La consejera extremeña de Educación pone de acuerdo a toda la comunidad educativa, pero en su contra

La consejera extremeña de Educación, Mercedes Vaquera, ha conseguido generar consenso en toda la comunidad educativa, aunque en su contra. Estudiantes, familias, docentes, empresas y también todos los partidos de la oposición ha puesto a todos de acuerdo en contra de su gestión. Solo tiene el apoyo, por ahora, de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ni siquiera con su intermediación ha logrado evitar el conflicto y el caos, con amenazas y denuncias por la vía penal incluidas, con el que se ha iniciado el curso escolar en la comunidad.

Unos 5.000 estudiantes extremeños, sobre todo de zonas rurales, no disponen de transporte escolar para asistir a sus centros educativos. De las 579 rutas que hay en la región, que usan unos 16.000 jóvenes, 220 se quedaron sin adjudicar este verano. La respuesta de la Junta de Extremadura a solo seis días del inicio del periodo lectivo fue presentar una denuncia penal en un juzgado de Mérida contra seis empresas del sector a las que acusó de coacciones y chantajear al resto de compañías para que no se presentaran a las licitaciones y lograr un aumento de los precios que la administración paga por el servicio porque “no llegan para cubrir los gastos”, sostienen. Además, la administración acusa a las empresas de incumplir el acuerdo marco firmado en 2024, que recogía un incremento de los precios. La Junta asegura que se han subido los precios un 20% de media y hasta un 50% en algunas rutas, lo que supone 16 millones de euros más.

El Ejecutivo autonómico también solicitaba en la denuncia penal medidas cautelares para que las empresas se hicieran cargo de la prestación del servicio, pero la justicia rechazó el jueves, el día que los estudiantes regresaron a las aulas, la intención de la Consejería de Educación de obligar a las compañías a cubrir unas rutas por las que no habían licitado. En el auto se recoge que los hechos expuestos por Educación son “conjeturas” porque “no constan indicios racionalidad de criminalidad fundados” y recuerda a la consejería que hay otros recursos administrativos para garantizar el derecho a la educación.

Caos el primer día de clase

Ante la tardanza del juzgado emeritense en pronunciarse sobre las medidas cautelares, el departamento que dirige Mercedes Vaquera firmó el miércoles (24 horas antes de que los alumnos tuvieran que subirse a un autobús para ir a sus clases) una resolución administrativa para obligar a las empresas que no habían concursado a hacerse cargo de las rutas escolares que “históricamente” habían gestionado.

No sirvió para nada. Miles de jóvenes se quedaron el jueves en las paradas de autobús de sus pueblos y, en algunos casos, las familias tuvieron que llevarlos en sus coches a los colegios e institutos a decenas de kilómetros de sus domicilios. La consejera de Educación anunció otra denuncia en los juzgados contra las empresas que no acataron la resolución.

Varios estudiantes en la parada de Burguillos del Cerro (Badajoz) donde el viernes esperaban la llegada del autobús escolar

En vista de que el conflicto entre el Gobierno de María Guardiola y algunas empresas del transporte escolar puede alargarse durante varios días, Mercedes Vaquera ha decidido implantar la educación telemática en los centros escolares “coexistiendo” con la formación presencial “para atender a todos los alumnos, puedan asistir o no”. Además, la responsable de Educación se ha comprometido a arbitrar ayudas económicas para los padres que opten por trasladar a sus hijos a los centros con medios propios.

Se trata de un parche que ha enfadado más aún a la comunidad educativa. Las asociaciones de madres y padres, los alumnos, los docentes… todos han puesto el grito en el cielo con esta decisión de la Junta, que no ha sido consensuada ni consultada y que no saben cuánto tiempo durará. Las familias y los estudiantes han convocado protestas e incluso una huelga, que no será la única a la que tendrá que hacer frente la consejera en las primeros días del curso, puesto que los docentes han anunciado otra para exigir la equiparación salarial con el resto de maestros de España.

Protestas y huelga indefinida

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) ha llamado a concentrarse a las familias en las puertas de los centros educativos a partir del lunes todos los días “en señal de protesta y en defensa de una educación presencial, gratuita y en igualdad de condiciones para todos”.

Las asociaciones han advertido de que la enseñanza online no garantiza el derecho a la educación en igualdad y han llamado la atención sobre el hecho de que la Junta de Extremadura no puede asegurar que todo el alumnado afectado disponga de los medios tecnológicos ni de la conectividad necesaria para seguir una jornada lectiva de manera telemática.

