Ayuso se queda sola en sus ataques al Gobierno por la regulación de los centros de datos

La industria del dato lo venía avisando desde 2018: España tenía “una oportunidad única” para meter el pie en el negocio de la infraestructura digital. Muchas tendencias apuntaban a ello, desde la necesidad de diversificar las congestionadas rutas de información del norte de Europa, pasando por su posición estratégica para conectar mercados emergentes en América Latina y África, hasta el consenso político para facilitar este tipo de inversiones. Por el camino se sumó la inteligencia artificial, una invitada que aumentó aún más el atractivo de España por su capacidad de saciar con renovables la enorme voracidad energética de esta tecnología.

Lo que hace siete años era una oportunidad, hoy es una realidad. España ha conseguido gigantescas inversiones para convertirse en un polo regional para los centros de datos y los cables submarinos y ser una importante intersección en la autopista de información mundial. Han llegado gigantes tecnológicos, compañías del segundo escalón e incluso actores externos como Blackstone, que han visto la oportunidad de explotar la privilegiada situación española. Solo en Aragón, se ha comprometido una inversión de unos 47.000 millones de euros desde 2024, según un estudio de la Fundación Basilio Paraíso presentado este martes.

Una disyuntiva que ha obligado al Gobierno a elevar la precaución para no morir de éxito, reconociendo que se ha generado una “burbuja” con los centros de datos. Así lo ha calificado en varias ocasiones Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Su departamento es el encargado de aprobar las solicitudes energéticas de cada nuevo centro de datos y observa cómo el montón de carpetas crece sin parar. Las peticiones de conexión a la red para nuevas demandas en la actual planificación (2025-2030) “se han multiplicado por 80” respecto a la anterior planificación (2021-2026), exponen a elDiario.es fuentes del equipo de Aagesen.

Muchas de esas peticiones llegan además de empresas que las tramitan en varias localizaciones distintas, con el objetivo de quedarse luego con la opción más ventajosa. Desde el sector explican a este medio que es una manera de contrarrestar los plazos de varios años que maneja Red Eléctrica para conceder acceso a la energía a estas instalaciones, cubriéndose las espaldas ante una posible negativa a conectar la parcela elegida.

“Es ingente la cantidad de proyectos que han llegado. De cero a un gran universo. Vamos a ir midiéndolos para analizar cuáles son los mejores, también para el territorio”, ha manifestado la ministra, que ha preparado un paquete de medidas específicas para controlar la situación.

Transparencia en el consumo e impacto en el territorio

Transición Ecológica abrió a consulta pública a principios de agosto un proyecto de real decreto para regular el sector de los centros de datos. El texto obliga a estas infraestructuras a ser más transparentes con su consumo energético y de agua, dos de los factores más sensibles para su implantación. En el caso de la electricidad, deberán detallar no solo cuánta energía necesitan, sino también qué parte de ella procede de fuentes renovables y qué medidas aplican para mejorar su eficiencia, un punto clave ante las tensiones que ya se vislumbran en la planificación de la red.

Respecto al agua, los operadores tendrán que informar del volumen destinado a refrigeración y justificar su uso en función de la disponibilidad local, dado que muchos proyectos se ubican en zonas con estrés hídrico. El sector repite por activa y por pasiva que sus cifras de consumo de agua se han exagerado, aunque las empresas evitan comunicar abiertamente cuál es su gasto real. En el informe de la Fundación Basilio Paraíso se avisa que el consumo de las nuevas infraestructuras puede superar el 10% de lo que bebe toda Aragón.

El borrador incluye además la obligación de elaborar informes periódicos sobre el impacto de cada centro de datos en el territorio y de presentar planes de integración que garanticen su sostenibilidad a medio plazo.

Es un paquete de normas que afectará a toda España pero que tendrá especial relevancia en Madrid y Aragón. Son las comunidades que concentran la mayoría de nuevas solicitudes, en base a una ley no escrita de la industria digital que dicta que los datos se atraen entre ellos. La capital, por sus servicios a ciudadanos y empresas; y Aragón, gracias a las enormes granjas de servidores que construyen Amazon y Microsoft, son los polos alrededor de los que están floreciendo estas nuevas infraestructuras, con mención especial a Talavera de la Reina y el megacentro de datos de Meta, que está agrupando a su alrededor a otras empresas del sector.

