Vox convierte la secularización en herramienta política contra el islam: «Esto afecta a todas las religiones»

La Constitución Española garantiza la libertad religiosa y acota sus límites al orden público. Entre ambos renglones se decide hoy la convivencia. La Región de Murcia se ha convertido esta legislatura y, más concretamente, este 2025, en un laboratorio de prácticas institucionales sobre la cuestión religiosa. La novedad no es tanto el discurso, que orbita en la islamofobia, como el trámite en sí: en el caso reciente de Jumilla, por ejemplo, se invocaban razones de seguridad, aforo, calendario o uso preferente de instalaciones para denegar o limitar actos vinculados sobre todo a comunidades musulmanas. El resultado es una menor presencia de lo religioso en el espacio público y más presión para que la fe quede dentro de locales privados.

La medida está afectando con especial intensidad a comunidades musulmanas -que a menudo carecen de espacios propios y dependen de pabellones o salas municipales-, pero el efecto arrastre podría acabar reduciendo la presencia pública de cualquier culto. El conflicto deja de resolverse en el debate político y pasa al expediente administrativo: quién pide, cuándo, con qué documentación y cuánto paga. El resultado es una neutralidad de ventanilla que, en la práctica, empuja lo religioso al ámbito privado y abre un problema de garantías: cómo hacer compatible el derecho de culto con la gestión ordinaria de los servicios municipales.

En el trasfondo de estas decisiones aparece un proceso que los sociólogos llaman secularización. No se trata de una estrategia planificada, es más bien un efecto secundario del desarrollo de las democracias liberales. En el caso de España, y más concretamente en la Región de Murcia, ha sido Vox, de la mano del Partido Popular, quien ha llevado la iniciativa en la acción contra la práctica religiosa en el espacio público. Pero, aunque pueda parecer en un primer instante un mero movimiento para fomentar la islamofobia o establecer una discriminación institucionalizada contra las personas de fe musulmana, la paradoja es que la política diseñada contra el islam modifica la relación general entre religión e instituciones, y desplaza la práctica de la fe a espacios cada vez menos compartidos.

El profesor Daniel Marín-Gutiérrez, de la Universidad Pontificia de Comillas, señalaba estos días el papel de la formación ultraderechista como un agente secularizador. El sociólogo lo explica en términos sencillos: “Vox funciona más que como partido, como movimiento político” y ha sabido extender su influencia a través de asociaciones, fundaciones y también de la religiosidad popular. Esa capilaridad, dice, es lo que permite trasladar un discurso que se proclama defensor de lo católico pero que, en la práctica, va vaciando de contenido la dimensión religiosa. Esa red le permite defender un catolicismo que no depende de la misa dominical ni de los sacramentos, sino más bien de su uso como marca cultural.

“Lo que Vox defiende de lo católico es una idea cultural -señala-. Les da igual si alguien va a misa o si bautiza a sus hijos; lo que les interesa es que lo católico aparezca unido a lo español”. Ese desplazamiento convierte la fe en un rasgo identitario más que en una práctica, y en esa operación el resultado es paradójico: menos religión vivida y más religión convertida en símbolo. El efecto más claro se da en los municipios donde las comunidades musulmanas carecen de mezquitas o centros propios. “Cuando no tienen espacios terminan recurriendo a polideportivos o salas municipales, y ahí es donde entra la prohibición”, señala. En lugar de ofrecer alternativas, los consistorios optan por cerrarse a la demanda, con lo que la fe se desplaza a locales improvisados y la convivencia queda marcada por la desconfianza.

Instrumentalización política de la fe

El teólogo Bernardo Pérez Andreo, profesor de teología en la Universidad de Murcia, coincide en la lectura: “Vox no cree en aquello que dice creer, no se lo cree. Cogen del catolicismo todo lo que no es cristiano. Se quedan con la cáscara, no con el núcleo del Evangelio”. Para él, la instrumentalización política de la fe produce un efecto secularizador todavía más profundo: vacía de espiritual la religión y la reduce a mera estética, símbolos y ritos desprovistos de su sentido.

La reflexión de Pérez no se queda en la coyuntura política. Sitúa este proceso en una historia más larga. Recuerda que la secularización en Europa comenzó como un movimiento ligado a la modernidad: la Ilustración, la Revolución Francesa y la consolidación de los Estados liberales fueron apartando progresivamente a la religión del espacio público y reduciendo su papel en la regulación social. No se trataba entonces de prohibir la fe, se trataba de trasladar competencias que habían sido de la Iglesia -educación, beneficencia, incluso la moral pública- a manos del Estado.

