Guerra sucia contra la jueza de la dana: un abogado grabó «subrepticiamente» a su marido y su hija menor de edad

En la causa de la dana se está produciendo una “deriva aberrante”, aceptada “sin complejos” por parte de las defensas de los investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Así lo afirma la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, en un rotundo auto en el que se defiende, por primera vez y a capa y espada, de la descarada ofensiva que, por tierra, mar y aire, pretende darle la vuelta al procedimiento y transformar la causa en una investigación a la propia magistrada y a su marido, Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València.

La gota que ha colmado el vaso han sido las fotografías del matrimonio que circulan habitualmente en determinados medios digitales comprometidos en atacar la instrucción. Nuria Ruiz Tobarra, como la inmensa mayoría de jueces en España, cuida mucho su privacidad y evita, en la medida de lo posible, la difusión de su imagen, a pesar de instruir una de las causas judiciales de España más delicadas, con el trasfondo de 228 víctimas mortales por un presunto delito de homicidio imprudente.

Ok Diario publicó las primeras imágenes de la instructora y de su marido. En una de las fotografías aparecen ambos magistrados en la sala, charlando con la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ). ¿De dónde salieron las imágenes?

La jueza lo ha aclarado en el auto: afirma que fue uno de los letrados quien, una vez se desconectó el Arconte (el sistema que registra las declaraciones judiciales), siguió con su cámara conectada telemáticamente mediante la aplicación Webex. Así consiguió seguir viendo la imagen de la sala sin que nadie le viera, “grabando subrepticiamente a todos los que entraban”, según explica la magistrada.

El desconocido abogado consiguió grabar la escena. “No solo [me grabó] a mí y a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la sala en dicho día, tras la práctica de la declaración”. El marido estaba en la sala tras la declaración porque trabaja en la misma Ciudad de la Justicia de València en la que, hasta hace poco, tenía su sede provisional el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

Las imágenes del matrimonio en la sala se tomaron tras una declaración en la que no había demasiados abogados conectados. “Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante”. Sin embargo, la magistrada no parece tener identificado qué letrado en concreto grabó la escena.

Por otro lado, la jueza recuerda a José María Bueno Manzanares que, al contrario de lo que insinuaba, los “fotogramas que están circulando jamás pueden corresponder a la grabación de una declaración, dado que ninguna es facilitada a las partes”.

Las “informaciones insultantes” contra la jueza

El supuesto papel del marido de la jueza en la instrucción de la causa ha sido uno de los principales argumentos de las quejas que ambas defensas han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre aludiendo a las informaciones publicadas, que no siempre han sido demasiado atinadas. La Fiscalía Provincial de Valencia tuvo que desmentir, mediante un comunicado, la información de un medio digital sobre el supuesto malestar en el Ministerio Público con la supuesta “intromisión” del marido en la causa. También Jueces y Juezas para la Democracia desmintió que el magistrado Jorge Martínez Ribera formara parte de la asociación progresista, como afirmaba falsamente un medio.

Nuria Ruiz Tobarra considera que las “informaciones insultantes” y la “campaña difamatoria”, de un “machismo atroz, se han instalado en una ”burda“ estrategia de defensa que pretende apartarla del procedimiento a las bravas.

La defensa de Emilio Argüeso, que ejerce el letrado José María Bueno Manzanares, registró un escrito el pasado 31 de julio en el que solicitaba que la Letrada de la Administración de Justicia certificara si el marido de la magistrada, Jorge Martínez Ribera, había participado en interrogatorios de la causa (“si es que lo ha hecho”) o en la “redacción de resoluciones”, entre otras insinuaciones de medios digitales de derechas de los que se hacía eco.

Una “violación de todos los principios deontológicos”

La jueza lamenta que las peticiones de prueba del letrado con las insinuaciones sobre el supuesto papel de su marido en la instrucción de la causa “violan frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional”. Una “violación de todos los principios deontológicos”, abunda la jueza, “asumida sin ningún complejo” por parte del abogado de Emilio Argüeso en su escrito.

La magistrada instructora también considera que el escrito del letrado no es más que un “dislate procesal”. El abogado pedía, casi a modo de provocación, que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) certificara la autoría de las resoluciones de la jueza (que, por lo demás, están todas firmadas digitalmente). “Lo que sería tanto como acusar de falsedad a las LAJ respectivas”, agrega.

Así, la jueza ha decidido abrir una pieza separada para “determinar la procedencia” de la sanción al letrado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa de Argüeso, por el contenido de un escrito en el que lanzaba graves insinuaciones sobre el matrimonio de magistrados.

Una instrucción “amplia”, según el Tribunal Supremo

La ofensiva contra la magistrada arrecia, además, después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia avalara unánimemente las principales decisiones de la jueza instructora, especialmente la imputación de Pradas y de Argüeso.

La jueza también recuerda que, tal como informó elDiario.es, el Tribunal Supremo consideraba en un auto del pasado mes de julio que la investigación de la jueza de Catarroja era “amplia”. “Esta instrucción calificada como amplia por el Tribunal Supremo, adjetivo que agradezco, y que por supuesto ignora el letrado [de Argüeso], como ignora dicho letrado los sucesivos autos de la Audiencia Provincial, no es asumida por el letrado Sr. Bueno, como tampoco por el letrado de la otra defensa [de la exconsellera Pradas, el abogado Eduardo de Urbano]”, concluye la magistrada.

Bueno Manzanares ha protagonizado algunos de los dislates más sonados en la causa. Incluso ha llegado a pedir, varias veces, que se sometiera a un examen psiquiátrico al jefe de Climatología de la Aemet en València, José Ángel Núñez, uno de los principales testigos del procedimiento.

Querella de Manos Limpias aderezada con bulos de Miguel Bernad

El mismo letrado propició la expulsión de Manos Limpias de la causa. Bueno Manzanares se definió en una entrevista en La Razón el pasado 15 de abril como el “jefe de los servicios jurídicos” del pseudosindicato. La magistrada detectó una incompatibilidad entre la personación como acusación popular de Manos Limpias con el ejercicio de la defensa de Argüeso por parte de Bueno Manzanares, lo cual propició la expulsión de la causa del pseudosindicato.

Manos Limpias presentó posteriormente una querella contra la magistrada por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones. El secretario general del pseudosindicato, Miguel Bernad, aprovechó la rueda de prensa de presentación de su primer escrito (que fue inadmitido por un error formal) para ventilar un grave bulo sobre el número de fallecidos (228, entre ellos una mujer embarazada de ocho meses). Bernad reconoció en el mismo acto que se lo había inventado.