El fiscal coincide con la jueza en que la periodista que comió con Mazón en plena dana no debe declarar al estar él aforado

El fiscal de la causa de la dana, Cristóbal Melgarejo, apoya la negativa de la jueza instructora a que declare de testigo la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el president Carlos Mazón el pasado 29 de octubre en el restaurante El Ventorro mientras el Gobierno valenciano solicitaba la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Utiel y convocaba la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ante la situación sobre el terreno.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, en un auto del pasado 12 de mayo, rechazó la testifical de la comunicadora, portavoz del Levante UD, solicitada por el letrado Ximo Esteve, que ejerce una de las acusaciones de la causa, argumentando que “desplazaría sustancialmente” la investigación hacia la “actuación” del jefe del Consell, una posibilidad que “no es factible dada su condición de aforado”. A Mazón, tal como recordaba la instructora en su resolución, se le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente en condición de investigado, escenario que el president declinó.

Por su parte, el Ministerio Fiscal se inclina por rechazar el recurso de apelación contra el auto de la magistrada. El fiscal sostiene en un escrito del pasado 20 de agosto (notificado este pasado martes a las partes personadas en el procedimiento), que la resolución de la jueza “es ajustada a derecho”. El Ministerio Público “solicita, por consiguiente, su confirmación”.

El escrito del fiscal Melgarejo, al que ha tenido acceso elDiario.es, también pide la desestimación del recurso de apelación de una de las acusaciones particulares contra un auto de la jueza del pasado 5 de mayo que rechazó investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y también declinó elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia para pedir la imputación del president Carlos Mazón. La magistrada argumentaba que la instrucción “no está agotada”. Así, el fiscal concluye que la resolución es ajustada a derecho.

El “propósito de imposible acreditación inequívoca” planteado por Vox

En su escrito sobre el recurso de apelación de Vox, el fiscal Melgarejo recuerda al partido de extrema derecha que el derecho a la prueba “no es absoluto e ilimitado”.

La letrada de Vox recurrió el auto de la jueza del pasado 2 de julio que denegó la declaración de una retahíla de testigos ajenos a la instrucción de la causa. La magistrada concluyó que la lista era “desproporcionada y reiterativa”. Y el fiscal coincide en que los testigos propuestos “no reúnen dichas características”, en referencia a la exigencia de que las solicitudes de diligencias sean “pertinentes y útiles”.

Por un lado, Vox pedía que declarara el director ejecutivo de Meteored. Sin embargo, el fiscal recuerda que la plataforma de información meteorológica ni siquiera era “fuente oficial” del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. También rechaza que declaren hasta ocho ingenieros y arquitectos (entre ellos, un expresidente de Sacyr Vallehermoso o un exdirectivo de FCC en València), al plantear Vox un “propósito de imposible acreditación inequívoca” en relación con la posible atenuación de las inundaciones con obras en los barrancos.

Sobre la declaración del presidente de la comunidad de pescadores de El Palmar y de un gerente de Fira València, el fiscal afirma que Vox ni siquiera alega nada sobre la “utilidad y pertenencia” de estas testificales “con relación a los hechos investigados en el presente procedimiento”.

Idéntica consideración plantea con la propuesta del partido de Santiago Abascal para que declarara el teniente general Fernando Miguel García y García de las Hijas.

Pradas debía “determinar” medidas de protección a la población

El Ministerio Público también pide que se desestimen varios recursos de apelación de una misma acusación particular, fundamentalmente referidos a diligencias de prueba sobre, entre otros aspectos, las presas y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El escrito del fiscal reitera que en el procedimiento instruido por la jueza de Catarroja “se investiga a las personas que presuntamente no adoptaron decisiones y/o medidas que hubieren podido evitar los fallecimientos o lesiones de personas, o disminuir el número de personas fallecidas o lesionadas, como consecuencia de las inundaciones provocadas por la dana acaecida el 29 de octubre de 2024”.

El representante del Ministerio Público recuerda que “correspondía a la titular” de la Conselleria de Justicia e Interior “la dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones” y, “por extensión, entre otras funciones, la de determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse y la información que debía facilitarse a la población en relación con la situación de emergencia”.

El informe de la Guardia Civil

En varios de sus escritos sobre los recursos de la acusación particular, el fiscal alude al informe sobre la cronología del 29 de octubre elaborado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de València, que fue desacreditado de plano por la jueza instructora.

Cristóbal Melgarejo otorga cierta carta de naturaleza al informe de la Guardia Civil, a pesar de que la jueza instructora lo echó por tierra y descartó que tuviera “eficacia incriminatoria”, al haber solicitado la magistrada una diligencia totalmente distinta a la que finalmente elaboró el Instituto Armado, tal como informó este diario.