Un juez dictamina que fue ilegal el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump durante las protestas en Los Ángeles

Un juez ha dictaminado este martes que el uso de tropas de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump durante las protestas contra la ofensiva contra la migración en Los Ángeles y el sur de California fue ilegal, informa Associated Press.

El juez Charles Breyer determina en su fallo de 52 páginas que la administración del presidente Donald Trump violó la ley federal al enviar tropas al área de Los Ángeles. Sin embargo, el juez, del distrito de San Francisco, no ha exigido la retirada de las tropas restantes y ha establecido que su orden entraría en vigor el viernes.

La orden se produce después de que California presentara una demanda. El estado afirmó que las tropas enviadas a Los Ángeles durante el verano infringían una ley que prohíbe la aplicación militar de las leyes nacionales.

Los abogados de la administración republicana han argumentado que la Ley Posse Comitatus no es aplicable porque las tropas estaban protegiendo a los agentes federales y no haciendo cumplir las leyes. Afirman que las tropas se movilizaron bajo una autoridad que permite al presidente desplegarlas.

La decisión se produce después de que Trump haya debatido el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por los demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York.

Ya ha desplegado a la Guardia Nacional como parte de su toma de control sin precedentes de las fuerzas del orden en Washington, donde tiene control legal directo –el Distrito de Columbia no tiene gobernador, ni representante en el Senado y la Cámara de Representantes–.

Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de EEUU, Los Ángeles, a pesar de las objeciones del gobernador demócrata, Gavin Newsom, y los gobernantes de la ciudad. Trump lo hizo en virtud de una ley que permite al presidente desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional cuando el país “es invadido”, cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno”, o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de los EEUU”.

Y, en efecto, Trump ha traspasado los límites de la actividad militar habitual en territorio nacional, entre otras cosas mediante la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Newsom publicó en X, reflejando en mayúsculas el estilo del propio presidente en las redes sociales, “DONALD TRUMP VUELVE A PERDER. Los tribunales están de acuerdo: su militarización de nuestras calles y el uso del ejército contra los ciudadanos estadounidenses es ILEGAL”.

La sentencia de Breyer acusa a la Administración Trump de violar “deliberadamente” la ley, afirmando que utilizó a las tropas para funciones que estaban prohibidas por sus propios materiales de entrenamiento, y señala que se negó a “coordinarse de manera significativa con los funcionarios estatales y locales” e “instruyó” a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley sobre el lenguaje que debían utilizar al solicitar asistencia.

“Estas acciones demuestran que los demandados sabían que estaban ordenando a las tropas que ejecutaran la ley nacional más allá de su autoridad habitual”, escribe el juez: “Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo quedaba oculta por armaduras protectoras) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y controles de tráfico, controlar a la multitud y demostrar de otras formas la presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”.

Breyer también señala los posibles planes de la Administración Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a otras ciudades de Estados Unidos.