«Las mujeres son putas porque les gusta»: los comentarios en un curso público de albañilería en Badajoz

Raquel Ariza, vecina de Badajoz, buscaba estabilidad laboral tras más de 20 años como autónoma en un negocio familiar. El Proyecto Escala ‘Fuerte de San Cristóbal’, un curso municipal de albañilería financiado por el Ayuntamiento de Badajoz, el SEXPE, la Junta de Extremadura y fondos europeos, prometía formación práctica y un contrato posterior. Lo que encontró fue un ambiente tóxico, con comentarios machistas, homófobos y racistas que quedaron impunes, lo que la llevó a pedir baja médica por ansiedad.

Desde el inicio del curso, Raquel escuchó frases como “los homosexuales son enfermos mentales”, “el día que me eche novia será una a estrenar, no con una guarrilla” o “los okupas son cuatro negros de Senegal”. Los comentarios se producían en clase y durante las prácticas al aire libre, mientras los alumnos vestían uniformes con el logotipo del Ayuntamiento. Raquel asegura que los responsables del programa no solo no frenaron esas actitudes, sino que le recomendaron a ella “ser más tolerante con todas las opiniones” y le acusaron de exagerar, según ha relatado a elDiario.es Extremadura.

El trato de la tutora, según Raquel, fue especialmente duro. La acusó de ser “intolerante”, de tener un “carácter soberbio” y de que eso le impediría encontrar empleo. “Me sentía cada vez más revictimizada”, admite Raquel.

Raquel insiste en que no se trata de una experiencia aislada. “Yo no era la única que se sentía así, pero mis compañeros tenían miedo de que les echaran o de meterse en problemas”, cuenta. Según su testimonio, varios de los alumnos de la formación “no se atreven a dar la cara”. “Esto no es nuevo, lo nuevo es que ahora yo lo he denunciado”, lamenta.

Charla de igualdad y crisis

En junio, seis meses después del inicio del curso, se organizó un módulo sobre igualdad. Para Raquel, fue insoportable. Tuvo que salir varias veces del aula para contener la ansiedad. En un momento, un compañero afirmó que algunas mujeres “son putas porque les gusta”. Cuando lo enfrentó, según relata, fue llamada a dirección y reprendida por su actitud. Poco después acudió a la consulta de su doctora, donde sufrió una crisis de ansiedad. Desde entonces permanece de baja médica.

Convencida de que “no podía callar”, Raquel remitió una carta a la concejala de Formación, Sol Giralt, y a la dirección del SEXPE, en la que pedía que se establecieran normas claras para evitar comentarios ofensivos en horario laboral. Asegura que nunca pidió expedientes ni sanciones personales.

Respuestas institucionales contrapuestas

El Ayuntamiento de Badajoz, en respuesta oficial, niega que se hayan producido comportamientos ofensivos en el marco del curso. La concejalía de Formación sostiene que, tras recibir el escrito de Raquel, se elaboró un informe según el cual “dentro del ámbito formativo no se realizan comentarios de carácter machista, xenófobo u homófobo” y que “ni los alumnos ni el personal docente han presenciado comportamientos ofensivos dirigidos hacia la alumna en cuestión”. Asimismo, señalan que el “Centro de Formación no puede hacerse responsable de las opiniones vertidas por los alumnos dentro del marco de conversaciones privadas”.

La respuesta del SEXPE ofrece una versión distinta. En su informe, al que ha tenido acceso este periódico, reconoce que “parte del alumnado manifestó haber escuchado en distintas ocasiones comentarios inadecuados o fuera de lugar, relacionados con cuestiones de género, orientación sexual o creencias personales”. Precisa, además, que estos comentarios no iban dirigidos contra nadie en particular y que se produjeron fuera de la supervisión del personal docente.

Un vacío normativo preocupante

Este caso pone en evidencia la falta de un Plan de Igualdad municipal en Badajoz. La Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto 901/2020 obligan a las administraciones a prevenir y actuar frente a situaciones de discriminación o acoso en entornos laborales y formativos. Sin protocolos claros ni supervisión activa, denuncias legítimas como la de Raquel se diluyen entre burocracias y excusas.

Raquel insiste en que no se trata de un problema personal, sino de un entorno laboral y formativo que no protege a quienes sufren discriminación.

Tras meses de exposición a comentarios ofensivos, Raquel tuvo que interrumpir su formación y pedir baja médica por ansiedad. La joven, que esperaba mejorar sus oportunidades laborales, se encuentra hoy atrapada entre un entorno institucional que se desentiende y un futuro laboral incierto. “Quería mejorar mi vida, dar un paso adelante, y lo único que conseguí fue salir dañada”, asegura.

La experiencia de Raquel evidencia que las políticas de igualdad no funcionan si no se traducen en medidas concretas y protocolos efectivos. Cursos financiados con fondos públicos deben garantizar entornos seguros, respetuosos y libres de discriminación, no espacios donde los comentarios ofensivos se normalicen. Su caso muestra cómo la indiferencia institucional puede agravar el daño a quienes sufren acoso y discriminación y recuerda que denunciar, aunque difícil para la salud emocional, sigue siendo imprescindible para visibilizar estas injusticias y exigir cambios reales.