Ni llamar al alcalde ni alojar agresores machistas en hoteles: los errores de Tinajo con los protocolos policiales

»Cuando existe algún conflicto de violencia de género […] la Policía me llama. Me dicen »Suso, tenemos un problema. O a este hombre se le busca de dejarlo a esta mujer (sic) o hay que detenerle. Hay hijos por el medio». Yo le digo: »Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel». Con estas declaraciones, el alcalde de Tinajo (Lanzarote), Jesús Machín (Coalición Canaria), justificó en un pleno municipal una serie de facturas correspondientes a noches de hotel pagadas con fondos públicos. Sus declaraciones corrieron como la pólvora y pusieron en alerta a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad ante un posible incumplimiento de la ley en materia de protección de las víctimas de violencia de género.

Diferentes documentos establecen en Canarias cómo debe actuar la Policía Local en casos de violencia machista, pero en ninguno de ellos aparece alojar a maltratadores en un hotel ni llamar al alcalde para consultar la detención del agresor. »Está claro que, ante una llamada por una posible violencia de género, ante hechos que revistan carácter delictivo, tenemos que detener de oficio, sin consultarlo con nadie», sostienen fuentes de la Policía Local de Arrecife, la única en la isla que cuenta con una Unidad de Menores y Familia (UMEF), especializada en prevención y protección integral de las víctimas de violencia de género. 

Estas fuentes citan el Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia de género, elaborado en 2005 por el Gobierno de España. »Ante este tipo de actuaciones, nosotros procedemos a la detención, y quien tiene que tener conocimiento de ella es la autoridad judicial», subraya. 

En esta línea coincide Eloy Naranjo Perera, subinspector responsable de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) y el Grupo Adscrito de Policía Judicial (GAPJ) de Las Palmas de Gran Canaria: “Según el Código Penal, el policía tiene la obligación de intervenir ante todo hecho delictivo que sea perseguible de oficio”. »Evidentemente, ni el concejal ni el alcalde tienen la potestad en ningún caso para tomar la decisión de si se procede o no a la detención de una persona», añade. En los casos de injurias y vejaciones, no se debe proceder a la detención de oficio porque se requiere denuncia de la parte agraviada, aunque la asistencia psicológica determinará después si la mujer es víctima de maltrato psicológico. 

Naranjo explica cómo se actúa en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. »El personal uniformado se desplaza hasta el lugar y se tiene una primera toma de contacto con la víctima y con el agresor», comienza. El subinspector indica que la mayor parte de la plantilla ha recibido la formación necesaria para saber que tienen que hacerlo por separado, donde la mujer y el agresor no se vean y no se escuchen entre ellos. »Una vez hecha esta primera entrevista y se tiene claro que es violencia de género, se nos activa a nosotros», continúa Naranjo.

Una vez en el lugar de los hechos, una patrulla procede a la detención inmediata del agresor y la UPAL se entrevista con la mujer. Los agentes le dan cita con la psicóloga de la Unidad para que sea atendida cuanto antes. »Se activa el DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas del Gobierno de Canarias), la trasladamos al centro médico para que se le haga un parte de lesiones y luego la llevamos a formular la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. A partir de ahí, la acompañamos hasta la celebración del juicio», explica el subinspector. 

Cuando hay condena, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, se le asigna a la víctima un policía de referencia que realiza las labores de protección. »Los agentes no topamos con el concejal, y mucho menos con la alcaldesa. Cada uno tiene sus funciones y nosotros intervenimos cuando hay que intervenir. Con quien tocamos es con la Policía Nacional, porque es el cuerpo al que presentamos el detenido», sostiene Naranjo. Asimismo, las instalaciones de la UPAL están separadas de la Jefatura de Policía Local para garantizar el anonimato de la víctima y evitar su revictimización.  

El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Igualdad elaboraron el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de las Víctimas de Violencia de Género en la Comunidad Autónoma Canaria. Este documento también recoge cómo deben actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad, »actores clave para combatir la impunidad de la violencia de género», según Naciones Unidas. Recopilar pruebas, gestionar la seguridad y la protección de la víctima y evaluar su nivel de riesgo son algunas de las acciones que deben desarrollar los agentes. 

Revelar dónde se alojan las víctimas

Cuatro días después del pleno y pocas horas después de que se hicieran públicas sus declaraciones, el alcalde de Tinajo pidió disculpas y desmintió que hubiera dado alojamiento a agresores. »Muy al contrario, las medidas adoptadas tanto por la institución como por la Policía Local de Tinajo han estado siempre dirigidas a garantizar la seguridad de las víctimas, que es a quienes se les ha dado alojamiento en situaciones de especial vulnerabilidad», defendió Machín en un comunicado. 