Beligerancia en Madrid y tranquilidad en Aragón

Los presidentes de las dos regiones gobernadas por el PP han respondido de manera diferente ante el proyecto de real decreto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha quedado sola en su denuncia al paquete regulatorio propuesto por el equipo de Aagnesen, asegurando que las nuevas normas son un ataque al desarrollo de la comunidad. “¿Que Madrid ha apostado por los centros de datos? Espera, que vamos…”, publicó en X Isabel Díaz Ayuso junto a la captura de una noticia que informaba sobre la salida a consulta pública del real decreto.

Es una crítica que viene repitiendo desde hace meses ante la política del Gobierno de aumentar la cautela en las licencias de los centros de datos. “Nos están cortando la energía y el agua”, dijo en su discurso de cierre de año de 2024. “¿Qué más hace fuerte a Madrid? Los centros de datos. Pues nos corta la energía, nos empieza a restringir el agua, para que no tengamos posibilidad de hacer desarrollos”, afirmó en una entrevista con Ana Rosa Quintana, refiriéndose a Pedro Sánchez.

Jorge Azcón, en cambio, ha transmitido tranquilidad en lo referente a las nuevas normas. “Que pidan más transparencia es positivo. La práctica totalidad de lo que hoy pide el real decreto lo cumplen los centros de datos que se promueven en Aragón”, ha dicho este miércoles el presidente de la Junta, que presentará sugerencias para mejorar el texto. “Las alegaciones que presentará el Gobierno de Aragón van a mejorar y a aportar. Estoy convencido de que los proyectos en Aragón no solo cumplen, sino que mejoran los estándares de calidad”, ha enfatizado.

La patronal también rebaja la tensión

SpainDC, la patronal de los centros de datos en España, también ha evitado hacer una enmienda a la totalidad de las nuevas normas. “Hay una parte que tiene que ver con la transparencia de los datos. Y a nosotros nos va a beneficiar mucho porque nos ayuda a destruir muchísimos mantras que hay sobre el consumo de los centros de datos”, asegura en declaraciones a elDiario.es Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación. “Los centros de datos españoles van a salir muy bien parados con respecto a los europeos, especialmente en el tema del agua, porque prácticamente todos son de circuito cerrado”, recalca.

Con todo, no todas las medidas han gustado en el sector. Uno de los factores que generan más dudas es el requisito incluido en el real decreto de aprovechar el calor residual que producen los centros de datos. La norma obliga a las instalaciones que consuman más de 1 MW (una escala pequeña, para los desarrollos que se están dando en España) a encontrar forzosamente una aplicación para ese calor, ya sea para servicios de climatización u otros usos de los barrios, municipios o industrias cercanas.

Desde SpainDC recalcan que todas las empresas están abiertas a aprovechar ese calor y ya hay proyectos piloto en marcha para hacerlo, pero creen que convertirlo en obligación es contraproducente. Muchos de los pequeños municipios en los que se instalan, alegan, no tendrían capacidad para gestionar un proyecto de ese tipo, lo que complicaría mucho el trámite burocrático por un factor como el calor que es secundario en la operatividad de los centros de datos.

Por último, en línea con la principal reclamación política del sector, piden agilizar los trámites para el acceso a la energía. Es una batalla en la que han ganado a Azcón como aliado. “Antes de las vacaciones de agosto hablé con la vicepresidenta Aagesen y le hice llegar la inquietud de Aragón en cuanto a las inversiones de Red Eléctrica y también sobre el retraso considerable que llevan los concursos de energía, necesarios para que las inversiones se pongan en marcha. Volvimos a oír palabras de paciencia, de que dentro de muy poco veríamos cómo se avanzaba en esa cuestión. En agosto no hemos visto ninguno, espero que el Ministerio cumpla con el trabajo que tiene que hacer”, ha manifestado en su intervención de este miércoles.