Una jueza ordena a la Administración Trump detener la deportación de cientos de menores guatemaltecos
Una jueza federal convoca una vista de urgencia tras saber que el Gobierno de Trump iba a deportar a menores a Guatemala a pesar de la orden que ella había dictado previamente
Con los niños migrantes esperando en las pistas del aeropuerto para ser enviados a su Guatemala natal, una jueza federal bloqueó temporalmente las deportaciones este domingo, poniéndose del lado de los abogados de los menores, quienes afirmaron que el Gobierno estaba infringiendo las leyes y enviando a sus clientes a un peligro potencial.
El caso se desarrolló durante la noche de un fin de semana festivo en EEUU por el Día del Trabajo este lunes, y saltó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington en lo que es el último enfrentamiento sobre la represión de la Administración Trump contra la migración, y el último choque contra las garantías legales que el Congreso de EEUU ha dado a los migrantes vulnerables.
La Administración Trump planea expulsar a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón.
El domingo por la noche, el Gobierno de Guatemala dijo en un comunicado que había propuesto inicialmente el traslado de los menores a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante su visita al país en julio.
La preocupación de Guatemala era que cientos de menores pronto superarían la edad para permanecer en los centros de menores donde estaban recluidos y serían enviados a centros de detención para adultos. El Gobierno guatemalteco subrayó que estaba dispuesto a acoger a los menores una vez que se completara el debido proceso en Estados Unidos, siguiendo los protocolos establecidos.
Los niños guatemaltecos que llegaron a la frontera sin sus padres o tutores permanecerán en EEUU durante al menos dos semanas mientras se desarrolla la batalla legal, según la sentencia. “No quiero que haya ninguna ambigüedad”, afirmó la jueza federal Sparkle L. Sooknanan.
Minutos después de la vista, convocada de urgencia, cinco autobuses se detuvieron junto a un avión en el Aeropuerto Internacional Valley de Harlingen, Texas, un centro neurálgico para los vuelos de deportación. Horas antes, las autoridades habían conducido a decenas de pasajeros hacia el avión en una zona restringida. Los pasajeros vestían ropa que se suele utilizar en los centros gestionados por el Gobierno para niños migrantes.
Se esperaba que los 76 niños de los aviones fueran devueltos a los centros supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos antes del final del domingo, según informó el Departamento de Justicia en un escrito judicial.
“La idea de que, en un fin de semana de puente, en plena noche, despertaran a estos niños vulnerables y los subieran a un avión sin tener en cuenta las protecciones constitucionales que les correspondían es algo que debería escandalizar a todos los estadounidenses”, declaró Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que representa a los niños, tras la vista celebrada el domingo, informa AP.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
Los hechos recuerdan a un enfrentamiento ocurrido en marzo durante un fin de semana por la deportación de cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Los defensores de los migrantes imploraron a un juez federal que detuviera las deportaciones que creían inminentes, mientras que la administración Trump guardaba silencio sobre sus planes.
En aquel caso, la justicia intentó bloquear los vuelos, pero estos siguieron adelante, y el Gobierno afirmó que la orden judicial había llegado demasiado tarde.
La administración insistió en que estaba reuniendo a los niños guatemaltecos —a petición de la nación centroamericana— con sus padres o tutores que solicitaban su regreso. Los abogados de algunos de los niños dicen que eso no es cierto, y argumentan que, en cualquier caso, las autoridades tendrían que seguir un proceso legal que no siguieron.
La vista judicial del domingo se celebró en el marco de una demanda presentada en un tribunal federal de Washington, pero también se han presentado acciones legales similares en otros lugares.
