El hotel de las suites a 3.000 dólares la noche y 15 piscinas que robaba agua potable mientras Menorca se seca

El pasado mes de julio, las autoridades de los ocho municipios de Menorca decretaron la prealerta por sequía y anunciaron una batería de medidas para enfrentar la crisis del agua. Se han clausurado las fuentes públicas y se ha suprimido el riego de todas las rotondas, jardines, parques y zonas verdes. También se ha prohibido limpiar embarcaciones y vehículos con manguera. Asimismo, se cancelaron los repostajes para cruceros y embarcaciones de gran calado y se han enviado cartas a la ciudadanía y a los visitantes para concienciar de la gravedad del problema hídrico que atraviesa la isla –según datos del índice global de la Demarcación Hidrográfica, las reservas de la isla se sitúan en el al 38%, el mínimo en las últimas cuatro décadas–.

Al mismo tiempo que los 100.000 residentes de Menorca –y los casi 200.000 visitantes que según el Observatorio Social y Ambiental pueblan la isla cada mes de agosto– hacían un esfuerzo para evitar el desperdicio de agua, un grupo de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ingresaba al predio del agroturismo Cap Menorca, en el municipio de Alaior, para clausurar un pozo ilegal que extraía diariamente 40.000 litros de agua potable, según indicaron los agentes y reconocieron los mismos propietarios del hotel.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que la operación continúa en marcha y las pesquisas siguen abiertas, por lo que no se descartan nuevas intervenciones contra infractores en las próximas semanas. A pesar de los intentos de este medio por recoger su versión, desde la propiedad del hotel han evitado hacer declaraciones sobre el hallazgo del pozo ilegal. Tampoco se han pronunciado sobre el hecho de que, según figura en su página web, el hotel recibió en 2021 un millón de euros procedentes de los fondos Next Generation de la UE, en virtud de su “compromiso ambiental” y de promover el “crecimiento económico sostenible”.

Agentes de la Guardia Civil, durante la clausura del pozo ilegal del que el CAP Menorca extraía diariamente 40.000 litros de agua potable

De aquellos barros estos lodos

El Cap Menorca abrió sus puertas el 17 de mayo de 2024 tras varios años de atrasos y enmiendas ambientales al proyecto original, que incluía habitaciones colgantes con vista al mar, suspendidas sobre el barranco de Sant Llorenç de Llucalari. Se trata de un agroturismo con capacidad para albergar a 30 huéspedes, que ocupa 30 hectáreas –una para cada visitante–de lo que hasta 1994 fue una batería de artillería de costa del Ejército y en la que todavía quedan dos cañones Vickers 38 que apuntan hacia el mar.

El hotel, que incluso cuenta con una flota de yates propios y cuyas suites cuestan entre 1.200 y 3.000 dólares la noche, pertenece a la compañía Mare e Terra, de la que es propietario el empresario francés Laurent Morel-Ruymen, conocido por haber comprado y reformado otros cuatro hoteles en Menorca. En sus publicaciones online, Ruymen insiste en que su proyecto está pensado para “reducir al máximo la huella humana” con el objetivo de que sus huéspedes puedan “vivir en armonía con la naturaleza”. Incluso semanas después de reconocer que en su hotel se extraía ilegalmente agua en medio de una de las peores sequías que se recuerden en Menorca, el empresario francés mantiene en su página web el mensaje de que su modelo de hotel rural “apuesta por la mínima intervención en el territorio”.

Imagen del empresario francés Laurent Morel-Ruymen, propietario de CAP Menorca, difundida en protesta por su actividad con el pozo clandestino

“Menorca es un territorio que tiene límites muy concretos – como el tema del agua–, lo decimos y lo repetimos cada vez que aparecen estos grandes empresarios con sus fabulosas infraestructuras a las que, por otro lado, no tenemos capacidad de mantener”, señala la concejal de Avaçam Alaior, Isa Allès. Ella cita concretamente a su municipio como epicentro de diversas irregularidades: “Aquí también se dio el caso de las piscinas fraudulentas e ilegales del hotel Torrevella y ahora el pozo ilegal del cual se extraía diariamente agua en plena sequía. El alcalde, [José Luis] Benejam (PP), en lugar de hacer cumplir la ley, echa balones fuera y señala a la administración del Estado como responsable de lo que su administración debería ocuparse”, asevera.

Imagen de un campo balear afectado por la sequía

El alcalde (PP) niega tener responsabilidad alguna

Por su parte, Benejam (PP) rechaza las críticas de la oposición y señala que su administración no es “competente en materia de disciplina urbanística en suelo rústico”, responsabilidad que, afirma, recae en el Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico, dependiente del Consell Insular de Menorca, por lo que se manifiesta eximido de incumplimiento alguno. Asimismo, el primer edil insiste, en declaraciones a este medio, que el Ayuntamiento “tampoco tiene competencias en la vigilancia o control de los pozos que puedan existir en suelo rústico”. “En este ámbito, la autoridad competente es el Seprona de la Guardia Civil, que ha sido quien ha actuado en este caso y cuya labor respaldamos totalmente”, arguye.

