Machismo, agresividad y humillaciones del jefe: el infierno que reventó la UCI pediátrica de La Paz

La unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital de La Paz vivió un terremoto que acabó con su cierre temporal en los primeros meses de 2024. Los facultativos se negaron a volver al trabajo mientras su superior, Pedro de la Oliva, al que habían denunciado por acoso y hostigamiento, siguiera al frente del departamento. Los tribunales terminaron avalando su cese y, una vez jubilado, una nueva sentencia revela los detalles del ambiente que generó y que llevó al colapso de una de las divisiones clave del hospital: “Graves faltas de respeto, tono menospreciante” y un trato distinto a las madres “por su género” que, según los jueces, justificaban una de las sanciones impuesta antes de su cese definitivo.

De la Oliva forma parte de uno de los sectores críticos de La Paz desde los años 90, pero fue puesto al frente de su UCI pediátrica en 2013. Se trata de una referencia a nivel nacional por la que pasan cientos de menores y que quedó al borde de la desaparición hace un año y medio. Cuando se enfrentó a un cierre técnico porque buena parte de los médicos cogieron baja o renunciaron a sus contratos denunciando que su jefe les sometía desde hace años a un “trato vejatorio”.

El caso terminó en los tribunales. Las primeras resoluciones dieron la razón a De la Oliva y una jueza obligó al hospital a readmitir al responsable del departamento al entender que detrás de su cese no había “acoso” sino médicos insubordinados a las órdenes de su jefe. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) terminó dando la razón a la Consejería y avaló su cese definitivo. Pero los tribunales todavía tenían pendiente decidir si una sanción de ocho meses que se le impuso tiempo antes tenía o no fundamento.

Esa sentencia, dictada antes de agosto y a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que la dirección de La Paz le suspendiera temporalmente por una falta muy grave de “desconsideración con los subordinados”. Una resolución –ya cuestionada por los abogados de De la Oliva para solicitar aclaraciones y rectificaciones– que refleja cómo las denuncias de los facultativos de la UCI arrancaron en el primer año de pandemia y llegaron a su punto álgido cuando casi todo el servicio se dio de baja cuatro años después.

Los jueces describen en primer lugar las “graves faltas de respeto hacia compañeros y subordinados” a las que sometió a algunos miembros de su equipo, destacando, de entre otros casos recogidos en el expediente, una reunión de septiembre de 2020 en la que “trató de manera desconsiderada” a una de las facultativas porque discutió su postura sobre un paciente, acusando a su subordinada de “no usar la razón adecuadamente”. Unas semanas después, describe también el Tribunal Superior, usó un “tono menospreciante” para dirigirse a varios compañeros en otra reunión.

Menospreciadas por “su condición de madres”

Varias de las quejas que pasaron a formar parte del relato de hechos probados en este pleito incluyen “expresiones menospreciantes hacia compañeras, subordinadas, precisamente por su género femenino y condición de madres”. Según se declaró probado, el entonces jefe de la UCI pediátrica se refería a estas mujeres como “las madres” del departamento y mantenía charlas con ellas para pedir que aumentaran su rendimiento tras tener hijos, algo que no hacía con los hombres.

Esta acusación se sustenta tanto en los testimonios de varios trabajadores y trabajadoras de La Paz como también en una grabación de dos horas aportada por los afectados, cuyo contenido según la defensa de De la Oliva no ha sido correctamente transcrito. “Estás completamente parada, yo entiendo que te has parado durante un periodo de tu vida como mujer, eso se entiende, y lo descuento, ¿vale?”, le dijo a una de las mujeres de su servicio en esa reunión grabada.

“Emplea calificativos machistas, afirma que las mujeres rinden menos por ser mujeres, que toman decisiones clínicas influenciadas por sus emociones o por ser madres”, explicó uno de los médicos que testificaron a lo largo de este proceso disciplinario. Diversos facultativos, hombres y mujeres, incidieron en cómo sus “expresiones humillantes” tenían por objetivo que su rival “pierda la dignidad”, mostrando “un constante desprecio por el conocimiento de otros compañeros”. “El lenguaje que utiliza cada vez va elevando más el tono, es amenazante, intimidatorio y el lenguaje verbal es agresivo también”, explicó uno de los testimonios.

