De la ESO a la Universidad, Madrid se dispone a arrancar el curso con el enésimo pulso de Ayuso al Gobierno

El Ministerio de Educación sostiene que va contra la ley. También varios sindicatos, y CCOO lo ha recurrido ante la Justicia. Pero la Comunidad de Madrid, que ya lo anunció sin preguntarle a nadie, se ha salido con la suya y el curso va a comenzar en la región con 50 colegios de Primaria impartiendo 1º de ESO, una medida inédita (es diferente de los CEIPSO, que aúnan ambas etapas) que la comunidad educativa rechaza en su mayoría por considerarla una ocurrencia innecesaria.

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le echa un pulso a Moncloa con la educación. Ha pasado también con la escuela concertada, una favorita histórica del PP madrileño, con la universidad, que promete ser la protagonista del curso que arranca con sendas leyes, estatal y regional, destinadas a chocar, con los currículos de la Lomloe, con el 0-3, la FP o la educación para adultos, enumeran desde CCOO. Pero la reina de los enfrentamientos es la concertada. El Gobierno del PSOE (con Podemos) hizo una ley, la Lomloe, pensada en buena parte para controlar los desmanes de estos centros, especialmente en Madrid; Ayuso contraatacó aprobando una ley ad hoc para proteger los colegios privados sostenidos con fondos públicos. El enfrentamiento es constante y no es poco habitual que Madrid se salga con la suya.

Un ejemplo concreto muy claro de este juego entre administraciones es la cesión de suelo público para construir centros concertados: es una práctica que la ley tampoco avala (se conciertan centros existentes, no se le puede otorgar un concierto a un proyecto), pero que la Comunidad de Madrid viene realizando desde hace lustros. El intento de acabar con este tipo de iniciativas que se incluyó en la Lomloe dentro de esta política de intentar controlar a la concertada (y que se vendió como la prohibición definitiva) apenas duró dos años, los que tardó la Comunidad en convocar dos concursos para construir centros concertados. Hoy siguen con la práctica. Hace poco más de 15 meses del último caso conocido.

Los frentes se multiplican en Educación porque para la Comunidad de Madrid cualquier escenario es susceptible de convertirse en terreno de oposición a la Moncloa, cuenta Isabel Galvín, que acaba de dejar la secretaría general de Educación de CCOO en la región. Pero este no es uno de los campos en los que Pedro Sánchez ha decidido responder a Ayuso, lamenta la sindicalista. “Ellos eligen sus batallas, pero esta han decidido no darla. Nos tienen abandonados a nuestra suerte”, lamenta. Galvín cuenta que se ha cansado de enviar cartas al Ministerio, la mayoría de ellas sin respuesta.

¿Hace falta una normativa ad hoc?

El Ministerio explica que la Comunidad de Madrid no ha publicado aún la normativa que debe regular el funcionamiento de estos CEIP (los colegios de primaria) con ESO y que, sin ella, no tiene nada que recurrir. El Gobierno regional sí publicó una orden en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) por la que autoriza a 52 colegios a impartir la ESO, pero según Educación debe añadir una normativa ad hoc que regule el funcionamiento de los centros.

La Comunidad de Madrid no ha contestado a las preguntas de este periódico acerca de si pretende publicar alguna normativa para estos centros.

El departamento que dirige Pilar Alegría, sostiene un portavoz, está pendiente de ese paso para tomar decisiones. En cualquier caso, insiste, la ley es clara: “1. En los centros de educación secundaria podrá impartirse la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional. 2. En los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor. Dichos centros deberán tener, como mínimo, una unidad para cada curso y disponer de las instalaciones y condiciones materiales recogidas en el artículo siguiente”, cita el artículo 13 del Real Decreto 132/2010, que establece las condiciones que deben cumplir los centros de secundaria.

Según lo comunicado por Ayuso, la idea solo es dar 1º y 2º en los CEIP, de manera que no se cumpliría lo estipulado en ese Real Decreto. También es cierto que estos centros son CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria) y no “centros de secundaria”. Existe el modelo CEIPSO, centros que ya existen que aúnan ambas etapas, sobre todo para localidades donde no hay mucha población, pero en teoría estos iban a ser otra cosa, explica Galvín. La falta de una normativa propia la hace sospechar ahora que acabarán siendo CEIPSO en lo que califica de “marcha atrás” del Gobierno regional. Pero no dejan de ser especulaciones, admite, porque la falta de transparencia de la Comunidad está marcando todo el proceso.

Ahora, la universidad

En los últimos meses, más allá de este episodio de la ESO en colegios de Primaria, la disputa se ha librado en la Universidad en varios frentes, una confrontación que va a marcar también el presente ejercicio con una previsible colisión de leyes.

El Gobierno está ultimando la actualización del decreto de creación de centros universitarios, la normativa que regula los mínimos que deben cumplir las universidades privadas. Piensa Moncloa, lo dijo Pedro Sánchez, que los “chiringuitos universitarios” proliferan por todo el estado con el único objetivo de ganar dinero. No lo dijo, pero hablaba sobre todo de Madrid. La respuesta de la presidenta Ayuso –la comunidad autónoma con más centros de iniciativa social de España (doblan a los públicos)– fue anunciar el decimocuarto campus privado en la región una semana después.

Ayuso rechaza frontalmente la norma del Gobierno y en paralelo pretende aprobar su ley universitaria, que el ministerio califica a su vez de “ayusazo” por el recorte que aplicará, sostienen. La ministra, Diana Morant, anunció en su momento que “el Gobierno de España también le va a hacer frente a su nueva ley de universidades”. Cuando se conoció el borrador del texto, el ministerio advirtió de que había una posible invasión de competencias de Madrid con el régimen disciplinario. De nuevo, habrá que esperar a que esta se apruebe para poder recurrir algo, si es el caso.

El pasado invierno, la disputa fue por el profesorado universitario. La Comunidad de Madrid, la que peor financia a sus campus de toda España, fue la única autonomía que rechazó el programa María Goyri de contratación de docentes universitarios que financiaba el ministerio para que las universidades se adapten a la nueva ley. Finalmente, apretado por la presión que ejercieron los rectores madrileños, el consejero Emilio Viciana firmó el acuerdo con la ministra Diana Morant en una tensa cita en la que ambos se lanzaron duros reproches.

Los modelos educativos de ambas administraciones no pueden ser más diferentes. El sistema educativo español, en el que Moncloa propone (establece los marcos mínimos a través de leyes estatales) y las comunidades disponen (desarrollan y aplican esas leyes a su voluntad, teóricamente dentro de los marcos propuestos), facilita estos enfrentamientos, que prometen no parar. De Secundaria a la Universidad, va a ser un curso movido en las aulas madrileñas.