Begoña Gómez defiende ante Peinado que su asistente le hizo un «favor” en ocasiones excepcionales

Begoña Gómez ha explicado este miércoles ante el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que su imputación por malversación de caudales públicos responde únicamente a que le pidió un “favor” a la persona contratada como su asistente en ocasiones excepcionales debido a la relación de amistad entre ambas, informan fuentes jurídicas.

En el último escrito de su defensa, el letrado de Begoña Gómez alude a ese favor —tres líneas al final de un correo a un patrocinador— como habitual en cualquier ámbito laboral, un “uso social” que no encaja en la acusación por delito de malversación que recoge el Código Penal.

Ante el juez, la mujer del presidente del Gobierno ha asegurado que la asesora Cristina Álvarez siempre se ha dedicado a las labores encomendadas, entre las que se encuentra la gestión de su agenda y la coordinación de su equipo de seguridad en función del protocolo de los eventos a los que tuviera que acudir, y ha enmarcado en un favor los dos correos que la asistente envió en su nombre en 2021 a directivas de Reale, aseguradora que financiaba la cátedra dirigía en la Universidad Complutense.

Begoña Gómez ha detallado que, en ocasiones, la asistente la acompañaba a actos oficiales y, con menor frecuencia, a actos particulares. Y que, por lo tanto, tenía acceso a gran parte de su correo electrónico. De lo contrario, ha afirmado, le habría sido imposible desempeñar sus funciones. La esposa del jefe del Ejecutivo ha reiterado que las cuestiones vinculadas a su actividad profesional las gestionaba ella personalmente y que la asesora tenía copia de sus correos precisamente para poder administrar su agenda oficial y tener conocimiento de la agenda particular para poder coordinar los eventos. La asesora también estaba citada a declarar este miércoles, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.

En agosto, el magistrado se amparó en el aval que la Audiencia de Madrid dio el pasado junio su investigación sobre un presunto delito de malversación para seguir adelante con las pesquisas y citar por primera vez a Begoña Gómez para responder por estos hechos. Begoña Gómez ya figuraba como imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida en las distintas ramificaciones del caso.

Peinado ya investigaba desde enero si la Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, participó en una malversación de fondos públicos al enviar dos correos electrónicos de parte de Begoña Gómez, lo que excedería las funciones de su cargo, según el juez. Respecto a la asesora, que ya declaró por estos hechos, el juez afirmó que “no se alcanza a percibir en qué medida” la asistente había podido malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”.

La defensa de Begoña Gómez alega que en dos años de instrucción no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez participara en un delito de tráfico de influencias por firmar dos cartas, en nombre de la cátedra que dirigía. Las cartas, alega, son habituales en los procesos de contratación pública de carácter tecnológico. Lo que recomienda, continúa esta tesis, es el programa, al tiempo que trasladan la voluntad de colaborar en la aplicación de éste, pero no se trata de primar a un ofertante sobre otro. En este sentido, alegan otras instituciones firmaron cartas idénticas. En consecuencia, si Begoña Gómez no participó en el tráfico de influencias difícilmente podría haber malversado fondos públicos para obtener tal fin.