Galicia gana bajo el océano un territorio del tamaño de Extremadura con metales, tierras raras y bidones radiactivos
La propuesta para aumentar la Zona Económica Exclusiva, elevada por el Estado a la ONU en 2009, ha recibido la aprobación provisional y sólo espera ya a ser ratificada en pleno
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Si las cosas de palacio van despacio, las que afectan a los fondos abisales avanzan a la velocidad de las placas tectónicas. La propuesta de España para ampliar su Zona Económica Exclusiva —las 200 millas náuticas sobre las que ejerce jurisdicción— ha tardado 16 años, desde su presentación en 2009, en recibir la aprobación provisional de la ONU. A la espera de la ratificación en pleno, esto supondrá que el dominio estatal se ampliará hacia al oeste, frente a las costas gallegas, en una superficie de 40.000 km², prácticamente igual a la comunidad autónoma de Extremadura.
Según Luis Somoza Losada, profesor de investigación en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME – CSIC), esta “ampliación de soberanía” podrá “abrir nuevas oportunidades económicas y medioambientales”. En un artículo publicado en The Conversation, Losada habla, por un lado, de “la posibilidad de aprovechar recursos naturales ricos en tierra raras y telurio” pero también de “garantizar la protección de los fondos marinos conquistados”, lugares profundos que, “hasta hace poco tiempo”, se utilizaban como vertederos nucleares.
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contempla que cualquier estado que cumpla las normas de la Oficina de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar puede ampliar su Zona Económica Exclusiva hasta las 350 millas marinas desde la línea de su costa. La Comisión de Límites de Plataforma Continental de Naciones Unidas (CLPC), formada por 21 expertos mundiales en geología marina, es la encargada de aprobar los estudios científicos y técnicos.
Esta es la segunda propuesta de ampliación de la plataforma continental de Galicia presentada por el Estado. La anterior llegó en 2006, de forma conjunta con Francia, Reino Unido e Irlanda, afectaba a la zona del mar Céltico y el Cantábrico. En sólo tres años, la ONU la aceptó y amplió los derechos de soberanía sobre un área de casi 80.000 km² A España le correspondió una cuarta parte.
La riqueza minera de los fondos
En el año de su aprobación, 2009, se presentó la propuesta actual, que tuvo que esperar una década para que se iniciase su examen. En 2023 y 2025, el Sarmiento de Gamboa —buque oceanográfico del CSIC— realizó dos campañas para actualizar los datos presentados tres lustros antes, lo que ha permitido la aprobación provisional de estos casi 40 000 km².
“La importancia de ganar terreno más allá de las 200 millas náuticas está en la ampliación de los derechos de soberanía para la exploración y explotación de los recursos”, señala Losada. “Por un lado, los recursos naturales del suelo y subsuelo como el petróleo, gas e hidratos (hielo con gas encerrado en su estructura molecular), recursos minerales y especies que habitan el fondo marino”. También “se permite la explotación de los recursos marinos vivos, que comprenden las especies animales sedentarias, en constante contacto físico con el fondo del mar, o habitantes del subsuelo”.
El autor del artículo destaca entre los recursos “de alto interés” los depósitos minerales marinos, “formados por la precipitación lenta de óxidos de hierro y manganeso, que tapizan rocas de los montes y bancos submarinos”, ricos en elementos como el cobalto, el níquel y el vanadio, “lo que los convierte en valiosas fuentes de metales estratégicos para la industria”. En las llanuras abisales se han encontrado “concreciones minerales sólidas con forma de roca” que contienen altas concentraciones de manganeso, níquel, cobre y cobalto, así como tierras raras. “Tienen un gran interés para la minería submarina, ya que estos metales son cruciales para la fabricación de baterías y otras tecnologías para la transición energética”, añade.
La posible presencia de residuos nucleares
Todas esas ventajas llevan aparejadas la obligación para el Estado con jurisdicción sobre la zona de proteger y conservar sus fondos marinos. El artículo recuerda que “durante décadas”, la industria nuclear europea se deshizo de sus residuos radiactivos en bidones que fueron arrojados en el área abisal atlántica, a más de 5.000 metros de profundidad y sólo 600 kilómetros de la costa gallega. Este verano, el buque L’Atalante, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, encontró más de 2.000 bidones en la Fosa Atlántica, alrededor de Galicia, pero “situados fuera de las 200 millas náuticas de jurisdicción exclusiva”.
“Aunque no se conoce con exactitud la localización de los vertidos de residuos realizados durante décadas, con la ampliación de la plataforma continental de los fondos marinos de Galicia, posiblemente parte de estas zonas profundas de vertidos pasarán a formar parte del territorio español”, sostiene Losada. “Esto requerirá campañas específicas con técnicas oceanográficas de prospección profundas para la localización de más vertidos nucleares dentro de la jurisdicción española”.
Tras la luz verde de la ONU a esta demanda, queda todavía pendiente una tercera petición del Estado español, dirigida al oeste de las islas Canarias. Registrada en 2014, todavía está a la espera de su examen. Si se aprueba, concluye Losada, “puede suponer una extensión total del título jurídico de la plataforma continental española en torno a los 296.500 km²”.
