El Arzobispado se retira como acusación particular en la causa que puede expulsar a 200 ‘inquilinos’ de la Iglesia en Madrid

Septiembre de malas noticias para los inquilinos de la Iglesia en Madrid. Después de que este verano trascendiera un acuerdo entre la fundación católica que gestiona los edificios donde residen, Fusara, y la sociedad inmobiliaria Tapiamar, que compró las viviendas en 2019, los vecinos de estos 13 inmuebles en vilo (uno menos que al momento de la venta) muestran su desconcierto ante un último giro de tuerca: el Arzobispado de Madrid se retira como acusación particular en la causa contra esta empresa privada, que investiga a los compradores y otros implicados en la transacción por posibles delitos de corrupción o estafa.

Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid dictaminó una providencia a raíz de la solicitud de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dependiente del Arzobispado, que renuncia a presentar acciones penales o civiles contra Tapiamar. Con este último movimiento, la presión sobre la sociedad disminuye pese al rechazo de los vecinos, que pugnan por mantenerse en sus domicilios alquilados desde que recibieron por burofax la noticia del cambio de propiedad.

“No podemos entender cómo el Arzobispado perjudica de esta forma a la fundación, en un momento inmejorable para los intereses de Fusara”, considera Jesús, uno de los residentes afectados, que como el resto conoció el miércoles la retirada judicial y ahora la cuestiona por no buscar que se restituyan “todos los daños y perjudicios”. “Sería un fracaso enorme de la sociedad que un patrimonio inmobiliario con un claro fin social acabara en manos de fondos buitre”, destaca el vecino, con más de 14 años como inquilino en uno de los inmuebles gestionados por la Iglesia.

El pasado 30 de julio, la sociedad privada Tapiamar accedió a pagar un 54% más de lo acordado inicialmente para oficializar sin perjuicios la compra de 14 edificios residenciales a una fundación de la Iglesia, Fusara, que los obtuvo a través de donaciones con fines benéficos. La venta se efectuó por 74 millones de euros a este entramado de empresas, que terminan en el domicilio de la hermana de Alejando Agag. Finalmente y con los giros de este verano, según publicó El Confidencial, Fusara recibirá 99 millones de euros en efectivo y la empresa recibirá un inmueble menos, el edificio de la calle del Barquillo. Recuperarlo era parte del acuerdo al encontrarse ahí su sede.

Por su parte, la fundación se desmarca de lo que considera un “plan personal para lucrarse” organizado por altos cargos internos en el momento de la venta. En declaraciones a este periódico, fuentes de Fusara conciben lo ocurrido como una consecuencia lógica después del acuerdo extrajudicial alcanzado en verano. Esos inmuebles se vendieron de forma presuntamente fraudulenta, así que hablaron con Tapiamar “para que subieran el precio y lo ajustaran al de mercado.” Una vez que eso se consiguió en julio, decidieron retirar su acusación particular contra esta sociedad. “Entendimos que nuestra parta ya estaba saldada; eso no quita que un juez pueda determinar si deben seguir como investigados o no”, detallan las mismas fuentes.

Como desde 2019 aún no habían recibido algunos pagos correspondientes por la venta ya zanjada, explican que comenzaron a tener problemas de financiación y por eso decidieron apurar un acuerdo fuera de los tribunales: lo vieron la salida más ágil al problema. Respecto a la acusación vecinal de que esta transacción rompe con los valores fundacionales de la entidad (destinar sus fondos a fines benéficos). Fusara especifica que lo que se prohíbe no es vender los edificios que fueron donados para este fin, sino dejar de financiar otros recursos que gestionan para causas sociales. De esta forma, avalan la venta aunque no al precio inicialmente marcado.

Por qué se paralizó la venta de los edificios de la Iglesia

Tapiamar adquirió en 2019 más de una decena de bloques en el centro de la capital por 74 millones de euros, que gestionaba esta fundación católica. La denuncia de los inquilinos, más de 200 familias afectadas por la compra, cuestionó el acuerdo y abrió el debate sobre una supuesta trama que hacía negocio a costa de fundaciones religiosas como Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), o Molina Padilla. Los edificios de Fusara reúnen 188 viviendas cuyo gobierno ejercía la entidad católica.

En el momento de la compra a Fusara, Tapiamar era una sociedad recién creada administrada únicamente por Roberto de Juan a través de un intermediario, el despacho de Chávarri Abogados. El primero acabó imputado en 2024 durante la investigación del caso Fundaciones por un posible delito de estafa, después de admitir a trámite los recursos desde la acusación que pedían levantar medidas cautelares e incluir a compradores como De Juan, que se sumó a otros imputados relacionados o bien con el bufete de abogados o con las fundaciones del Arzobispado.

El Registro de la Propiedad ya frenó inicialmente la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso, ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes. Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron.

La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid, que entonces era Manuela Carmena –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno de aquel momento, María Paz García Vega, no asistieron aunque sí delegaron su voto. Se posicionaron a favor y ambos confirmaron en su día que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando.