El drama de la vivienda en el Pirineo aragonés: atrapado entre los alquileres disparados y pisos públicos que no llegan

Mientras en el mapa inmobiliario de Jaca (Huesca) aparecen anuncios de alquiler que van de los 500 a los 1.700 euros mensuales, la construcción de vivienda pública de alquiler asequible en el Pirineo aragonés afronta nuevos tropiezos. En los últimos meses han quedado desiertas tres licitaciones clave en esta localidad y también en Sallent de Gállego y Bonansa, lo que retrasa un plan con el que el Gobierno de Aragón pretende levantar cerca de 500 viviendas en zonas turísticas. El objetivo declarado es aliviar un mercado tensionado por la presión de las segundas residencias y el auge de los pisos turísticos, pero de momento los plazos se dilatan y la brecha entre oferta y necesidad se agranda.

En Jaca, la tensión del mercado ha vuelto a ser evidente con la fotografía que la plataforma Aragón Existe difundió en redes sociales: una treintena de precios de alquiler en el centro de la ciudad, donde apenas se encuentran pisos por debajo de los 600 euros y abundan los anuncios por encima de los 800, con picos que llegan a los 1.300 y 1.700 euros. Los más bajos, entre 500 y 525 euros, corresponden a estudios o viviendas muy pequeñas, inferiores a 50 metros cuadrados. Según los datos recopilados a partir de esa muestra, más de la mitad de los pisos disponibles superan los 700 euros al mes.

“Alquileres disparados y prohibitivos o alquileres ‘asequibles’ por pisos que no llegan a 50 metros cuadrados”, denunciaba el mensaje en la red social ‘X’. El contraste con la parálisis de los proyectos de vivienda pública subraya la dificultad de quienes intentan vivir o trabajar en el Pirineo en condiciones dignas.

La situación más delicada se da en la capital jacetana, donde el ejecutivo aragonés había comprometido la construcción de 18 viviendas de alquiler asequible en el Llano de la Victoria, con una inversión prevista de tres millones de euros. El concurso se declaró desierto en julio, después de que la única empresa interesada renunciara al proyecto al no ver aceptada su petición de un incremento del 10% sobre el presupuesto.

“El Gobierno de Aragón rechazó la modificación solicitada y la empresa desistió”, explicó el alcalde de Jaca, Carlos Serrano (PP), en declaraciones de Diario del Alto Aragón: “Ahora estamos en un impás y se tiene que volver a sacar la licitación, confío en que a primeros de septiembre. Suelo y Vivienda está valorando si en los mismos términos o ya de salida incrementando el precio para atraer a más empresas”. La diferencia, subraya el regidor, es que en este caso no hay ayudas europeas y no corren plazos de vencimiento, lo que da cierto margen.

Mientras tanto, el consistorio trata de activar su propio plan de vivienda local, que incluye las cuatro viviendas adquiridas en Badaguás y seis más en la calle San Nicolás, propiedad de la Sareb y en proceso de expropiación. El Ayuntamiento también ha ofertado a la DGA un edificio a medio construir en el Burgo de Rapitán, pensado específicamente para alojar a trabajadores turísticos. “Necesitamos ampliar el parque de alquiler asequible y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, insiste Serrano.

En Sallent de Gállego, el concurso desierto fue para la redacción del proyecto de un edificio con 60 alojamientos dotacionales. Fuentes municipales confían en que Suelo y Vivienda vuelva a licitarlo pronto para atender necesidades como las del trabajo invernal. El estudio previo preveía diez viviendas de dos dormitorios (45 metros cuadrados), 33 de un dormitorio (30 metros) y 17 estudios de 23 metros cuadrados, además de 1.300 metros cuadrados de espacios comunes con comedor, cocina y salas. La propuesta definitiva podría variar, pero la idea es ofrecer una solución flexible para una localidad con fuerte estacionalidad.