»La prioridad municipal es ofrecer hospedaje y protección preventiva a la víctima, cuando esta se niega a presentar denuncia, mientras se sustancia la eventual denuncia de oficio por parte de la Policía Local u otras fuerzas de seguridad», dijo. 

El histórico dirigente de Coalición Canaria justificó que estas »soluciones alternativas» se adoptan por la »falta de pisos tutelados a disposición de las víctimas, como sí tienen otras administraciones». En declaraciones públicas ofrecidas a Televisión Española el día después del estallido de la polémica, el alcalde dijo que se ofrecen este tipo de alojamientos a las víctimas cuando no tienen dónde quedarse y cuando tienen menores a su cargo.

»Pues vamos al hotel, que hay un acuerdo muy económico para que esa persona esté garantizada sin ningún tipo de agresión», aseveró. Sin embargo, cometió otro error. Revelar el nombre del establecimiento en el que supuestamente se aloja a las víctimas. »Es gravísimo, máxime si estamos hablando de un municipio tan pequeño, donde víctima, agresor, amistades y familia de ambos conviven en un lugar tan pequeño», sostiene Kika Fumero, asesora de políticas públicas en Igualdad, Violencia de Género y Derechos Humanos. 

»Cuando las mujeres abandonan el domicilio en estas circunstancias, es el Gobierno de Canarias el que se encarga de alojar a la víctima. Van a lugares donde los agresores no saben dónde están. Ni tampoco los policías. Cuando tenemos que hacer un acompañamiento lo hacemos en un punto neutro, porque los policías podemos ser agresores mañana y no debemos saber dónde están esas casas. Debe primar el anonimato total», insiste Eloy Naranjo. 

El policía explica además que de la acogida se encarga el DEMA, no el Ayuntamiento. »Este no aloja a nadie. Le puede ofrecer recursos de forma paralela, como una trabajadora social o una psicóloga», apostilla. »De todas formas, estos pisos no se llaman “pisos tutelados”. Son pisos de acogida inmediata y luego, una vez valoradas las víctimas, pasan a pisos de acogida», añade la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad. 

»Jamás se ha dejado a ninguna mujer fuera. Se les acoge en los centros y pisos, servicios públicos que están financiados mitad por los cabildos y mitad por el Instituto Canario de Igualdad (ICI)», sostiene Fumero. Estos recursos cuentan con profesionales del ámbito jurídico, del trabajo social y de la psicología para ofrecer un acompañamiento integral a las víctimas y a los menores.

La Jefatura de la Policía Local de Tinajo ha querido aclarar también en un comunicado que »en ningún caso se ha procedido a trasladar o facilitar alojamiento a personas denunciadas o investigadas como presuntos agresores en materia de violencia de género». Sobre las declaraciones realizadas por el alcalde, el cuerpo policial ha insistido en que »siempre ha actuado dentro de la legislación vigente». 

Llamar “percance” a la violencia machista

En su intervención en el pleno, Machín hizo referencia a la violencia de género con conceptos como »percances» o »conflictos». Para Kika Fumero, el uso de estos conceptos »aprovecha la ola del negacionismo de la violencia de género» y trata de imponer una narrativa social. »El impacto que tiene es un retroceso en la narrativa. Lo que les interesa a la derecha y a la ultraderecha es intentar retroceder todos los avances del feminismo y volver al lugar que les interesa, donde sus privilegios estaban garantizados», valora la experta.

»Dejando de hablar de violencia de género y empezando a hablar de nuevo de conflictos domésticos y problemas en la intimidad familiar lo que se hace es destruir toda la narrativa y la concienciación que tanto nos ha costado transmitir a la sociedad», añade. »En esa manera de contar los hechos hemos hecho un gran trabajo, no solo con la sociedad en general, sino también a través de los medios de comunicación, que tienen el altavoz y esa capacidad de generar conciencia», recuerda la experta.

Sobre alojar a agresores en hoteles con dinero público, Fumero insiste en que es »un atentado y un ataque frontal contra todas las víctimas de violencia de género». »No me sorprende, porque forma parte del mismo discurso de quienes hablan de altercados domésticos o conflictos pasionales. Están llevando la presunción de inocencia hasta tal punto que a quienes sientan en el banquillo es a las mujeres, mientras dan privilegios a los maltratadores», concluye.