Desahucian a una madre y su hijo de una de las infraviviendas alquiladas ilegalmente por un policía local de Palma

Una comisión judicial ha ejecutado este jueves el desahucio de una madre y su hijo de ocho años de una de las infraviviendas de la calle Joan Miró (Palma) que un policía local alquila de forma fraudulenta a decenas de personas en situación de vulnerabilidad. El agente fue detenido el año pasado por arrendar ilegalmente estos trasteros sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad, además de sancionado con una multa de dos millones de euros por parte del Govern balear.

Poco antes de las 07.00 horas comenzaban a llegar las patrullas policiales al número 24 de la calle Joan Miró, en cuyo subsuelo malviven, sin ventanas ni ventilación, trabajadores precarizados, familias migrantes, madres con niños pequeños, personas mayores o cuidadoras a quienes les es imposible hacer frente a los desorbitados precios de la vivienda en Mallorca. Todos ellos pagan entre 300 y 750 euros en mano al propietario de los habitáculos, quien se encuentra suspendido de empleo y sueldo en el cuerpo policial a raíz de estos hechos.

Pasadas las 09.00 horas, ha hecho acto de presencia la comisión judicial, tal como ha explicado el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, en declaraciones a elDiario.es. Según el activista, están volcados en encontrar una alternativa habitacional para la familia. Los afectados han sido atendidos en las oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, donde se les ha ofrecido la posibilidad de dormir varios días en un hostal, pero finalmente han rechazado esta opción. Fuentes del Consistorio señalan a este medio que no tenían constancia de que ambos residieran en uno de los habitáculos.

Además de soportar la pésima situación en la que habitan, los inquilinos se enfrentan a varios lanzamientos instados por el propio agente que explota las infraviviendas, sin tan siquiera contar con un lugar adonde ir. “Llegará ese momento en que tenga que dejar este sitio y, cuando llegue, tendré que buscar dónde ir. No quiero quedarme en la calle, solo quiero un lugar digno para vivir”, relataba Reina, madre de la mujer desahuciada este jueves junto a su hijo, en este reportaje publicado en julio por elDiario.es.

Stop Desahucios ha pedido en varias ocasiones la paralización de todos los lanzamientos instados o que pueda instar el policía local, así como la reconexión de los suministros que han sido interrumpidos en las últimas semanas. Asimismo, exige la expropiación inmediata de las propiedades, afeando que las administraciones públicas “no se den por aludidas”.

Fue a principios de 2024 cuando la Policía Nacional y la Policía Local de Palma comenzaron a investigar al agente, que no solo cuenta con habitáculos en esta zona de Gomila, sino también en las proximidades de la calle Manuel Azaña y las zonas de Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria. Una vez personados en los mismos, los agentes comprobaron que muchas de las infraviviendas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de ‘vivienda’ de entre ocho y 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se encontró alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas para poder sobrevivir, como las caravanas y otros vehículos similares que se hacinan en varias zonas del extrarradio de Palma.