Murcia, una comunidad donde el ‘dinero negro’ equivale a su presupuesto: “Cobro ‘en b’ para que no me quiten la pensión”
Investigadores de la Universidad de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región concluyen que, si bien el volumen de la economía sumergida ha disminuido en los últimos veinte años, la dimensión del fraude fiscal y laboral continúa siendo “muy alta”
Las matemáticas no mienten y, muchas veces, la economía se reduce en consecuencia a porcentajes que suben y bajan, determinando si las cosas van bien o no. La realidad es un tanto más compleja, e incluso existen grandes volúmenes de capital que escapan a esta lógica. El mejor ejemplo es lo que se conoce como economía sumergida. El comúnmente llamado “dinero negro” es difícil de cuantificar, y la reticencia de quienes lo manejan a hablar de ello lo hace aún más complicado. No obstante, todo el mundo es consciente de que existe y muchos han estado en contacto con él, ya sea en ese bar donde no aceptan pagos con tarjeta o en esa empresa donde las horas extra se pagan en efectivo.
Un estudio de octubre de 2024 de la Universidad de Murcia (UMU) y el Consejo Económico y Social en la Región (CES) trató de medir, a través de un modelo estadístico, la economía sumergida en porcentajes, obteniendo un 15,8% del total del PIB en el caso de España y un 17,4% en el caso de Murcia.
El catedrático de Economía Aplicada José Colino, al frente del informe, no cree que los números actuales difieran mucho de aquellos del año 2022, la fecha más reciente incluida en el estudio. La principal conclusión que extrae, según cuenta a esta redacción, es que la economía sumergida se ha contraído desde el año 2004. En el caso concreto de la Región de Murcia, la reducción ha sido de cuatro puntos porcentuales y medio, y en el de España, de 6,1.
Economía sumergida e irregularidades laborales en la Región de Murcia. Estudio de 2024 del CES, la UMU y el Gobierno regional.
A pesar de ello, los números no dejan a nadie indiferente. Con un margen de error del 10% en su estimación, el estudio valora el volumen de la economía sumergida murciana entre un mínimo de 5.600 millones de euros y un máximo de 6.900 millones. La primera cifra, según los autores del análisis, corresponde a 8.500 euros anuales defraudados por cada murciano. La segunda, es prácticamente igual al crédito inicial del total de gastos del presupuesto liquidado de la Región de Murcia en 2022, triplicando el gasto en sanidad, el más relevante de todo el conjunto.
“Hay un patrón geográfico nítido en relación con la implantación de la economía sumergida en España. Las regiones meridionales, Canarias incluida y con la salvedad de la Comunidad Valenciana, presentan niveles superiores a los vigentes en las septentrionales”, aseguran los autores del estudio. Así, la Región de Murcia forma parte de un grupo de cinco comunidades, encabezado por Canarias y Andalucía, con registros semejantes y superiores a la media nacional, en el que también se encuentran Extremadura y Castilla-La Mancha.
La Región de Murcia, a la cabeza en irregularidades laborales
Murcia, a la cabeza en irregularidades laborales
La Región de Murcia es la comunidad donde el mayor número de investigaciones llevadas a cabo por Hacienda terminan en infracción laboral, y la segunda después de Catalunya donde mayor es su incidencia con respecto al total de la población activa, según concluye el informe. Sin embargo, los autores destacan que, del 28,4% de ocupados en el sector privado del país que decían no estar dados de alta en la Seguridad Social -la infracción más habitual en el histórico- en 1995, se ha pasado al 10,7% en 2023.
Pese a ello, hay sectores productivos en los que la economía sumergida es una realidad difícil de ignorar. Entre los más afectados, la agricultura, los trabajos del hogar o la hostelería. Es el caso de Lucía, que lleva décadas trabajando como empleada del hogar en Murcia sin estar dada de alta en la Seguridad Social. “Lo hago para que no me quiten una pensión que llevo años cobrando”, apunta a este diario, pidiendo conservar el anonimato.