“Piedras en el camino”

En Bonansa, el Ayuntamiento lleva tres años empujando un proyecto mucho más modesto: dos viviendas unifamiliares. El concurso para su construcción también quedó desierto, por un importe de 403.000 euros. El municipio ha invertido en la compra de terrenos y en derribos, pero la obra no arranca, si bien el Gobierno de Aragón se ha comprometido a relanzar la licitación.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha intentado restar dramatismo a la situación, definiendo estos contratiempos como “pequeñas piedras en el camino”. Los problemas, asegura, derivan de un “modificado exagerado” de la adjudicataria en Jaca y de precios ajustados en el resto de concursos. “Hay una gran tensión en el mercado inmobiliario, pero nuestra apuesta por las 488 viviendas en municipios turísticos es irrenunciable”, subrayó.

López adelantó que su Departamento intentará agrupar todos los proyectos pendientes y explorar vías de colaboración directa con el Colegio de Arquitectos para captar profesionales dispuestos a asumirlos. “Cuando concluya la legislatura los proyectos de todos esos municipios estarán redactados y la ejecución de las obras del primer lote estarán muy avanzadas”, prometió.

Pese al optimismo del consejero, los precedentes alimentan el escepticismo. En Aínsa, por ejemplo, solo la adjudicación a la segunda empresa interesada permitió salvar las ayudas europeas a tiempo. En Fayón, cuatro viviendas tampoco encontraron constructora y tendrán que licitarse de nuevo. Y aunque en localidades como Boltaña, Broto, Villanúa o la propia Aínsa los proyectos avanzan, los retrasos amenazan con apurar los plazos de los fondos europeos, cuya fecha límite se sitúa en agosto de 2026.

Una ciudad saturada por los pisos turísticos

El atasco de la vivienda pública coincide en Jaca con la entrada en vigor, el pasado 17 de mayo, de la nueva normativa municipal para las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Desde entonces, los propietarios necesitan autorización expresa de la comunidad de vecinos -con un mínimo de tres quintos de los de apoyos- o bien disponer de acceso independiente. Además, la DGA debe dar luz verde, y buena parte de las votaciones vecinales están negando esa autorización. El incumplimiento de la norma puede suponer sanciones de entre 6.001 y 60.000 euros.

Actualmente, el Registro de actividades turísticas de Aragón contabiliza 301 VUT en Jaca, de las que 261 están en el núcleo urbano y 40 en los pueblos del municipio. Muchas están inscritas desde 2017. La duda ahora es si las nuevas restricciones provocarán un trasvase hacia el alquiler de larga duración o si, por el contrario, algunas viviendas saldrán directamente del mercado.

Para quienes intentan vivir en Jaca o en otras localidades pirenaicas, el panorama es complicado. Los precios medios superan con creces los 700 euros y apenas existen opciones por debajo de los 600, tal y como refleja el mapa difundido en redes. Para un camarero, un monitor de esquí o una empleada de hotel, esos alquileres son inasumibles.

La paradoja es que muchas de estas localidades necesitan mano de obra estacional para sostener su economía turística, pero al mismo tiempo expulsan a esos trabajadores por falta de vivienda. En Sallent, la idea de diseñar alojamientos con espacios comunes responde precisamente a esa necesidad: más camas y menos segundas residencias vacías. En Jaca, el Ayuntamiento insiste en que su plan local complementará el de la DGA, pero las cifras son modestas: apenas 10 pisos adicionales a corto plazo. En Bonansa, el objetivo es lograr solo dos casas. Mientras tanto, los precios continúan su escalada y las promociones anunciadas no pasan del papel.

El plan autonómico, bautizado como ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, busca precisamente ese equilibrio: garantizar que el desarrollo turístico no estrangule el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en el Pirineo. Sobre el papel, contempla más de 450 viviendas repartidas en 38 municipios, financiadas en parte con fondos europeos. La realidad, de momento, muestra retrasos, licitaciones desiertas y un mercado privado cada vez más excluyente.

La presión de las segundas residencias y de los pisos turísticos, sumada a la falta de interés empresarial en proyectos con márgenes ajustados, dibuja un escenario en el que el derecho a la vivienda choca frontalmente con el motor económico de la montaña. El Gobierno de Aragón insiste en que no habrá marcha atrás y que al final de la legislatura los proyectos estarán encarrilados. Hasta entonces, los vecinos del Pirineo seguirán enfrentándose a una disyuntiva difícil: o pagar alquileres prohibitivos o esperar a que las viviendas prometidas dejen de serlo solo sobre el papel.