La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales y allana así su caso ante el juez

Llevaba más de dos años con el proceso, y finalmente lo va a conseguir: la Casa de Alba va a recibir autorización para regularizar sus nueve pozos sin permiso en Aljóbar, su finca fronteriza con Doñana en el municipio sevillano de Aznalcázar. El proceso todavía no está cerrado pero tiene ya el visto bueno de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal que concede las autorizaciones de riego y depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Se enfila así el punto final a un procedimiento administrativo que es independiente de la causa judicial abierto por delito ambiental, pero que en la práctica le da a la propiedad un poderoso argumento para defenderse ante el juez.

La decisión, además, no supone ninguna sorpresa, ya que en noviembre de 2023 ya hubo un primer informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación, el mismo organismo que en diciembre dio el paso de cerrar por segunda vez los pozos después de comprobar la Guardia Civil que habían vuelto a reactivarse tras levantar el juez una prohibición inicial. En este caso, el organismo estatal lo que hace es aplicar escrupulosamente lo que dice la ley, que otorga esta posibilidad a un propietario si reúne una serie de requisitos en lo que técnicamente es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

Eso sí, impone una serie de obligaciones, la principal de las cuales es que la propiedad puede utilizar estas extracciones siempre y cuando respete el volumen de regadío que tiene ahora concedido, concretamente 605.150 metros cúbicos anuales. Es decir, que la Casa de Alba seguirá utilizando la misma cantidad de agua, pero extrayéndola de diez pozos en vez de sólo uno. El hecho es que la propiedad va a recibir permiso pese a haber sido sorprendida dos veces por la Guardia Civil haciendo uso de ellos sin autorización y la acusación de la Fiscalía de extraer ilícitamente 6.600 millones de litros durante una década, cuestiones que se dirimen por la vía judicial.

Declaración como imputado ante el juez

La nueva autorización, que ahora rubrica la Comisaría de Aguas de la Confederación y a la que ha tenido acceso este periódico, se conoce en puertas de que se celebre la segunda declaración que va a tener lugar en el proceso judicial por delito ambiental que se inició hace un par de años. En concreto, para este jueves 18 de septiembre está llamado a declarar como investigado el representante legal de Eurotécnica Agraria, la empresa de la Casa de Alba que gestiona su finca sevillana, una citación que a su vez puede implicar que por ahora se libran de presentarse ante el juez Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, cuya imputación solicitó la Fiscalía.

Precinto de uno de los pozos que se utilizaban sin autorización.

Esto, aunque se trate de procesos diferentes (uno judicial y otro administrativo), va a conceder a la defensa de la Casa de Alba un potente argumento, ya que podrá alegar ante el magistrado que los pozos objeto de polémica van a disponer de todas las bendiciones legales. De hecho, el visto bueno inicial que se concedió al proyecto en noviembre de 2023 fue uno de los argumentos que esgrimió el juez para levantar en mayo de 2024 la primera prohibición que se impuso a estas extracciones. No obstante, al margen del uso fraudulento de estos puntos de extracción, en la causa se investiga sobre todo si se extrajo durante una década más agua de la autorizada.

Las claves de la autorización

¿Y en base a qué la Confederación del Guadalquivir autoriza esta regularización? Pues al margen del informe favorable de compatibilidad que ya emitió la Oficina de Planificación Hidrológica, tampoco han puesto reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente. Esta última se detiene en uno de los pozos, que se ubica en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero que considera que no es de especial afección.

En su informe, esta consejería señala que la presencia de este punto de extracción “no es susceptible de alterar de forma apreciable la presencia de las especies por las que se declara ZEC”. Concluye también que tampoco afecta a la zona de reproducción, “en tanto que se trata de un elemento inmóvil preexistente”.

Pero los argumentos fundamentales los aportó la Oficina de Planificación Hidrológica hace casi dos años, el primero de los cuales es que no se va a consumir más agua de la ahora autorizada. El segundo es que considera que repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que horadar a más profundidad, tal y como ocurre cuando el agua se saca de un único punto.

Requisitos que se imponen

Con todas estas premisas, y “comprobada la viabilidad del documento técnico”, el informe de la Comisaría de Aguas concluye que “podría otorgarse transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas”. La vigencia de la autorización será de 20 años y, al recordar que la actividad se ubica en “zona vulnerable”, obliga a la finca a aplicar códigos de buenas prácticas agrarias para reducir la contaminación producida por los nitratos de origen agrario.

Además de tener que remitir todos los años un informe a la Confederación con la lectura de los niveles piezométricos de los pozos, para así garantizar que no sacan más de lo autorizado. Y para un mayor control, también se establece que no se podrá regar directamente desde estas captaciones, sino que el agua se llevará a la balsa existente para desde allí distribuirse sobre el terreno. Asimismo, esta infraestructura deberá acumular más recursos en verano, para reducir así los bombeos del acuífero en los meses en los que su nivel es más bajo.

En cuanto al proceso judicial en sí, la Fiscalía sostiene que en la finca se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, al menos durante una década, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. Por su parte, la Guardia Civil apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.