De tobilleras electrónicas a penas de prisión: la nueva ley de Grecia contra los solicitantes de asilo rechazados

Grecia ha aprobado una legislación draconiana que podría suponer penas de prisión, multas y la obligación de llevar tobilleras electrónicas para los solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada y no hayan abandonado el país en el plazo de 14 días. La medida refleja los continuos intentos del Gobierno de centroderecha de disuadir a los migrantes de entrar irregularmente en el país.

Las duras sanciones marcan el comienzo de una era sin precedentes de tolerancia cero para las personas que permanecen en el país si se les deniega la solicitud de asilo. Como país fronterizo, que durante mucho tiempo ha sido considerado la puerta de entrada a Europa, Grecia ha experimentado este año un aumento en la llegada de migrantes.

“Rendimos cuentas a los ciudadanos griegos, y los ciudadanos griegos quieren estar protegidos”, declaró ante el Parlamento el ministro de Migración, Thanos Plevris, antes de la votación. “El mensaje es claro [para los migrantes]: si su solicitud de asilo es rechazada, tienen dos opciones. O van a la cárcel o regresan a su país de origen. El Estado griego no les acepta… No son bienvenidos”.

Plevris, un derechista sin complejos cuyos posicionamientos han causado revuelo entre los miembros más moderados del Gobierno de centroderecha de Grecia, quiso remarcar que el país seguirá concediendo asilo a los solicitantes que cumplan los requisitos para recibir protección internacional.

Pero con la nueva ley, los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas y no abandonen el país en un plazo de 14 días se enfrentan a penas de prisión de entre dos y cinco años. También se endurecen las medidas disuasorias: las personas que lleguen sin la documentación adecuada serán recluidas durante 24 meses, frente a los 18 actuales, mientras que los migrantes en situación irregular que lleven siete años en Grecia perderán el derecho a regularizar su situación. Quienes sean declarados culpables de entrada ilegal serán multados con 10.000 euros.

Aumento de llegadas

Las medidas se conocen apenas dos meses después de que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunciara una controvertida pausa de 90 días en las solicitudes de asilo, en medio de un aumento de las llegadas a las islas de Creta y Gavdos desde Libia. En la primera semana de julio, más de 2.000 personas lograron cruzar, lo que supone un aumento significativo en un país donde el número de migrantes ha disminuido drásticamente desde 2015, cuando más de 850.000 personas llegaron en el momento álgido de la crisis de los refugiados.

Mitsotakis ha insistido en que la suspensión tiene por objetivo enviar a las redes de tráfico ilegal un mensaje contundente de que “el paso a Grecia está cerrado”. Los grupos de derechos humanos han condenado la suspensión por considerar que es una grave violación del derecho internacional.

En el poder desde 2019, el Gobierno describe sus políticas migratorias como “duras pero justas” y niega las denuncias de devoluciones en caliente ilegales para frenar la llegada de solicitantes de asilo.

En su intervención ante el Parlamento, Plevris afirmó estar orgulloso de haber impulsado la ley, que situará a Grecia a la vanguardia de unas políticas que pocos Estados miembros de la UE han querido aplicar.

Pero este miércoles la reacción fue rotunda e inmediata, dado que los jueces intervinieron de forma inédita para criticar el carácter represivo de la legislación.

Críticas a la ley

Destacando la falta de consenso en torno a las medidas, Dimitris Kairidis, que dimitió como ministro de Migración y Asilo en 2024, declaró a The Guardian que, si bien la disuasión sigue siendo primordial, también es vital que Atenas facilite las vías legales de migración en un momento de grave escasez de mano de obra. “Grecia necesita contrarrestar la migración ilegal pero también fomentar la migración legal, para atender a las necesidades de su economía en crecimiento”, ha afirmado.

Durante su mandato, Kairidis legalizó la situación de 30.000 trabajadores migrantes no registrados que eran necesarios en los sectores de la agricultura, la construcción y el turismo.

Grecia está sumida en una crisis demográfica y la semana pasada el Ministerio de Educación se vio obligado a cerrar más de 750 escuelas por falta de alumnos.

Los activistas que defienden los derechos de los migrantes han calificado la nueva ley de racista y absurda. “Es muy contradictorio que se apruebe esta ley cuando la población de Grecia está cayendo en picado y los migrantes son la solución a la escasez de mano de obra”, ha afirmado el director del Consejo Griego para los Refugiados, Lefteris Papagiannakis.

“Mitsotakis había conseguido mantenerse en el centro político. Con esta ley abiertamente racista, está intentando ampliar claramente su base electoral apelando a la extrema derecha”, ha concluido.

Traducido por Emma Reverter.