Viven en Canarias, pero no tienen descuento de residente para viajar por su origen migrante: “Es una injusticia”

Personas que nacen en Canarias, residen en las Islas desde hace años y que tienen contrato de trabajo con empresas situadas en el Archipiélago se ven obligadas a pagar el billete completo de barco o avión para trasladarse a otras islas o a la Península. A pesar de estar registradas en el padrón de algún municipio canario, el descuento de residente canario las excluye debido a su origen migrante. Desde hace años, personas que han migrado y la Asociación Solidaridad Venezuela denuncian lo que consideran un obstáculo a su movilidad. “Es una injusticia porque cotizamos, pagamos impuestos y vivimos en Canarias”, se lamenta Marcelo Máspero, la presidenta de la entidad venezolana.

La norma exige como condición para beneficiarse del descuento de residente que la persona esté empadronada en algún municipio canario. Así se detalla en el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre que regula esta bonificación para residentes de Canarias, Balears, Ceuta y Melilla. Sin embargo, personas con el certificado de viajes expedido por su ayuntamiento se encuentran con problemas en la puerta de embarque, donde se les pide que paguen el billete completo. Este hecho no es aislado. Máspero señala que reciben casos diarios de viajeros que sufren esta situación y, por ello, el colectivo se ha agarrado al requisito del decreto para ir elevando sus quejas en los últimos años. 

La última respuesta la han recibido del Defensor del Pueblo, que entiende la disconformidad de la entidad y por ello emitió en diciembre de 2024 una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que se pedía una revisión de los requisitos de acceso a la bonificación. Dicha recomendación fue rechazada. Este medio intentó por varias vías y en distintas ocasiones recabar su versión, pero no ha recibido respuesta a sus preguntas. 

El Ministerio de Transportes en su página web añade que las personas de terceros países (todos aquellos que no pertenecen a la Unión Europa) aparte de estar empadronados en uno de los cuatro territorios mencionados, deben estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración, la que se otorga cuando la persona lleva más de cinco años residiendo de manera legal en España. La entidad venezolana defiende que este punto no se encuentra recogido en la norma reguladora del descuento de residente y cuestiona que este Ministerio entre a valorar una “competencia que no tiene atribuida, como es el control de documentación y situación administrativa” y que además provoca que las personas que no pueden afrontar el coste de un billete aéreo o marítimo se quedan en una situación peor, según denuncian en el escrito enviado el Defensor del Pueblo. 

La abogada especializada en extranjería Loueila Sid Ahmed Ndiaye, quien ha estado asesorando a la entidad de migrantes venezolanos, detalla que la problemática deriva de la colisión entre este decreto y una Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, la cual establece como requisito que la persona debe estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración. En su respuesta al Defensor del Pueblo, la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, defiende que la voluntad del legislador es requerir que estas personas “disfrutaran de un mayor grado de conexión con España, dilatado en el tiempo y plasmado en la posesión de una residencia en el territorio”. 

Sin embargo, hay personas con un fuerte vínculo con las Islas y que se quedan al margen del descuento. “En Canarias hay gente que ha nacido aquí y que no ha conseguido regularizar su situación, que lleva aquí 20 años. En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hay gente que ha devenido en una situación administrativa irregular por sus padres, a pesar de haber nacido en ese territorio”, incide la abogada. Añade que ha tenido algún caso en el que personas que han nacido aquí, tienen que ir a Madrid a renovar el pasaporte del país de su madre y no pueden asumir el coste de los billetes sin descuento: “¿Esa madre soltera cómo va a pagar el billete de todos esos niños?, se pregunta. 

Esta exclusión también afecta a la movilidad por motivos de trabajo. La abogada recuerda el caso de una mujer casada con un español y que, debido a su profesión de comercial, debe viajar regularmente entre las islas. “Esta mujer me dijo que no sabía si dejar el trabajo, ya que tiene que viajar a Gran Canaria prácticamente todas las semanas y que le cuesta tanto dinero que no lo puede asumir”, subraya. Por su parte, Andy Lermith también ha encontrado dificultades para moverse entre islas por trabajo y ocio. Es un venezolano empadronado en Telde desde hace nueve años, que trabaja en Gran Canaria con contrato laboral y que hasta el año anterior contaba con permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. Señala que las múltiples veces que ha viajado entre islas, ha tenido problemas a la hora de embarcar, ya que le exigían que pagara el billete sin descuento de residente, a pesar de contar con el certificado de viaje. Ahora ya tiene nacionalidad española y asegura que le han indicado desde una línea aérea que debe registrarse en el Ministerio de Transportes para poder acceder a la bonificación. “Yo aporto al fisco nacional por medio de mi trabajo y no se me otorga el descuento de residente canario, aun cuando yo estoy aportando para ese tipo de subvenciones”, se queja. 

Las consecuencias de esta limitación en la aplicación de la bonificación dificulta que las personas de origen extranjero puedan conocer el resto de las islas que forman parte del Archipiélago donde residen desde hace años. Así opina Soda Niasse, una senegalesa que está empadronada desde junio de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja con contrato laboral y que desde hace unos años está casada con un español con quien tiene dos hijos también de nacionalidad española. Cuenta que en el puente del mes de agosto de este año su familia propuso un viaje a Tenerife, pero debido al alto coste de su billete decidieron aplazarlo. “Para mí no te facilitan la manera de conectarte con tu pueblo, como ciudadano, de interactuar con los demás”, se lamenta. Lermith también reconoce que esto le ha supuesto un freno para conocer otras islas. Sin descuento de residente, el precio de un billete aéreo entre Gran Canaria y Tenerife puede costar hasta 136 euros más. En barco, la diferencia puede ser de unos 100 euros. “Es totalmente discriminatorio. ¿Cuál es el fin del legislador y de la bonificación? Acercar a las comunidades autónomas que son insulares y que tiene que moverse sí o sí en avión o en barco”, sostiene Sid Ahmed. 

Para estas personas el momento de viajar supone incertidumbre y nerviosismo, sobre todo cuando llegan a la puerta de embarque. Lermeth remarca que este instante le genera “angustia y ansiedad”, ya que hasta el último momento antes de entrar al avión no sabe si le dirán que debe pagar el billete completo: “Hay gente que prefiere gastarse el dinero porque no vaya a ser que en la puerta la vayan a devolver”, confiesa. También causa incomodidad, puesto que estas escenas suceden a la vista de muchas personas. Niasse reconoce sentir vergüenza, ya que los trabajadores de la compañía la apartan de la cola para comenzar un diálogo que puede ir subiendo de tono: “Es vergonzoso. Por eso ahora prefiero comprar el billete más caro o quedarme en casa y no estar ahí pasando esa vergüenza”, mantiene. 

Máspero añade que muchos ayuntamientos expiden el certificado de viaje, el cual especifica el derecho al descuento de residente, y que, una vez en la puerta de embarque, la aerolínea no acepta el billete comprado con el descuento. “Al final todo esto es exclusión, es violencia institucional y, de alguna manera, también es racismo”, recalca.