Cabe mencionar que Alaior es el municipio donde en los últimos años han proliferado las infracciones medioambientales vinculadas a emprendimientos hoteleros en el medio rural. Uno de ellos es el caso de las piscinas ilegales del hotel Torrevella, que, como publicó elDiario.es, serán legalizadas en virtud de una licencia otorgada oportunamente por el mismo ayuntamiento que dirige Benejam a pesar de violar abiertamente lo dispuesto por el Plan Territorial Insular. Idéntico es el caso de las piscinas ilegales presentadas ante la administración como aljibes del agroturismo Menorca Experimental. La polémica licencia otorgada por el primer edil popular ha permitido a los promotores franceses de Torrevella librarse de una multa millonaria impuesta por el Consorcio de Disciplina Urbanística.

Las piscinas del hotel Experimental Menorca

Desde la oposición municipal, los concejales de Avançam Alaior responden a Benejam que, “aun cuando el consistorio no tiene competencias en materia de disciplina urbanística, sí tiene capacidad y herramientas para controlar a los grandes consumidores de agua del municipio”, algo que, añaden, “en medio de una sequía brutal sería básico controlar”. “Una medida así habría permitido que se supiera quién está robando o malgastando el agua. Esta omisión, sumada a la connivencia directa del caso Torrevella, manda un mensaje claro: en Alaior hay un gobierno que protege a los infractores”, enfatiza Isa Allès.

La formación opositora subraya, en diálogo con este medio, la necesidad de que el municipio deje de “recibir dinero de los hoteles infractores”, ya que, según denuncian, la localidad percibe “desde hace años” financiación privada para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Se trata del único municipio de Menorca con representación propia en un evento de alcance internacional dedicado a la industria del turismo. Tal como ha podido confirmar este periódico, entre los financiadores del stand de Alaior en Fitur se encuentran los propietarios del Cap Menorca, Torrevella y Menorca Experimental, todos ellos propiedad de inversores franceses y todos investigados por presuntas –o demostradas– infracciones ambientales.

Tensión vecinal en el norte de Menorca

Tras conocerse la clausura del pozo ubicado en el predio del Cap Menorca comenzaron a aparecer en algunos municipios del poniente insular una serie de grafitis y carteles que aluden directamente al director del grupo Mare e Terra, Laurent Morel, como un “moroso”, entre otras proclamas contra la figura del magnate francés. Sin que nadie se haya atribuido la autoría de las pintadas y carteles, elDiario.es ha consultado a algunos vecinos del municipio de Alaior para conocer su opinión sobre esta campaña: todos ellos condenan los actos vandálicos, aunque apuntan a la importancia de que “todos cumplan la ley por igual”.

Pintada contra el magnate Laurent Morel, propietario de CAP Menorca

Preguntar por el caso de las piscinas ilegales de Torrevella o por el pozo de Llucalari –la finca donde se aloja el Cap Menorca– en Alaior es un deporte arriesgado. Todo el municipio está al tanto de las infracciones de los agroturismos, por lo que las opiniones de vecinos y conocidos muchas veces se encuentran diametralmente opuestas entre sí. Rosa M.R. cuenta a este periódico que lleva más de dos décadas viviendo en Alaior y que en su casa convive con otras tres personas. La sola mención de Llucalari la retrotrae a un momento muy tenso del municipio: 2004, el año en que el predio se hallaba abandonado y fue okupado por un grupo de activistas.

“En esa época estaba todo destrozado, todo roto y destruido, todo se venía abajo”, cuenta esta vecina al referirse al que hoy es el hotel más caro y más exclusivo de la isla. “Realmente creo que este lugar, al haber pertenecido al patrimonio público originalmente, debería haberse convertido en un espacio de cooperativas de vivienda, algo que dé solución habitacional a los vecinos, en lugar de un agroturismo para ultrarricos. No estoy de acuerdo con lo que hicieron los okupas, pero menos aún con que empresarios extranjeros privaticen un lugar de Menorca y se lleven los beneficios a otro país”, señala.

Playa de Cala en Porter, en Alaior

“Modus operandi” entre Ayuntamiento y empresarios

Raquel es vecina de toda la vida de Alaior y considera que la problemática de las piscinas y las infracciones en agroturismos es “un modus operandi” entre los empresarios y el ayuntamiento. “Los vecinos de Alaior hacemos un consumo responsable del agua, estamos concienciados y tratamos este recurso como lo que es, algo escaso y preciado. Me parece una burla que a nosotros nos reclamen restricciones en el uso cotidiano cuando a esta gente les perdonan deudas millonarias por infringir la ley”, enfatiza.

Por su parte, Andrea C., vecina de la calle Verge del Toro critica la aparición de carteles y grafitis que apuntan contra el propietario del grupo Mare e Terra. “No me parece bien, pero entiendo que haya vecinos que estén cansados de que la gente con dinero crea que puede hacer lo que quiera”, comenta en una opinión compartida por otros vecinos consultados por este medio. “No creo que sea útil señalar a alguien con nombre y apellidos, porque hay muchos otros infractores aquí mismo en Alaior que se amparan en el anonimato y son protegidos por el Ayuntamiento. Creo que, de todas formas, tienen que cumplir la ley o pagar por sus infracciones”, sentencia.