
Hallada una cámara oculta en la unidad de bomberos forestales que fue retirada del barranco del Poyo en la dana
La Conselleria de Emergencias ha solicitado a la Policía Autonómica que investigue los hechos, el personal de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil y la entidad ha abierto una investigación interna
El Consorcio de Bomberos admite ante la jueza de la dana la orden de retirar de la rambla del Poyo los efectivos de vigilancia
Un hecho llamativo ha generado polémica en el seno de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), empresa pública dependiente de la Conselleria de Emergencias en la que se integra el cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Diversas fuentes consultadas han informado a elDiario.es de que hace un par de semanas se halló una cámara oculta en uno de los despachos de la unidad de Buñol, cuya base está ubicada en Yátova.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Emergencias han confirmado a elDiario.es que han solicitado a la Policía Autonómica que investigue los hechos, que el personal de la Sgise ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil y que la propia entidad ha abierto una investigación interna.
Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre el caso, su intencionalidad y si guarda algún tipo de relación con la dana. Se da la circunstancia de que los bomberos forestales que estuvieron vigilando el caudal del barranco del Poyo la mañana del 29 de octubre pertenecían a esta unidad.
Sin embargo, alrededor de las 14.40 recibieron la orden de volver a la base, una instrucción que resultó clave ya que dejó sin información sobre lo que allí sucedía a los responsables de Emergencias y del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), hasta que a las 18.45 horas llegó por correo el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el tsunami que avanzaba por la rambla. Un correo al que tampoco se prestó atención, ya que el mensaje de alerta a los móviles de la población se lanzó a las 20.11 horas por la situación de colapso de la presa Forata.
Precisamente este es uno de los aspectos en los que la jueza de Catarroja se ha centrado desde que arrancó la instrucción sobre la gestión de la riada aquel 29 de octubre. De hecho, además del paradero de Mazón en las horas clave de la crisis, dos de las grandes incógnitas que quedan por resolver son por qué nadie del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) avisó de la recepción del correo que advertía de la crecida de la rambla y quién y por qué ordenó la retirada de los bomberos que controlaban el nivel del barranco.