El Gobierno calma a sus socios catalanes con la quita de la deuda y la rehabilitación política de Puigdemont

Carles Puigdemont llevaba meses reclamando al Gobierno una “amnistía política”, lo que a su entender pasaba por rehabilitarle simbólicamente como interlocutor a falta de que los tribunales le apliquen de pleno la amnistía judicial. ERC, por su parte, lleva otro tanto castigando al Ejecutivo de Pedro Sánchez (y de paso al de Salvador Illa) negando su apoyo a los presupuestos hasta que no se avanzara en el cumplimiento de los acuerdos de investidura.

Con estas dos quejas en el retrovisor, el Gobierno ha decidido dar respuesta, al menos parcial, a las dos. Lo ha hecho casi a la vez: ha elegido el primer martes del inicio de curso y lo ha hecho con dos medidas muy distintas, pero que sirven ambas para afianzar los puentes con dos de las formaciones claves para la mayoría en el Congreso.

La esperada fotografía de la reunión entre el president Illa y Puigdemont se ha producido a primera hora de la tarde en la sede de la Generalitat en Bruselas. No ha habido declaraciones, aunque los equipos de ambos habían deslizado horas antes sus propias interpretaciones. Para el Govern, se trata de un encuentro dentro de la normalidad institucional con un expresident que, además, es líder de la oposición. Para Junts, según ha deslizado su secretario general, Jordi Turull, el encuentro llega “tarde” y, a su parecer, no responde al criterio propio de Illa sino al interés de Pedro Sánchez.

En Junts siempre han explicado que la rehabilitación política que Puigdemont reclama no tiene que ver con una mera fotografía sino con un encuentro con contenido político, que ellos ven más idóneo con Sánchez. Illa es, en cambio, un premio de consolación que nadie descarta, ni siquiera el Govern, que pueda ser la antesala de otras reuniones.

Con todo, el president de la Generalitat lleva semanas subrayando su deseo de que la amnistía le sea aplicada de inmediato a Puigdemont. “Hubiera preferido verme con él aquí [en el Palau de la Generalitat]”, aseguró Illa en una entrevista el lunes.

Más allá de la coyuntura judicial, la reunión de president y expresident también responde a una de las inquietudes de Junts que, tras el terremoto por la caída en desgracia de Santos Cerdán en junio pasado, se preguntaba cómo continuaría su relación con el PSOE, habida cuenta que el navarro era uno de sus principales valedores.

La respuesta del Gobierno a las dudas de Puigdemont ha sido poner más carne en el asador de la negociación de Bruselas. Primero, con la intercesión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, después, con una visita de Illa que en el Govern no contemplaban solo hace unos meses.

El mensaje que Moncloa quiere enviar es que siguen tomándose tan en serio como el primer día la relación con Puigdemont y los suyos, un partido que es clave para decantar la mayoría en el Congreso y que, si bien no lo ha puesto fácil en los últimos dos años por votaciones en las que se ha alienado con la derecha del PP y Vox, tampoco ha sido un partido que se haya llegado a descolgar nunca del acuerdo con el Gobierno. Los votos de Puigdemont son claves para aprobar unos eventuales presupuestos generales en 2026, pero también, y no menos importantes, para sacar adelante compromisos del Gobierno con otros socios.

Quita del FLA para cumplir con Junqueras

Uno de esos otros socios, también de importancia estratégica para que la legislatura continúe, es precisamente ERC. La hostilidad entre Puigdemont y Oriol Junqueras es manifiesta, pero ambos son necesarios para cumplir con las demandas recíprocas, por lo que al Gobierno más le vale alinearlos. Por eso, en paralelo a la visita de Illa a Bruselas, el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones ha aprobado una extraordinaria quita de deuda de las Comunidades Autónomas, que responde a uno de los puntos del acuerdo de investidura de Sánchez con ERC.

La condonación de la deuda en total asciende a 83.252 millones de euros, de los cuales 17.104 corresponden a Catalunya. Las cifras se han calculado mediante una fórmula con la que el Ministerio de Hacienda ha ponderado el sobreendeudamiento durante la crisis financiera que deterioró las cuentas de cada una de las administraciones autonómicas. Aunque el pacto de ERC solo hablaba de Catalunya, la comunidad que mantenía un mayor nivel de deuda a través del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ideado por el ministro Cristóbal Montoro, el Gobierno ha optado por generalizarlo a todas las autonomías.

ERC está satisfecha del paso dado, indispensable pero no definitivo, porque tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros se inicia la siempre complicada andadura en el Congreso. Con todo, los republicanos vienen advirtiendo de que “liberar” a la Generalitat de la carga del FLA es solo una de las muchas medidas que esperan de los socialistas en cuestión de financiación.

Oriol Junqueras se esforzó por dejarlo claro en una rueda de prensa el lunes. “No habrá negociación presupuestaria mientras no se resuelva el modelo de financiación y el de la recaudación fiscal [por parte de la Agència Tributaria de la Generalitat]”, aseguró el presidente de Esquerra, que marcó como indispensable que Hacienda presente cuanto antes sus planes sobre la nueva fórmula de reparto de recursos entre autonomías.

Además, ERC ha anunciado que presentará el próximo lunes una proposición para modificar diversas leyes, entre ellas algunas orgánicas, para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya a recaudar impuestos como el IRPF.

Los pasos dados este martes para amarrar a las dos formaciones del independentismo catalán son necesarios pero no suficientes para garantizarse la mayoría en el Legislativo, una realidad que el Gobierno ha podido comprobar durante toda la legislatura. Sin embargo, tener alienados a ERC y Junts es sin duda uno de los retos que Sánchez ya tuvo que resolver en otoño de 2023 y que, dos años después, quiere dejar encarrilado antes de enfrentar nuevos desafíos, como aprobar unas cuentas, que serían las primeras de la legislatura.