Además, Freampa recuerda que los estudiantes son menores de edad, tanto de colegios como de institutos, que en muchos casos no pueden quedarse solos en casa durante seis horas si sus progenitores trabajan. “Esta situación traslada la responsabilidad y las consecuencias del conflicto con las empresas de transporte directamente a las familias, lo cual es inaceptable”, han explicado.

Los alumnos esperarán hasta el viernes 19 para iniciar una huelga indefinida que ha convocado la Federación Estudiantil de Extremadura (FADAEX) hasta que se resuelva el problema del transporte escolar. Además, han pedido a la Consejería de Educación el aplazamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) si la situación no se soluciona en un plazo de 30 días hábiles desde el próximo lunes.

La FADAEX han puesto el foco en que la carencia de transporte escolar para miles de estudiantes no solo afecta a su desarrollo académico, sino que vulnera un derecho fundamental: el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. “La falta de transporte obliga a muchos estudiantes a enfrentarse a una semipresencialidad forzosa que limita el aprendizaje y condiciona gravemente la igualdad de oportunidades”, ha recalcado esta federación.

Los jóvenes han recordado que durante la pandemia del covid-19 “se comprobó que la educación semipresencial o telemática no garantiza los mismos resultados que la enseñanza presencial, y que genera desigualdades especialmente graves en entornos rurales, donde muchos estudiantes carecen de recursos tecnológicos o conectividad suficiente”. Por eso han insistido en que se trata de “una discriminación clara: los estudiantes del mundo rural quedan en desventaja frente a aquellos que viven en zonas urbanas. La Consejería de Educación no puede mirar hacia otro lado mientras se revoca un derecho tan básico como es la igualdad en la educación”, según la tesorera de la FADEX, Emma Morga.

Los docentes también están en contra de las clases telemáticas, como ya han manifestado a través de los sindicatos PIDE, UGT y CCOO. El sindicato del profesorado PIDE ha valorado que es una decisión “del todo improcedente”  y no se trata de una solución “dado que un docente no puede tener un grupo de alumnos en el aula y otro en casa conectados telemáticamente”. Tampoco cree que sea una opción dejar solos a los niños en casa o que los padres abandonen su trabajo para quedarse con ellos “y todo por la incapacidad de la Consejería de Educación de llegar a un acuerdo que desbloquee esta situación”.

En opinión de PIDE, la mala planificación de la consejería “aboca, una vez más, a situaciones indeseables que afectan a miles de ciudadanos y crean un gran problema a los equipos directivos y a los docentes en los centros”.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha rechazado la educación telemática , que ha calificado como “solución improvisada” que supone una “regresión educativa y social”, sobre todo para el alumnado vulnerable. Este sindicato también ha advertido que esta “imposición” de la consejería genera dificultades para los docentes en el inicio del curso, que no conocen a su alumnado, no han podido planificar la enseñanza telemática y, en muchos casos, carecen de los medios tecnológicos necesarios.

La oposición anuncia medidas legales

La gestión de la consejera de Educación puede llegar incluso a los tribunales. El PSOE y Unidas por Extremadura estudian medidas legales para garantizar el derecho a la educación, incluida la denuncia si se llega a la conclusión de que este está siendo vulnerado. El secretario de Educación de los socialistas, Fran Amaya, ha considerado “inadmisible” que haya 5.000 estudiantes que no tienen forma de llegar a los colegios y que la Junta haya impuesto la educación telemática, lo que ha “generado un problema”.

“En ningún caso se puede arbitrar una medida de excepcionalidad como consecuencia de su torpeza política -la del Ejecutivo-, de su incapacidad en la gestión”, ha manifestado Amaya, para quien las medidas adoptadas ahondan en la desigualdad de oportunidades y convierten a los alumnos en “rehenes” del “fracaso” del diálogo del Gobierno con las empresas prestadoras del servicio.

“Es absolutamente indecente que a día de hoy tengamos niños y niñas que sigan sin poder acudir a sus clases”, ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, según recoge su formación en un comunicado.

De Miguel ha asegurado que los problemas que se están registrando con el transporte escolar se deben a la “ineptitud” de la Junta de Extremadura. Por ello, ha instado al Ejecutivo regional a que se siente a negociar cuanto antes con las empresas para garantizar que los estudiantes puedan acudir a sus centros, “porque no pueden cargar su incapacidad en las espaldas de los docentes”.

“¿Qué es esto de que va a haber clases online? ¿Quién puede permitirse dejar a los niños y niñas solos en casa recibiendo clases? ¿Qué docente puede, al mismo tiempo, hacer clases presenciales y online a la vez?”, se ha preguntado.