Una de las doctoras detalló las consecuencias de esta actitud en una unidad de cuidados críticos donde las decisiones pueden llegar a ser la diferencia inmediata entre la vida y la muerte. “Inhibe nuestra capacidad de decisión del trabajo en un servicio de críticos. Por las características de mi trabajo tengo que tomar decisiones por las que depende la vida de los pacientes. A lo largo de los años esa capacidad de decisión ha estado influenciada por el miedo al descrédito, al ataque y a la vejación a la que hemos sido sometidas”, explicó. “Una de las enfermedades del servicio es que no se opinaba libremente”, añadió otro de ellos.

“No hace sino aplicar un estereotipo de género”

Esta sentencia del TSJM que avala la sanción de ocho meses de suspensión no tiene efectos prácticos: Pedro de la Oliva fue cesado con aval judicial hace más de un año y en la actualidad está jubilado. Sus letrados, según explican fuentes del caso a elDiario.es, han solicitado que sea aclarada y completada antes de decidir si van hasta el Tribunal Supremo después de que sus argumentos no hayan prosperado en esta instancia. Alegan, entre otras cosas, que su forma de dirigirse a sus subordinados eran solo “expresiones de disgusto o desacuerdo”.

El tribunal entiende que para dirigir una unidad “tan importante” como la UCI pediátrica de La Paz no es “permisible” ese tipo de conducta. “Una cosa es que se impartan instrucciones y se discrepe del criterio de otros facultativos (…) otra muy diferente es que tales instancias, directrices o recriminaciones se realicen con la falta de respeto y consideración que aquí es posible apreciar en un ámbito público”.

El TSJM destaca que utilizó “argumentos relativos al género femenino de las personas subordinadas para hacer aparecer que, por su condición de mujeres y madres, carecen de metas profesionales y de la capacidad de remontar la situación en que se interrumpen sus funciones profesionales por el simple hecho de la maternidad, como si por ser madres el resto de sus capacidades desaparecieran o necesitaran de la ”arenga“ del superior, hombre, para despertarlas de nuevo”.

En esas grabaciones, impugnadas por la defensa del doctor ya jubilado, las juezas destacan que se refería a sus subordinadas como “tremendamente inteligentes” pero con ello no hacía sino “aplicar un estereotipo de género” que deriva en un trato discriminatorio hacia ellas “al implicar que las mujeres facultativas del servicio, no los facultativos hombres, son incapaces de remontar, sin su ”estímulo“, situaciones con fuerte carga emocional, como serían la maternidad o, incluso, la atención a pacientes de la UCI cuya vida y salud están comprometidas”.

La defensa de De la Oliva, que siempre ha negado estas acusaciones y ha solicitado aclaraciones y complementos a la resolución, reclamaba al tribunal que especificara qué pruebas tenía no solo de los hechos, sino de su intención de hacer la vida imposible a todos los trabajadores de su departamento. Las magistradas del Tribunal Superior de Madrid destacan la “amplia actividad probatoria” del expediente disciplinario para entender que “ninguna duda cabe” de que los hechos ocurrieron así y que esa sanción de ocho meses de suspensión, previa a su cese, fue correctamente impuesta. Sí reconoce el tribunal que la carta que firmaron 37 facultativos detallando la situación no puede ser considerada una prueba sino, en todo caso, una primera denuncia.

Los tribunales terminaron avalando en firme su cese definitivo, pero por el camino una sentencia, posteriormente revocada, obligó a readmitir a De la Oliva en la UCI pediátrica de La Paz, llegando a afirmar que no solo no hubo acoso, sino que todo lo que reflejaban las quejas de los médicos era un “claro incumplimiento” de las órdenes de su jefe. Un año y medio después del conflicto la UCI pediátrica sigue en funcionamiento con La Paz recientemente envuelta en protestas de los trabajadores reclamando más medios y mejores condiciones.