Cantabria y Ryanair: dos décadas de ayudas públicas, destinos internacionales y presiones económicas de la aerolínea

La relación entre el Gobierno de Cantabria y la compañía irlandesa Ryanair se encuentra en unos de sus momentos de máxima tensión después de que la aerolínea hiciera pública esta semana su intención de reducir su capacidad un 38% en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a lo largo de los próximos meses, eliminando las conexiones aéreas con ciudades europeas como Roma, París, Viena y Milán.

“Es una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo, ya que muchas rutas serán económicamente inviables”. Así es como el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, detalló en la rueda de prensa de presentación de la próxima temporada las consecuencias que sus recortes supondrán para las comunidades autónomas afectadas, especialmente para los aeropuertos más pequeños, una decisión que justifican debido al incremento de las tasas aeroportuarias, que califican como “excesivas” y “poco competitivas”.

Tras más de dos décadas de relación, desde que en 2004 la compañía aérea irlandesa de bajo coste revolucionase el aeropuerto de Santander con su llegada, numerosos acuerdos entre ambas instituciones han modificado por completo el tráfico aéreo de este aeródromo hasta conseguir en 2023 su récord histórico, alcanzando una cifra superior al millón de pasajeros, media docena de aerolíneas operando vuelos y cerca de una treintena de conexiones aéreas nacionales e internacionales que conectaban con una decena de capitales europeas.

Crecimiento a costa de ayudas públicas

Las relaciones comerciales entre el Gobierno de Cantabria y la aerolínea irlandesa iniciaron en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, una etapa en la que fue común la construcción de aeropuertos en lugares vacíos, con escasa demanda, cuya viabilidad dependía de atraer operaciones aéreas. Sin embargo, los gobiernos regionales carecían de base legal para financiar directamente a las compañías, ya que ello suponía una subvención pública que estaba prohibida por la normativa europea de competencia.

La llegada de Ryanair a partir de 2004 a Cantabria fue apoyada económicamente por el Gobierno bipartito del PSOE-PRC de entonces, presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla, que pagó cerca de un millón de euros anuales para que el aeropuerto creciese, y lo hizo mediante mecanismos “estratégicos” que permitían articular estas prácticas.

Sin embargo, estas ayudas y subvenciones encubiertas a Ryanair primero, y a otras compañías posteriormente, han sido motivo de polémica durante años, principalmente por que se gestionaban con un alto grado de opacidad, amparadas por cláusulas de confidencialidad, siempre con el riesgo de que pudieran ser declaradas ilegales o fueran denunciadas por su impacto en la competencia.

De hecho, durante un periodo de tiempo concreto las ayudas concedidas por Cantabria estuvieron vigiladas por comunidades autónomas vecinas, como País Vasco y Asturias, que apelaban a la normativa de la Unión Europea que prohíbe interferir en la competencia “natural” entre agentes del mercado aéreo.

Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Transparencia y las sucesivas reformas normativas de los últimos años, se articularon fórmulas legales que han permitido mantener estos apoyos, ahora sí con la publicación de las cantidades económicas que se invertían en estas operaciones. En el caso de Cantabria, dichos acuerdos con aerolíneas de bajo coste se han canalizado desde hace años mediante patrocinios turísticos que implicaban el mantenimiento de las rutas aéreas.

18 millones de euros en 2024

Sin ir más lejos, el año pasado Ryanair llegó a firmar un total de 18 millones de euros por parte del Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública Cantur a cambio de promocionar la comunidad autónoma como destino turístico durante los siguientes cuatro años en países como Reino Unido, Irlanda, Austria, Francia, Bélgica e Italia.

Sin embargo, a pesar de esta inversión pública a largo plazo, la aerolínea ha recortado drásticamente su actividad en la comunidad apenas un año después del acuerdo, un desenlace que evidencia la fragilidad de las prácticas empleadas por ambas partes y la dependencia de Cantabria de un operador privado que ahora amenaza con reducir de forma efectiva los destinos con diversas capitales europeas que dieron vuelo y permitieron crecer al aeropuerto de Santander en las dos últimas décadas.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ya ha anunciado que reaccionará “con gestión y buscando los apoyos oportunos” para intentar “revertir” la decisión de Ryanair de eliminar este invierno cuatro rutas en el aeropuerto Seve Ballesteros, y en otras comunidades, por el “conflicto” que mantiene el Ejecutivo central con la aerolínea irlandesa por las tasas aeroportuarias.