La pareja de Ayuso renuncia a que el fiscal general consigne antes del juicio los 300.000 euros que pide de indemnización

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado por escrito al Tribunal Supremo que renuncia a que el fiscal general del Estado tenga que consignar 300.000 euros para hacer frente a una indemnización si es finalmente condenado por la filtración de su confesión de fraude fiscal. El empresario tomó esta decisión ayer, después de que Álvaro García Ortiz haya aportado un aval por 150.000 euros y una hora después de que el juez Ángel Hurtado reconociera su error y redujera la fianza hasta los 75.000 euros.

El magistrado decidió en un primer momento que una fianza de 150.000 euros, la mitad de lo que González Amador pide como indemnización en su escrito de acusación, era una cantidad razonable no solo para resarcir los supuestos daños a su honor, sino también para cubrir posibles multas en caso de ser condenado por revelación de secretos. El propio empresario le advirtió de su error: en esos 150.000 euros -que entonces consideraba que debían duplicarse- había incluido las posibles multas y eso es algo que el Tribunal Constitucional prohíbe desde hace dos años.

El juez, a primera hora del martes, acusó recibo de la advertencia y rebajó la fianza a 75.000 euros, horas después de que García Ortiz ya hubiera presentado un aval sustentado en su patrimonio para hacer frente a la fianza y evitar el embargo. En este nuevo auto, Hurtado reconoce que no tuvo en cuenta esa doctrina del Constitucional que diversos tribunales aplican desde hace dos años y explicó que la nueva cantidad respondía a la posible indemnización (50.000 euros) y las posibles costas (25.000 euros).

Una hora después de esa rebaja, el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso escribió al Tribunal Supremo para explicar que desistía del recurso en el que pedía que la fianza aumentara a los 300.000 euros, conformándose ahora con la nueva cantidad de 75.000 euros aunque sin renunciar a esa cantidad inicial, mucho más alta, que figura en su escrito de acusación.

Según González Amador, la filtración de su confesión de fraude fiscal impactó negativamente en su imagen y su honor de tal manera que 300.000 euros, sin necesidad de sumar las multas que también pide de más de 100.000 euros adicionales, es una cantidad ajustada. Más del doble de la fianza exigida, por ejemplo, al exministro Jorge Fernández Díaz en el caso Kitchen o que la indemnización reconocida a la víctima de la violación múltiple de la Manada de Pamplona.