En España, explica, ese itinerario fue más tardío y accidentado, con avances y retrocesos según los cambios de régimen, hasta consolidarse en la Constitución de 1978 con el principio de libertad religiosa y de aconfesionalidad del Estado. “La secularización no significa que la religión desaparezca, sino que cambia de lugar y de función. Deja de ser el centro que organiza la vida política para convertirse en un ámbito personal o comunitario”.

Por su parte, Marín advierte de que lo novedoso de la situación actual es que la secularización no está impulsada por movimientos progresistas ni por la institucionalidad liberal, sino por un partido que se reivindica como defensor de la tradición católica. En el terreno de la religiosidad popular, las procesiones y cofradías se convierten en el espejo donde se miden las contradicciones. Daniel Marín apuntaba que buena parte de la sociedad ya no identifica el trasfondo religioso en celebraciones como la Navidad o la Cabalgata de Reyes, rituales “altamente secularizados” que se aceptan sin conflicto mientras se restringen actos musulmanes en polideportivos.

La raíz del problema

“Voy a ponerme žižekista y a decir que a esta gente [Vox] lo que les jode es que los musulmanes creen de verdad”, apostilla Pérez Andreo. El teólogo contrasta así dos modos de vivir la religión: una religiosidad popular convertida en folclore -procesiones y fiestas donde la fe apenas se sostiene- frente a la autenticidad de quienes practican el islam en comunidades que todavía creen. Esa diferencia, añade, es la que explica que se tolere cortar ciudades enteras en Semana Santa mientras se discute la cesión de un campo de fútbol para el Eid. Marín coincide en que esa doble vara está en la raíz del problema: “La Navidad, la Cabalgata de Reyes o las propias procesiones son rituales altamente secularizados”, apunta, y se asumen sin fricciones, mientras que el islam, todavía cargado de práctica y de creencia, se percibe como amenaza cuando pide espacio en lo público.

En esta dinámica, el Partido Popular aparece como pieza imprescindible. Para Daniel Marín, la formación conservadora ha actuado como “colaborador necesario”: sin sus votos, dice, las mociones de Vox en los ayuntamientos no habrían prosperado. La normalización no llega solo desde la ultraderecha, sino desde la complicidad de quienes gobiernan con ella. Bernardo Pérez Andreo coincide en señalar esa responsabilidad, aunque lo formula desde otro ángulo: recuerda que muchos de esos cargos se presentan como herederos de la tradición católica y, sin embargo, guardan silencio cuando se restringe la libertad religiosa de una minoría. “Si el PP se reclama católico, lo coherente sería garantizar la hospitalidad y la convivencia que forman parte del núcleo del Evangelio”, advierte. “Hasta la Conferencia Episcopal”, continua el teólogo, “insiste en garantizar la libertad de culto para los musulmanes”.

La religión no es un bloque monolítico, sino un campo de interpretaciones. Lo recordaba el politólogo José Miguel Rojo Martínez al citar la sorpresa que causó cuando la ministra María Jesús Montero confesó en Salvados ser “una persona muy religiosa”: la fe puede alimentar un ideario de izquierdas, como en la teología de la liberación, o de derechas, como en el catolicismo cultural de Vox. “La religión es tan amplia, tan personal y tan interpretable”, explica, que lo decisivo es qué énfasis se subraya. Ese pluralismo acerca a España a la fragmentación religiosa de Estados Unidos, lejos de la tradición occidental en la que el Vaticano siempre trató de unificar las lecturas. Rojo pone ejemplos concretos: Ayuso, más cómoda con la comunidad evangélica que con el arzobispado de Madrid; o Murcia, donde la diócesis no se ha mostrado beligerante frente a Vox, a diferencia de otros obispados. En ese mosaico, el exceso de instrumentalización puede incomodar incluso a los creyentes que ven cómo su fe se convierte en arma arrojadiza.

El papel de la Iglesia atraviesa también esta discusión. Daniel Marín recuerda que Vox no ha dudado en decir a los obispos que “se metan en sus sacristías y no enreden”, un tipo de mensaje que hasta ahora solo se había escuchado en la izquierda y que resulta inédito en la derecha. Bernardo Pérez Andreo apunta que la relación de la ultraderecha con la jerarquía es puramente instrumental: “Mientras me dais la razón, somos católicos; cuando no me la dais, pues ciudadano Bergoglio”. Entre ambos trazan la misma conclusión: lo religioso queda reducido a una herramienta política y la Iglesia, lejos de reforzarse, es empujada a un rincón.