El récord de propiedades de la senadora del PP Maria Salom: diez casas, ocho locales y 20 plazas de parking

Diez casas, ocho locales y 20 plazas de aparcamiento. Los senadores suelen mantener inversiones en ladrillo, pero la histórica del PP balear Maria Salom destaca por encima de la media. Es, de hecho, la que más inmuebles aglutina de los 288 cargos que se sientan en la Cámara Alta, tal como consta en su declaración de bienes patrimoniales y rentas, documento que presentan los senadores al recoger su acta como parlamentarios y que pueden modificar a lo largo de la legislatura.

En total, los 264 parlamentarios que conforman el Senado suman un patrimonio inmobiliario que asciende a 539 inmuebles, entre pisos, apartamentos o viviendas unifamiliares. Por grupo parlamentario, el PP, partido mayoritario en la Cámara Alta -con hasta 144 senadores-, es la formación cuyos senadores más inmuebles acumulan: unas 337 viviendas. El 68% de todos ellos tiene más de una vivienda. Por detrás se sitúa el PSOE, con 88 parlamentarios que ostentan más de 155 viviendas (el 48%, con más de una casa). Mientras tanto, en el caso de ERC-EH Bildu, cada integrante dispone de una única vivienda –hay dos que ni siquiera declaran casa propia– y no hay ninguno que tenga más de un inmueble, de acuerdo a los datos recogidos por Europa Press.

Nacida en Inca en 1967, María Salom ha desarrollado una extensa carrera en el PP balear: bajo las siglas populares comenzó su trayectoria como regidora en Inca en 1991 y pronto dio el salto al Parlament autonómico. Desde entonces ha ocupado cargos de peso tanto en la política insular como en la estatal: fue presidenta del Consell de Mallorca entre 2011 y 2015, delegada del Gobierno entre 2016 y 2018, diputada en el Congreso, consellera en la oposición y senadora, cargo que mantiene en la actualidad. Su recorrido la ha consolidado como una de las figuras históricas del PP en las islas, con más de tres décadas de presencia continuada en las instituciones.

Su carrera, sin embargo, no se entiende sin las polémicas que han jalonado su trayectoria y que la han colocado en el centro del debate político y mediático en múltiples ocasiones. Uno de los episodios más recordados es el del caso del Túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra el PP isleño. Tal como declaró probado la Justicia, la concesión de las obras de esta infraestructura vino acompañada de un soborno de 50 millones de euros por parte del adjudicatario de la construcción. Los fondos acabaron en manos de la Fundació Illes Balears, propiedad del entonces presidente balear, Gabriel Cañellas (AP/PP) y redistribuidos, en diez cheques de cinco millones de pesetas cada uno, entre proveedores de la campaña electoral del PP previa a los comicios europeos de 1989. 

Así lo hizo constar en una histórica -y demoledora- sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), que, pese a considerar probado el delito de cohecho que llevó a Cañellas al banquillo de los acusados, lo declaró finalmente prescrito. A nivel político, sin embargo, la infraestructura cavó la tumba del expresidente autonómico, cuya dimisión conminó José María Aznar.

Las investigaciones pusieron el foco en Meydis Baleares, empresa que acababa de constituir Salom, en una de cuyas cuentas se documentaron cuatro cobros de 400.000 pesetas en total presuntamente procedentes del soborno del túnel, aunque nunca se derivaron responsabilidades penales de ello. La ahora senadora ha continuado siendo señalada como la “cajera” de la causa por parte de cargos de otras formaciones. El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, se lo recordó el año pasado. Tras manifestar que fue el actual Govern del PP el que dejó prescribir el expediente de devolución de los 2,6 millones de euros pagados en mascarillas durante la pandemia, aseveró que, precisamente, también “la prescripción fue la que salvó” a la senadora balear “en un caso de corrupción en Balears”: “¿Recuerda usted el caso del túnel de Sóller?”, le espetó.

Enfrentamiento con Pablo Iglesias y el retorno de los símbolos religisos

Salom ha protagonizado, además, sonoros enfrentamientos como el que mantuvo con Pablo Iglesias en 2020, cuando acusó al entonces vicepresidente del Gobierno de ser “un machista incoherente” por el ‘caso Dina’. “Usted en un momento determinado decidió lo que era mejor para una mujer sin preguntarle a ella qué opinaba”, profirió, lo que motivó una fuerte réplica del dirigente de Podemos, quien acusó al PP de tener “cuentas en paraísos fiscales”, de “financiación ”ilegal“ y de machismo. ”De lo que me está acusando es de ser dirigente del PP“, ironizó Iglesias, instando a Salom a que le lanzase acusaciones más verosímiles, como el querer más impuestos a las capas más ricas de la sociedad, el aspirar a una banca pública o querer ”una república para su patria“.

Durante su etapa al frente del Consell de Mallorca, y con el PP de nuevo al frente de las instituciones isleñas, la iglesia recobró su protagonismo. Salom mantuvo una presencia activa en actos de carácter religioso y acudía con frecuencia a ceremonias católicas en representación institucional, como la misa del Sant Crist de la Sang en Palma, donde llegó a ocupar un lugar destacado en la bancada del presbiterio, junto a los sacerdotes. Unas imágenes que simbolizaron el regreso visible de los símbolos religiosos al ámbito público balear en un contexto en el que se cuestionaba la aconfesionalidad de las administraciones.

Como delegada del Gobierno entre 2016 y 2018, Salom recurrió las ayudas destinadas a ayuntamientos y empresas para poder rotular en catalán al considerar que “la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra”. Por su parte, la entonces presidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, no tardó en responderle: “Me parece lamentable que se utilice a las administraciones del Estado para ir en contra de normativas que se han hecho siempre en estas Islas y que cuentan con el consenso del PP”. Dos años después, la Abogacía del Estado, a petición de la nueva delegada del Gobierno, la socialista Rosario Sánchez, retiró las impugnaciones interpuestas por su antecesora.

En los últimos años, Salom se ha distinguido por mostrarse severamente crítica con las decisiones del Gobierno central en materia de turismo y empleo público. En 2022 calificó como una “burla” el plus de insularidad de 74 euros que perciben los funcionarios en Balears, al considerarlo absolutamente insuficiente para compensar el sobrecoste de la vida en las islas. En 2024 también cuestionó con dureza el nuevo registro de viajeros en alojamientos turísticos, al que definió como un “gran hermano turístico” que ponía en riesgo la competitividad del sector.