El Gobierno inicia el proceso para declarar Meirás y San Simón como ‘Lugares de Memoria Democrática’

Uno fue, simultáneamente, centro de poder y expresión de la rapiña de Franco; el otro, un campo de concentración rodeado de mar por el que pasaron 5.600 presos de la dictadura. Los dos, el Pazo de Meirás y la isla de San Simón —y su vecina de San Antón, en la que vivían los guardianes—, han iniciado el último tramo del camino para ser declarados Lugares de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy y mañana la incoación de unos expedientes que deben estar finalizados en menos de doce meses. Mientras, ambos serán inscritos ya, de forma provisional, en el inventario de Lugares, donde se han ganado un lugar propio por “su singular relevancia histórica y simbólica, en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura”.

La fecha elegida para la publicación en el BOE del caso de Meirás no es casual. Este martes se cumplen cinco años de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que dictaminó que el Pazo era propiedad del Estado y declaró nula y sin efecto la “donación personal” de Franco a su familia, esa “chapuza fraudulenta” a la que se refería sobre el terreno el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien visitó la finca situada en el concello coruñés de Sada.

Que las torres de Meirás —como las bautizó su constructora, la escritora Emilia Pardo Bazán— continuasen en manos de la familia Franco cuarenta y cinco años después de la muerte del dictador era, según el expediente, un reflejo de “las carencias del proceso democrático español para enfrentar su pasado dictatorial”. De hecho, no fue hasta noviembre de 2024 cuando el juzgado de primera instancia número 70 de Madrid otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los cientos de bienes reclamados, entre objetos y patrimonio documental, que permanecían en el Pazo y los Franco consideraban suyos.

Meirás, como residencia estival del dictador entre 1938 y 1975, fue “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”, según señala el BOE. El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. La superficie de la finca se amplió ganando terreno a los vecinos, sus legítimos propietarios, “mediante técnicas represivas y coactivas”. A eso se suman las “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Una muestra son las dos esculturas del Pórtico de la Gloria que los Franco deben devolver al Concello de Santiago tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Tras “la movilización de la sociedad civil y la actuación de las instituciones públicas gallegas y la Administración General del Estado”, el proceso judicial que permitió recuperar la torres para el patrimonio estatal “evidenció el fraude de su apropiación”. “Hoy, el Pazo de Meirás representa no solo un espacio de memoria, sino también una victoria de la justicia, la legalidad y los valores democráticos frente a la impunidad del franquismo.actuación de las instituciones ha supuesto un triunfo de los valores democráticos”, concluye el BOE.

Puro “teatro” para los memorialistas

Coincidiendo con esta visita, unas 150 personas, convocadas por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), junto con otra veintena de entidades, se han concentrado a las puertas del inmueble y han coreado lemas —que se podían leer en las pancartas— como ‘O Pazo de Meirás é do pobo galego’ (El Pazo de Meirás es del pueblo gallego) o ‘Franquismo Nunca Máis’.

Según recoge Europa Press, su presidente, Carlos Babío, ha calificado como una “obra de teatro” la visita institucional y ha denunciado que no se les facilitase información sobre el procedimiento, pese a ser, ha reiterado, los que plantearon esta propuesta. También ha reprochado que se actuase “de oficio, sin comunicar nada” a los colectivos que propusieron la solicitud y que “lucharon” por este objetivo en los últimos años.

Babío, para quien el acto de este martes “no es más que propaganda, un intento de disfrazar como resolución lo que en realidad es solo un inicio de procedimiento, sin compromisos reales ni garantías para la preservación de la memoria”, ha defendido la labor reivindicativa realizada por las entidades memorialistas: “Al Estado no le quedó otro remedio que atender porque no se aguantaba más el expolio de Meirás”.

“La única comunicación en este proceso para declarar Meirás como Memoria Democrática como proponientes fue que tradujésemos la información del gallego al castellano”, ha denunciado.

Vista aérea de las islas de San Simón (derecha) y San Antón. Al fondo, el puente de Rande

Mañana, San Simón

Siguiendo la costa atlántica unos 150 kilómetros al sur de Meirás encontramos las islas de San Simón y San Antón, en la ría de Vigo aunque pertenecientes al concello de Redondela. En ellas, el franquismo instaló un campo de concentración, prácticamente desde el inicio de la Guerra Civil.

Desde octubre de 1936 hasta su cierre, el 15 de marzo de 1943, los sublevados contra la República conviertieron San Simón en una colonia penitenciara, inicialmente, para presos de la provincia pontevedresa y el resto de Galicia. Sin embargo, en febrero de 1939 arrancó la que se considera la etapa “más funesta” de la prisión, cuando se inició la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española, sobre todo de Asturias.

En esos escasos seis años y medio, esta isla de 85 metros de largo por 250 de ancho recibió a más de 5.600 reclusos. 517, casi uno de cada diez, murieron dentro de sus muros, pero muchos otros fueron paseados y fusilados, algunos en San Antón, el islote de poco más de una hectárea donde tenían su vivienda los guardias. Todavía en enero pasado, un diputado del PP en el Parlamento gallego relativizaba el infierno vivido allí: “Que nosotros tengamos constancia tampoco sabemos que hubiese muertes en la isla de San Simón”, aseguraba en la Cámara José Luis Ferro, quien —tras las críticas de los historiadores y ser declarado persona non grata por el Concello de Redondela— no tardó demasiado en pedir disculpas y asegurar que todo había sido “un malentendido”.

Los socialistas, por su parte, esperan que la declaración como Lugar de la Memoria haga que la Xunta abandone “actitudes de negación o banalización de la memoria” que suponen “una fala de respeto a las víctimas y sus familias”. Así lo dijo el pasado jueves en Lugo el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro —presente este martes en Meirás— cuando avanzó la intención del Gobierno de poner en marcha los reconocimientos durante esta semana.

Los socialistas señalan entre esas actitudes, la autorización de fiestas pirata o clases de bachata en la Isla de San Simón. No son los únicos casos. El antiguo campo de concentración llegó a acoger fines de semana de yoga patrocinados por la administración autonómica e incluso estuvo a punto de ser marco de una celebración de samaín, la versión gallega de la noche de Halloween. La indignación de familiares de represaliados y partidos de izquierda hizo que se suspendiese, aunque los organizadores culparon al aviso de borrasca.