Ayuso pide al Gobierno central la expulsión a su país de origen del presunto violador del centro de Hortaleza

El Gobierno de Ayuso ha solicitado al Ejecutivo central la expulsión a su país de origen del menor migrante del centro de Hortaleza, detenido el pasado lunes por violar presuntamente a una niña en un parque de la localidad madrileña. Ha elevado su expediente de regreso junto a otras ocho nuevas peticiones de repatriación de niños y jóvenes migrantes tutelados por la comunidad. Así lo ha detallado el consejero portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión de gobierno de este miércoles, durante una rueda de prensa en la que ha calificado de “caos” la política migratoria de Sánchez. En total, esta región ha solicitado la expulsión de 46 menores.

Además, el Gobierno de Ayuso ha formalizado el recurso ante el Tribunal Supremo del decreto que establece la obligación de acoger a los menores migrantes derivados de los centros de Canarias al resto de puntos del Estado, ya que lo consideran una “invasión de competencias”. Se trata del segundo recurso en este sentido de la comunidad, cuyo primer intento de tumbar el desplazamiento de estos niños y jóvenes, contra el primer decreto del Gobierno que establecía las normas para su ejecución, ha sido admitido a trámite por la misma sala. García Martín ha celebrado esta decisión durante su rueda de prensa.

La decisión final de estos expedientes de regreso dependen de la Delegación de Gobierno en Madrid, después del informe que elabora la Fiscalía. Preguntado por la responsabilidad de la presidenta madrileña en la incitacióna la violencia contra los residentes en este centro de acogida de Hortaleza, el portavoz ha dicho: “Lo que es irresponsable es lo que está haciendo el gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que vive nuestro país (…) Las Comunidades tenemos los medios que tenemos”. Las competencias autonómicas incluyen la inversión pública necesaria para una correcta protección a la infancia y su adecuada inclusión social.

La presidenta madrileña también ha celebrado la admisión a trámite del primer recurso ante el Supremo y ha cargado contra el Gobierno central, pues considera que su política migratoria está “fuera de control”. Acerca de los menores migrantes procedentes de regiones saturadas como Canarias o Ceuta, Ayuso ha dicho que estos niños y jóvenes tienen “perfiles cada vez más complejos” y que el Ejecuctivo los “trae” para “después abandonarlos”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha evitado condenar la concentración racista del pasado martes en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, una protesta organizada por Vox tras la violación que está siendo investigada. Tras la Junta de Portavoces, ha asegurado que calificar a la concentración de racista es una “hipocresía” por parte de la izquierda: “es una hipocresía llamar racista a alguien cuando se concentra frente a un centro para hablar de un problema”.

Los datos reales son otros. En 2025, España tiene el doble de residentes con nacionalidad extranjera que en 2005 (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española). Sin embargo, la tasa de criminalidad no ha subido con esa multiplicación de inmigrantes, al contrario: 40,6 delitos por mil habitantes, la banda más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Es decir, mientras sube el número de extranjeros que vive en el país, baja la tasa de criminalidad (-2,8%, según los datos más recientes), una tasa que ha experimentado una tendencia descendente desde hace décadas con algún altibajo después de la pandemia, achacado por Interior a la explosión de delitos de ciberdelincuencia. A pesar de que el 28% de los condenados en 2023 son personas extranjeras, estos datos no reflejan el principal causante de la delincuencia según los expertos: las condiciones materiales.