La Sindicatura de Cuentas afea a la Generalitat “falta de transparencia” y “conflicto de interés” con las prestaciones

El mecanismo de prestaciones del Departament de Derechos Sociales de la Generalitat tiene “problemas estructurales”, adolece de “falta de transparencia” y presenta “riesgos de conflictos de interés”. Estas son las principales conclusiones que la Sindicatura de Cuentas ha sacado después de haber estudiado la gestión de las ayudas que hizo el Govern entre 2016 y 2024, bajo mandato de ERC.

Estas observaciones parten del informe 6/2025 que ya fue aprobado por el Parlament en mayo, se publicó en junio y que este miércoles ha presentado la síndica Maria Àngels Cabasés i Piqué ante comisión parlamentaria. La investigación acabó constatando que, durante ocho años, la Generalitat pagó 167,56 millones de euros en pagos indebidos, de ellos más de la mitad (4,7 millones) corresponden a pagos indebidos vinculados a personas extuteladas. En total 7,17 millones ya han prescritos.

El informe nace de la denuncia anónima de un extrabajador social que detectó un presunto entramado de fraude, falsificación de informes y pago de prestaciones indebidas. Además de la Sindicatura de Cuentas, el Síndic de Greuges y la Oficina Antifraude también están investigando los hechos y publicarán próximamente sus resultados.

El alertador denunció que fue obligado por su empresa a firmar documentos que acreditaban que diversos jóvenes extutelados seguían desempleados aunque no fuera así, para que pudieran seguir percibiendo ayudas y copagos de vivienda.

Estas prestaciones son gestionadas por las entidades, que reciben el dinero de la administración y lo trasladan a los beneficiarios. Pero según el extrabajador, las entidades se quedaban buena parte del dinero y dejaban una pequeña mordida a los jóvenes, “para comprar su silencio”. Si bien esta última parte será la que clarifique el informe de la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas sí ha constatado que los 4,7 millones en pagos indebidos alcanzaron al 11,8% del total de beneficiarios.

Todo ello supone una infracción de la ley de Finanzas Públicas ya que, según la síndica, no se han comprobado debidamente los requisitos. Además, añade una presunta infracción de menoscabo efectivo de la hacienda de la Generalitat. “Esto podría dar lugar a hechos perseguibles administrativamente. Y también en el ámbito judicial porque hay indicios de posible responsabilidad”, ha alertado Cabassés i Piqué.

La síndica se refiere concretamente a las entidades encargadas de acompañar y evaluar la idoneidad de las prestaciones recibidas por jóvenes extutelados. Se trata de una gestión que, durante años ha estado delegada a entidades privadas y que ahora ha quedado internalizada en el seno de la Dirección General de Infancia (antes DGAIA y ahora DGPPIA) tras las diversas polémicas que han sacudido a este órgano.

“Hablamos de entidades que habían ganado concursos públicos para fiscalizar estas prestaciones y que, además eran las encargadas de hacer el seguimiento de las personas beneficiarias, con lo que se percibe un riesgo de de conflicto de interés”, tal como ha determinado la síndica. Aun así, ha querido recordar que, aunque la revisión estuviera externalizada, la responsabilidad última siempre ha sido de la DGAIA, a quien ha afeado que “no exigiera copagos ni explicaciones” cuando se han detectado casos de incompatibilidad o pagos indebidos.

Con todo, Cabassés i Piqué ha reiterado que la estructura de ayudas “presenta debilidades” tales como que no se han hecho estudios previos de las necesidades de la población, que los criterios de elegibilidad “no son coherentes” y no se ha hecho una evaluación “correcta” del conjunto de prestaciones.

Más allá, pues, de las ayudas que afectan a los jóvenes extutelados, la Sindicatura ha querido poner de relieve que el sistema de prestaciones diseñado por la Generalitat es “inefectivo”. Sostiene que las cuantías otorgadas, a menudo, son insuficientes y que “muchos hogares siguen bajo el lindar de la pobreza aún recibiendo ayudas”. También afea que haya prestaciones duplicadas y que las que responden a necesidades urgentes, “se acaban volviendo estructurales”.

Igualmente, ha afeado los “tiempos dilatados” a la hora de resolver la adjudicación y “la falta de eficiencia del sistema en general”. Para ilustrarlo, la síndica ha aportado un dato: Catalunya es la Comunidad Autónoma en la que hay más gente que podría recibir una ayuda, pero no la tiene. En concreto, la mitad de ellos.

Cabassés i Piqué ha acabado su comparecencia haciendo diversas recomendaciones a la administración tales como mejorar el sistema de rendición de cuentas y seguimiento, flexibilizar los requisitos de acceso y ajustar las cuantías a las necesidades reales de los hogares, reducir la fragmentación del sistema y coordinar las ayudas de las diferentes administraciones y reforzar el control sobre las entidades gestoras.