El fiscal general paga la fianza de 150.000 euros exigida por el juez Hurtado en el caso del correo de la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado ha puesto parte de su patrimonio a disposición del Tribunal Supremo para consignar la fianza de 150.000 euros exigida por el juez Ángel Hurtado bajo amenaza de embargo. Álvaro García Ortiz cumple así, a través de un aval, el trámite exigido por el instructor para evitar el embargo y asegurar el dinero que se expone a pagar en caso de ser condenado: una posible indemnización para la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la multa y las costas del proceso.

El juez Ángel Hurtado estableció esta cantidad en el mismo auto en que abrió juicio oral contra García Ortiz. El magistrado entendió que los 300.000 euros que había pedido el empresario eran una cantidad excesiva pero estableció la fianza en la mitad por el daño reputacional que, afirma, González Amador sufrió por la filtración de su confesión de fraude fiscal a los medios en marzo de 2024. Una fianza de 150.000 euros ya consignada y más alta que la que se impuso, por ejemplo, a todos los procesados en la operación Kitchen donde, incluso, había un delito de malversación.

Diversas acusaciones han recurrido el auto de apertura de juicio oral de Hurtado y el siguiente paso es que la Sala de lo Penal ponga fecha al juicio con los siete magistrados que dictarán sentencia. En un primer momento el instructor quiso sentar en el banquillo también a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, pero el tribunal supervisor entendió que no había pruebas contra ella. Uno de esos tres magistrados fue más allá y cuestionó que el propio García Ortiz deba ser juzgado.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido esta fianza para solicitar al Supremo que duplique su cantidad hasta los 300.000 euros. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al tribunal que reconsidere la negativa de Hurtado a suspender cautelarmente a García Ortiz como fiscal general tras la apertura de juicio oral contra él.

La previsión del Tribunal Supremo es celebrar el juicio contra García Ortiz a finales del próximo mes de noviembre. Un tribunal que estará formado por los cinco magistrados que aceptaron abrir la causa, con la progresista Susana Polo como ponente, y que cuenta con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a favor de la absolución.