras que nuestra comarca no ha conseguido nada”, protesta.

Landaluce se viene preguntando, por ejemplo, por la situación de los puertos de Algeciras y Gibraltar en el nuevo marco normativo, no en balde, su hermano Gerardo preside la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. También cuestiona cómo se beneficiarían los buques que operen desde el Peñón frente al puerto español debido a la diferencia de tasas por su pertenencia a la UE: «Yo no quiero su perjuicio, pero no quiero nuestro perjuicio. No tengo ninguna aversión contra Gibraltar, sino contra decisiones que perjudiquen a los intereses del Campo de Gibraltar, que perjudiquen a los intereses de los españoles», intentó aliviar su mensaje.

Sin embargo, desde las filas del PSOE, se entiende que los negociadores españoles han sido especialmente estrictos a la hora de tratar este asunto y se ha llegado a fijar un porcentaje impositivo de transacciones –superior al 15 por ciento se dice, por debajo, eso sí, del 17 por ciento que es el de Luxemburgo, el menor de la Unión Europea–, equivalente al IVA, aunque no se le llame así ni tenga sus estrictas características comunitarias.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón alcalde de San Roque y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, cree que la caída de la Verja es una “noticia histórica”, dado que “traerá más prosperidad a la comarca del Campo de Gibraltar”, al eliminar todos los controles de personas y mercancías.

“Espero que esta negociación tenga el apoyo de todos los grupos políticos en la Eurocámara, pero queda todavía por saber esa incógnita de qué hará el Partido Popular Europeo, que tendrá la influencia del Partido Popular de Feijóo, que todavía sigue oculto en su respuesta ante este gran acuerdo”, ha declarado, convencido de que, con respecto a la soberanía, “se mantienen las posiciones firmes que siempre ha mantenido nuestro país”.

En España, se cree que la frontera física, que será sustituida por discretos controles Schengen en el aeropuerto gibraltareño, podrá desaparecer en enero, pero en Gran Bretaña y en el Peñón, se piensa que podría retrasarse: si bien en octubre quedará lista la redacción del Tratado, quedarán la tramitación parlamentaria y la de Gibraltar puede ser compleja, porque será necesario cambiar diversas leyes locales para poder aplicar el Tratado.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, se ha mostrado más propicio al derribo de la verja de Gibraltar que su compañero de filas Landaluce: “El hecho físico de que no exista va a contribuir a que haya un desarrollo económico más compartido”.

A su juicio, “los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito”, pero también instó a José Manuel Albares a convocar lo antes posible a los representantes de la comarca y de la Junta de Andalucía para obtener detalles sobre “todos y cada uno de los plazos que se van a seguir en esa fase para de una vez por todas derrumbar la Verja”.

“Queremos igualdad en términos fiscales, a ambos lados, igualdad de inversiones, de oportunidades y en definitiva que pueda haber un desarrollo compartido entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar”, subrayó.

Y concretó su postura en este sentido: “Echamos de menos una información detallada de exactamente cuál va a ser el procedimiento y sobre todo y fundamental y más importante, cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener a ambos lados de la Verja”.

“No puede tener una fiscalidad especial Gibraltar y otra fiscalidad en el Campo de Gibraltar, porque eso perjudica claramente los intereses de todos los ciudadanos que viven en el Campo de Gibraltar”, discurrió Moreno Bonilla.

Impuestos indirectos al consumo

En junio, tras la firma en Bruselas del acuerdo previo al Tratado, ya trascendió que se fijará una equiparación fiscal progresiva entre Gibraltar y España, en un plazo no superior a los tres años, mediante la aplicación de impuestos indirectos que gravarán los productos de consumo, así como a los hidrocarburos, el alcohol y el tabaco, “con el objetivo de evitar distorsiones y asegurar un libre mercado beneficioso para ambas partes”.

En ese momento, mientras la mayor parte de la prensa británica, sobre todo la conservadora, hablaba de rendición del Reino Unido, por permitir que los controles Schengen los realizaran policías españoles en los accesos exteriores del Peñón, The Times subrayaba, en cambio, el hecho de que Gibraltar pondrá fin al régimen libre de IVA tras el acuerdo que recoge lo que dicho rotativo calificó como una demanda clave de la diplomacia española, que venía denunciando que los bajos impuestos del territorio británico distorsionaban la economía española.

No se llamará IVA, pero lo parecerá. Según la hoja de ruta prevista y a falta de la letra pequeña del Tratado definitivo, Gibraltar tendría que incrementar el impuesto sobre transacciones, de manera paulatina, desde el 15 por ciento en un principio hasta, de manera paulatina, a lo largo del primer trienio de aplicación del Tratado, hasta un tipo impositivo acorde con el que rija en algún país de la Unión, lo que en este caso sería el luxemburgués. Esta ha sido una de las asignaturas más difíciles de aprobar por parte de los negociadores, porque se establece en siete puntos por encima de su oferta de partida, que era del 10 por ciento: en el Peñón se aplica actualmente un régimen de aranceles, que se modula en función de los bienes que deban pagarlo y de cada presupuesto anual.

Esta nueva carga impositiva no supondrá una cuestión menor para el comercio minorista de Gibraltar, pero les resultará preferible a una disminución exponencial de sus clientes con una frontera dura. Y, por otra parte, el impuesto de sociedades ha aumentado en el Peñón, desde el 12,5 al 15 % para la mayoría de las empresas.

El acuerdo de junio, según ha trascendido, recogía la unión aduanera entre la UE y Gibraltar, por la que las mercancías extracomunitarias tendrán que pasar los controles, tanto aduaneros como fitosanitarios, en un puerto español –lo más lógico es que sea el de Algeciras–, antes de entrar al Peñón sin restricciones. Eso sí, la libre circulación prevista se limitará a personas y bienes, pero no a servicios o capitales: la Unión Europea ha sido taxativa en ese sentido. Tampoco las empresas españolas podrán operar en el Peñón, sin autorización previa de las autoridades locales. Y viceversa.

El otro acuerdo fiscal

Otros aspectos importantes del futuro Acuerdo UE-Reino Unido incluyen, según el comunicado conjunto que siguió a la reunión del 11 de junio, “compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte – incluyendo el aeropuerto; los derechos de los trabajadores transfronterizos y la coordinación en materia de seguridad social. También se incluirá una cooperación específica en materia de medio ambiente. También se ha acordado la creación de un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región”.

En la actualidad, ya existe un acuerdo fiscal entre España y el Reino Unido para Gibraltar, adoptado en 2021 y vigente desde 2022, que, al menos sobre el papel, “establece criterios para determinar la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas, y refuerza la cooperación para combatir el fraude”.

En cuanto a la finalidad del futuro Tratado tiene como objetivo la mitigación o supresión del fraude fiscal y los efectos negativos derivados a la hacienda pública española como consecuencia de los beneficios fiscales característicos de Gibraltar que se venían dando hasta ahora. Asimismo, se establecen unas reglas para solventar cualquier conflicto en relación a la residencia fiscal de las personas físicas y, evitar a su vez, que sociedades con residencia fiscal en Gibraltar realicen actividades económicas en España. Se trataba de una solución temporal para un problema complejo. Ahora, decaerá si el Tratado se aprueba finalmente. Y si no se aprueba, será la menor de las preocupaciones.