El Gobierno busca una solución para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos

Un año después de la firma del último acuerdo sobre pensiones, un asunto que entonces pasó desapercibido sigue coleando. Si los sindicatos iniciaban el pasado curso político rubricando un acuerdo tripartito con el presidente del Gobierno y la patronal, en este ejercicio han puesto sobre la mesa del Ministerio de Seguridad Social el freno que supuso para decenas de empleados públicos, cuyo derecho a la jubilación parcial se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para la incorporación de los relevistas.

La ministra Elma Saiz se reunió este jueves con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, para abordar la agenda del diálogo social del próximo curso. En esta reunión, los representantes sindicales urgieron al Gobierno para que corrija algunos “elementos” que quedaron en el aire con la reforma, lo que ha dejado en el limbo al personal laboral que tenía la jubilación parcial recogida en sus convenios y que podía optar por esta modalidad, que permite compatibilizar durante los últimos años de su vida laboral sueldo y pensión.

La nueva normativa obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad. Hasta el 1 de abril, cuando entró en vigor esta parte de la reforma, el personal laboral de organismos y empresas públicas podía dar el relevo a otro trabajador, contratado de forma temporal.

Para tratar de paliar el embrollo, el Ministerio de Función Pública implantó una tasa de reposición adicional. El objetivo era “garantizar la jubilación parcial del personal laboral del sector público” y que este “no pierda ese derecho”. La solución fue habilitar la posibilidad de convocar ofertas extraordinarias de empleo público, a cargo de cada administración o entidad. El propio Ministerio que dirige Óscar López fue el primero en anunciar una, de 1.000 plazas, para aquellos trabajadores públicos con derecho a acogerse a esta modalidad de retiro entre el 1 de abril de 2025 y el 1 de julio de 2026.

En la práctica, la materialización de esa oferta no es inmediata. Se anunció en junio y todavía está en proceso, dentro de los plazos normales. Pero un trabajador que cumpliera los requisitos y quisiera acogerse a esta modalidad el mismo 1 de abril, habría perdido ya cuatro meses. Los sindicatos han trasladado a la ministra Saiz la necesidad de atajar la “parálisis” de muchas administraciones públicas a la hora de activar esos procesos. En concreto, Sordo señaló que han puesto “encima de la mesa un planteamiento para resolver esto en las próximas semanas”.

Ese planteamiento que han llevado al Gobierno las organizaciones sindicales pasaría por incorporar una excepción en la regulación actual que diese a las administraciones públicas un margen razonable para incorporar al relevista, una vez que el empleado público hubiese pasado ya a la situación de jubilación parcial anticipada. Esto permitiría que los trabajadores que ahora están esperando por su relevo, puedan acogerse a esta modalidad de retiro antes de que se produzca la incorporación.

Fuentes ministeriales indican que este es un tema del que se va a continuar hablando en la mesa del diálogo social. Precisamente, aunque sin mencionar este conflicto concreto, Saiz defendió al término de la reunión que el diálogo social es “una herramienta fundamental”. “Tenemos todavía mucho margen para crecer, para avanzar en derechos sociales, en mejorar la vida de la ciudadanía”, indicó.

Las organizaciones sindicales están también pendientes del compromiso del Gobierno de recuperar la jubilación parcial para todos los funcionarios, que el popular Mariano Rajoy eliminó en una de las tandas de recortes de 2012. Una promesa que el ministro Óscar López hizo en diciembre de 2024 y que desde el Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos trasladan entre las reivindicaciones para el inicio de curso con las que instan al Gobierno a “cumplir” con los asuntos pendientes, como es la implantación de la propia jubilación anticipada, pero también la implantación de las 35 horas semanales, la mejora salarial, el desbloqueo de la ley de función pública o el fin de la tasa de reposición.