Y es que existe un grupo de actividades terciarias, según explica Colino, en los que la no cotización a la Seguridad Social es todavía más habitual que en la hostelería y la agricultura. “Cada una de ellas parece irrelevante, pero todas ellas, en términos de empleo, sí lo son: gimnasios, peluquería y similares, fisioterapia, todo tipo de clínicas privadas, cuidados de niños y ancianos… Todos los indicios conducen a concluir que en este grupo heterogéneo de actividades el fraude laboral alcanza sus mayores cotas”, afirma.
¿Cuál es el perfil más propenso a incurrir en este tipo de actividades? “La mujer migrante”, señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), en declaraciones a este diario. El estudio, además de a los migrantes, también apunta a los parados de larga duración, los jóvenes que abandonan sus estudios y los trabajadores del hogar.
La solución pasa por la voluntad política
Mollinedo no cree que la economía sumergida se haya reducido drásticamente estos últimos años. Su teoría es que, cuanto más crece la economía, mayor es el fraude, y lo contrario sucede durante las crisis. “Las cifras de economía sumergida, aproximadamente, vienen siendo las mismas de forma habitual. De hecho, cada año se descubre más fraude tributario y eso no quiere decir que cada año se esté reduciendo la economía sumergida”, señala.
Para él, el problema se soluciona “con voluntad política”. Para ello, enumera cuatro medidas que podrían ayudar a combatir el fraude laboral: estudios periódicos independientes para cuantificar el volumen de la economía sumergida, una mayor colaboración con las administraciones territoriales, un aumento de la plantilla de técnicos e inspectores de Hacienda -asegura que están al 40% del total de la media de los países de la zona euro- y, por último, un reparto diferente de las funciones dentro de la propia plantilla.
Y es que, según Mollinedo, el 85% de la plantilla en la Región de Murcia solo tiene permitido por ley investigar fraude en empresas que facturan hasta diez millones de euros, por lo que solo queda el 15% restante para investigar a las grandes empresas. Ese 15% lo conforman lo que se conoce como inspectores de Hacienda: hay 48 en la ciudad de Murcia y ninguno en el resto de la Región, según GESTHA. “Cuanta más plantilla haya, más fraude se descubre y la propensión al fraude disminuye”, explica.
Colino coincide en la necesidad de dotar de más recursos a Hacienda, además de mejorar la coordinación e intercambio de información entre las administraciones públicas. A ello añade campañas de sensibilización ciudadana y una simplificación de los trámites administrativos y burocráticos que faciliten el “comportamiento normativo”.
Un plan regional de lucha contra la economía sumergida
El catedrático de la UMU asegura que todas estas propuestas se pusieron sobre la mesa el año pasado con el objetivo de que el Gobierno murciano desarrollara un plan de lucha contra la economía sumergida. Fuentes de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social confirman a este diario que ese plan se está ultimando, con la participación de representantes de la patronal y organismos e instituciones implicados, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
El plan, según la Consejería, “contemplará medidas destinadas a paliar los efectos adversos de la economía sumergida que permitan reducir la economía irregular, aumentar la formalización del empleo, mejorar la recaudación fiscal, incrementar la competitividad empresarial, mejorar la calidad del empleo y lograr mayor equidad en la carga tributaria”.
“La dimensión del fraude laboral y fiscal sigue siendo muy alta”, señalan por su parte los autores del estudio del CES y la UMU, que fue encargado precisamente por la Consejería de Empleo. Para los expertos, el cumplimiento fiscal y laboral se rige por un contrato que implica derechos y obligaciones por parte de los contribuyentes, pero también por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo exigir un estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales a la ciudadanía cuando buena parte de la misma cree que sufre una sobrecarga de impuestos debidos, en parte, a que los poderes públicos son incapaces de reducir el peso en el sistema de aquellos que los evaden?, se preguntan.