Un correo del Gobierno canario revela que la Fiscalía permite mantener abiertos centros de menores »a pesar de las condiciones de algunos»
Usuarios y trabajadores han denunciado en los últimos años malos tratos en recursos de acogida que siguen funcionando, como el de Hoya Fría, en Tenerife
Hemeroteca – El ‘caso Quorum’ o cuando un centro de protección de menores deja de serlo: »Los encierran y les pegan con una cadena de hierro»
Las condiciones en las que los menores no acompañados son acogidos en Canarias han sido denunciadas en más de una ocasión. Aun así, la gran mayoría de los centros sigue funcionando con normalidad. Un correo interno de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno autonómico revela que la “comprensión” de la Fiscalía ha permitido mantener abiertos estos recursos.
“De todo esto está informada la Fiscal Superior [María Farnés] y totalmente comprensiva con dicha situación, lo que nos está permitiendo mantener los 86 centros, a pesar de las condiciones de algunos de ellos”, dice el correo. El documento, al que ha tenido acceso este periódico y cuyo contenido ha sido adelantado por El País, fue enviado por la responsable de la Dirección General, Sandra Rodríguez, a un antiguo jefe del área.
En este mensaje, la directora pedía al exjefe de servicio que corrigiera la instrucción en la que este pedía aumentar el número de personas que debían acompañar a los menores migrantes durante los viajes programados para tramitar documentación, cédulas o residencias en los consulados correspondientes. Rodríguez ordenó en este correo que se rectificara y se volviera a la ratio anterior: un técnico superior por cada diez menores y dos personas de categorías profesionales inferiores.
La responsable del área afea a su subordinado que haya enviado la instrucción sin contar con ella y subraya que aumentar el número de acompañantes es “inasumible”. “Te recuerdo que la situación que vivimos en Canarias desde septiembre de 2023 ha llevado a multiplicar por cinco el personal necesario en la atención a los menores por parte de las entidades colaboradoras, y te he comentado en muchas ocasiones las grandes dificultades con las que se encuentran para conseguir personal”, sostiene la directora general en el correo.
Sobre la coordinación con las entidades colaboradoras, Rodríguez recuerda al trabajador que estas no son “nuestros enemigos”. “Por el contrario debemos trabajar estrechamente, que no significa dejar de fiscalizarlas”, dice.
La emergencia declarada en Canarias en 2023 ha permitido al Gobierno autonómico abrir dispositivos por todas las islas con rapidez y esquivando los controles ordinarios. Algunos de estos centros han llegado a alojar hasta a 300 menores en condiciones que no garantizan sus derechos fundamentales. Es el caso de los centros de Hoya Fría y MyCity, en Tenerife. Los dos están gestionados por la ONG Quorum Social, y trabajadores y usuarios han denunciado en ellos castigos y malos tratos hacia los jóvenes.
Esta misma organización, que gestiona en Canarias 27 centros con cerca de 2.000 menores, está siendo investigada por posibles delitos de lesiones, odio, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución. Once trabajadores, entre ellos la presidenta de la entidad, fueron detenidos en el marco de la investigación. Además, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria dictó el desalojo de dos centros en Gran Canaria: Fortaleza I y el situado en la playa del Cabrón, en Arinaga.
El caso de Lanzarote
No es la primera vez que el Gobierno de Canarias atribuye a la emergencia la decisión de mantener abiertos centros precarios. En julio del año pasado, el presidente regional, Fernando Clavijo, reconoció que »le llenan de vergüenza» las condiciones de insalubridad y suciedad denunciadas en la Casa del Mar de Arrecife, un recurso que terminó cerrando tras la denuncia presentada por dos abogadas a la Fiscalía.
Esta denuncia alertaba de la desprotección que sufrían entonces los menores en la Casa del Mar, gestionada por la Fundación SAMU. Además de detallar el mal estado y la suciedad de las instalaciones, el documento advertía sobre la distribución de ansiolíticos entre los menores y recogía episodios de violencia física y verbal sufrida por los usuarios por parte de algunos educadores.
A pesar de ello, el Ejecutivo afirmó que aunque era »consciente» de que este dispositivo debía desalojarse, no podía cerrarse en ese momento por la falta de recursos alternativos. »¿Qué podemos hacer? ¿Cerramos ese centro y los dejamos en la calle? ¿Los ponemos en carpas en la plaza?», dijo Clavijo en declaraciones a TVE recogidas por Efe.
La Fiscalía de menores había realizado una visita anunciada al centro el día 6 de mayo de 2024, pero no fue hasta julio cuando el Gobierno de Canarias cerró el centro.
