
El fiscal general defiende su presencia en la apertura de los tribunales: “Creo en la justicia y en la verdad”
García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo, reconoce las «singulares circunstancias» en las que se encuentra y pide «respeto» para el trabajo de los fiscales
La derecha política y judicial convierte la apertura de los tribunales en un acto contra el Gobierno
“Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”. Con estas palabras, el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, ha defendido este viernes su presencia en el solemne acto de Apertura del Año Judicial después de que la derecha judicial y política haya reclamado su veto en este arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI.
García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo para ser juzgado por revelación de secretos, ha acudido al Tribunal Supremo cumpliendo el mandato legal que regula la participación del jefe del Ministerio Público en este acto para dar cuenta de la memoria de la institución. Su intervención, no obstante, ha tenido lugar en un ambiente de enorme tensión después de que las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos a iniciativa del PP reclamaran que no acudiera. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha estado presente en el acto al considerar que la presencia de García Ortiz es una “provocación”.
García Ortiz ha afrontado su intervención a la espera de que el Tribunal Supremo abra juicio oral contra él acusado de filtrar a la prensa el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se confesaba autor de dos delitos fiscales. En el mismo espacio se encontraba la Sala de lo Penal que lo juzgará. Antes, el juez que instruye la causa contra él, Angel Hurtado, tendrá que decidir si le suspende del cargo de forma cautelar, como pide la asociación de fiscales que ejerce como acusación en la causa.
En su discurso, el fiscal general ha dicho que es consciente de las “singulares circunstancias” de su intervención como consecuencia de su situación procesal. Y ha reiterado que es un “honor” participar en un acto “reglado” y presidido por el Jefe del Estado tal y como dispone la ley.
Las principales asociaciones de la derecha judicial afirmaron en un comunicado este jueves que su asistencia “constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado” y le pidieron que no acudiera “por respeto” al rey y a quienes integran las carreras judicial y fiscal. Los vocales, por su parte, reclamaron a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, el veto de García Ortiz dadas las “actuales circunstancias”, en referencia a su procesamiento.
García Ortiz no ha hecho alusión a estas peticiones y se ha limitado a reclamar el “máximo respeto” a la función de la Fiscalía española y al trabajo de todos los fiscales. “Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”, ha aseverado.
En su discurso, el fiscal general también se ha referido a la ola de incendios que ha asolado España durante este verano y que ha arrasado con más de 400.000 hectáreas. García Ortiz ha reconocido el “limitado papel” del Derecho penal ante este fenómeno y ha llamado a actuar con “prudencia y rigor frente a soluciones simplistas”. “Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la caza del hombre, a la represión penal”, ha añadido.
Asimismo, el jefe del Ministerio Público ha cargado contra los discursos negacionistas sobre la violencia machista que enarbolan formaciones de extrema derecha como Vox y ha afirmado que “es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas” desde la entrada en vigor de la ley de 2004. Sólo durante el año pasado se interpusieron 200.000 denuncias por violencia de género, ha detallado García Ortiz, que ha explicado que la Unidad especializada de Violencia sobre la Mujer hace un registro y seguimiento de estas denuncias. Y que de esos casi tres millones, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. El promedio desde 2009 es del 0,0082%.