La jueza de la dana reprocha que la Generalitat «omite» la llamada de la Aemet que Mazón difundió manipulada

La jueza de la dana ha acordado este miércoles que se acuerde obtener testimonio de las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria sobre el audio de la llamada entre una predictora de la Aemet y una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias, a las 12.01 del pasado 29 de octubre que se filtró manipulada a determinados medios de comunicación a pesar de tratarse de una comunicación reservada. Se trata de una llamada que “omite” Emergencias de la Generalitat en un reciente informe remitido a la jueza instructora. “Lo aportado no corresponde. a lo peticionado”, sostiene el auto.

El informe incorporado a la causa excluyó parte de las transcripciones de las llamadas entre la Aemet y la Generalitat, tal como ha informado este diario.Concretamente,e la llamada que el president Carlos Mazón difundió en sus cuentas oficiales de redes sociales la versión manipulada del audio, que daba a entender que las predicciones de Aemet habían fallado (por el contrario, en la versión completa de la grabación, la predictora alertaba de que “a las 15.00 empezará lo peor, como hasta ya las 18.00 de la tarde”, tal como ocurrió la tarde de la dana).

Para la magistrada, resulta “significativo” que la única persona que identifica el informe de Emergencias es José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet. Por otro lado, el informe también “omite” la llamada “cuya difusión pública alterada” ha dado pie a la apertura de diligencias en el juzgado de Llíria tras una denuncia de la Aemet. “Ello exige la obtención del testimonio de las diligencias llevadas a cabo en dicho órgano para su incorporación a este proceso”, afirma el auto.

El sindicato CGT, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, pidió el pasado 8 de septiembre que se incorporara la “transcripción completa” de la conversación entre la predictora de la Aemet y la técnica de Emergencias, al detectar que algunas se habíanexcluidoo a la carta.

La jueza, por su parte, recuerda que todas las solicitudes de comunicaciones en el marco de la causa se han ajustado “siempre y en todo momento” al consentimiento de los partícipes.

Así, la resolución acuerda que se obtenga testimonio de las diligencias abiertas en el juzgado de Llíria por la filtración del audio y pide al Centro de Coordinación de Emergencias que, en el plazo de tres días, identifique a los funcionarios que solicitaron a la Aemet que se ajustara la predicción “a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer su evolución”.

Informes de Susana Camarero sobre la residencia de Paiporta

Por otro lado, la jueza también ha pedido a la Conselleria de Servicios Sociales, que dirige la vicepresidenta primera Susana Camarero, los “informes que se hubieran efectuado” sobre los fallecimientos por la dana en la residencia de personas mayores de la empresa Savia en Paiporta.

Se trata de una diligencia solicitada por una de las acusaciones particulares personadas en la causa (en la residencia de Paiporta fallecieron seis usuarios). La letrada pedía las “comunicaciones” remitidas desde la conselleria de Camarero, Protección Civil o el Ayuntamiento de Paiporta, entre otras diligencias enfocadas a la “existencia una presunta negligencia en la actuación de los responsables de la residencia”, según la instructora.

“Ha de tenerse en cuenta que no solo dicha residencia, sino la población en general, sufrió la falta de avisos a la población al objeto de que se adoptaran medidas de autoprotección”, recuerda la resolución.

La “inactividad patente” de la Administración autonómica

La magistrada ha rechazado parte de las diligencias (a excepción de la petición de los informes del departamento que dirige Susana Camarero). “Dichas diligencias ahondan en dicha posibilidad y partirían de indicios de responsabilidad penal que no estima esta Juez de Instrucción concurran, por más doloroso que pueda suponer la pérdida a sus familiares”, afirma.

Además, ya declararon en la causa como testigos los trabajadores de la residencia. El procedimiento se centra en la “inactividad patente de la Administración autonómica competente en materia de protección civil”. A partir de este criterio básico, sobre el que pivota toda la causa, sí que resulta “factible” la solicitud a la Conselleria de Servicios Sociales de los informes que “se hubieran efectuado” sobre el fallecimiento de los ancianos de la residencia de Paiporta.