Las claves de la trama eólica: el macrojuicio del mayor caso de corrupción de Castilla y León echa a andar

Este lunes 15 de septiembre empieza el mayor juicio de corrupción que ha vivido Castilla y León hasta el momento: la trama eólica, que presuntamente duró 15 años y que supuso mordidas que se repartieron entre empresarios y ex altos cargos del gobierno autonómico durante la etapa del ‘popular’ Juan Vicente Herrera. En los dos primeros días solo se abordarán cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad y el juicio se desarrollará en más de 40 sesiones hasta el 28 de enero de 2026.

A pesar de que la instrucción concluyó hace dos años, el juicio arranca ahora porque dos de los tres magistrados tuvieron que abstenerse en el caso porque habían trabajado en la investigación judicial cuando estaba en el Juzgado de Instrucción y fue necesario nombrar a otros dos jueces ‘de refuerzo’ que no hubieran participado en las primeras fases de la investigación. Algunos particulares, Fiscalía, el Abogado del Estado y Ecologistas en Acción integran a la acusación en esta trama, que generó perjuicios millonarios.

En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas sumaban 138 años de cárcel y más de 600 millones de euros de multas. Este juicio se desarrollará solo unos meses antes de que Castilla y León celebre sus próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026, en las que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, buscará la mayoría absoluta que aún no ha conseguido.

¿Qué se juzga?

La Justicia analizará las supuestas mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre 2000 y 2015 y que están cifradas en unos 75 millones de euros. Es el mayor caso de corrupción de la comunidad autónoma, que se destapó por el informe que elaboró un inspector de la Agencia Tributaria: detectó el fraude de los impuestos de sociedades de varias empresas que obtuvieron comisiones millonarias tras aliarse con compañías eléctricas para promover parques. Este inspector solicitó auxilio en dos ocasiones a sus superiores, algo que ignoró la Hacienda autonómica. El caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción, lo que impulsó la investigación. Toda la instrucción, que duró cuatro años, quedó plasmada en 11.000 folios y otras piezas separadas.

La Junta de Castilla y León entendió que las energías renovables, concretamente, las eólicas, facilitaban la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, por lo que se decidió favorecer la entrada de empresas promotoras de parques eólicos en Castilla y León, lo que acabó condicionando a las compañías inversoras y generó supuestas irregularidades en las autorizaciones. Presuntamente, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y el exvicepresidente autonómico y exconsejero de Economía, Tomás Villanueva —que murió súbitamente en 2017—, exigían ceder o permitir la participación de empresas locales a varios promotores de parques eólicos que iban a obtener la autorización bajo la amenaza de no obtenerla.

¿Quiénes están investigados?

Tras la instrucción que investigó a una veintena de personas, el juez de instrucción encausó a 17 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. En el juicio participarán 15 de las 17 iniciales después de que Marc Nadelar —fue administrador de empresas relacionadas con otros imputados— fuera excluido por razones de salud y de que falleciera el exdirector de Energía y Minas Manuel Ordóñez.

Rafael Delgado: el principal encausado es el exviceconsejero de Economía—a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso—, que en enero fue condenado a dos años y seis meses de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de corrupción Perla Negra. Rafael Delgado fue el número 2 del fallecido Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exconsejero de Economía en la etapa de Juan Vicente Herrera.

Alberto Esgueva: empresario, es uno de los principales presuntos beneficiados de la trama. Entre los años 2003 y 2006 fue consejero delegado de ADE Internacional Excal —oficina de internacionalización de la Junta de Castilla y León hoy extinta— y se libró de pagar veinte millones de euros a Hacienda por un error burocrático. Fue absuelto del juicio Perla Negra después de que PSOE y Fiscalía retiraran las acusaciones. Realizó una inversión de poco más de 24.000 euros y sin hacer nada más que vender sus participaciones obtuvo beneficios por valor de 51 millones de euros, algo que él mismo atribuyó a la “suerte” por elegir a Iberdrola como “partner”.

También están otros dos empresarios que participaron en el caso Perla Negra (un edificio de la Consejería de Economía construido en la primera década de los 2000), cuyo sobrecoste supuso 70 millones al erario público y la compra de los terrenos de Portillo para un polígono industrial que nunca se edificó: Germán Martín Giraldo, fue condenado por un delito de violación de secretos a 11 meses de prisión y Francisco Esgueva, 7 meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros.

Además, están imputados el abogado y supuesto testaferro de Rafael Delgado, Jesús Rodríguez Recio; los empresarios César Hernández y Carlos Galdón; y la esposa de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno. En esa misma lista están Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, y Rafael Icaza, de Ibercyl. También están investigados los hermanos de la empresa Collosa Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente; Pedro Barriuso, de Biovent; y Andrés Martín de Paz, director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica.

También hay ocho empresas investigadas y la propia Junta de Castilla y León, que figuran como responsables civiles en el proceso, y otras dos que se investigan como partícipes a título lucrativo. En el juicio comparecerán 84 testigos y 19 peritos.

¿Qué penas se piden?

Fiscalía pide 42 años y una multa de 239 millones de euros para Rafael Delgado, supuesto cabecilla de la trama. Le siguen los empresarios y hermanos Alberto y Francisco Esgueva, que se enfrentan a 12 años de cárcel y a unas multas de 68 y 14,5 millones, respectivamente. El presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, se enfrenta a una petición de 10,5 años de prisión y más de 25 millones de multa, mientras que César Hernández, podría ser condenado a 7 años y al pago de casi 1,9 millones.

En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, se expone a una multa de ocho millones. También se pidieron 4 años de cárcel y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva.

Además, Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nadelar, de Solar Land Word SL, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta que ha fallecido, se pidieron diez años de inhabilitación.

¿Cuál es el calendario?

El juicio del Procedimiento Abreviado 19/2024 tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala de Vistas 1 de la Audiencia Provincial de Valladolid los siguientes días: en septiembre, está previsto celebrar las cuestiones previas los días 15 y 16 de septiembre, cuando se podrán firmar algunos acuerdos de conformidad. El juicio se dilatará hasta enero, repartido de la siguiente manera: 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20 y 21 de octubre; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de noviembre; 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 y 17 de diciembre; 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de enero.

Está previsto que comparezcan los testigos y peritos propuestos por las acusaciones y las defensas y, después, en principio a partir del 10 de diciembre, declararán los 15 acusados. Posteriormente, se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.