ERC pide prohibir las películas y series de ‘true crime’ que no cuenten con el consentimiento de las víctimas de violencia machista y vicaria

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que quiere impulsar las reformas legislativas necesarias para impedir la producción, la difusión y la reproducción en España de contenido de carácter audiovisual que atente contra el derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria. La iniciativa establece, eso sí, una excepción: siempre que no exista el consentimiento expreso de la víctima o de sus familiares.

Así lo explica ERC en una proposición no de ley sobre el derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria, que ha presentado para su debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

En el texto, recogido por Europa Press, ERC propone también impulsar las reformas normativas pertinentes para impedir la participación en este tipo de contenidos audiovisuales de personas condenadas por los referidos delitos, siempre que no exista el consentimiento expreso de la víctima o de sus familiares.

En la exposición de motivos, ERC sostiene que en los últimos años se ha “intensificado” la producción de documentales y series audiovisuales enmarcadas en el género conocido como ‘true crime’, centradas en crímenes mediáticos. Entre estos, destaca casos de víctimas de violencia machista y de violencia vicaria, como el asesinato del pequeño Gabriel Cruz o el denominado caso del ‘Rey del cachopo’.

“Este fenómeno, aunque algunos interesados defiendan que se encuentra amparado por el derecho a la información y a la libertad de creación audiovisual, plantea graves dilemas éticos, sociales y jurídicos”, alerta el grupo parlamentario catalán.

A su juicio, “la explotación mediática del dolor de las familias, sin su consentimiento ni participación, constituye una forma de revictimización secundaria, reconocida por la legislación española y por organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa”.

En este sentido, ERC argumenta que, en el ámbito del ‘true crime’, los hechos ya juzgados y noticiados “reducen la fuerza del derecho a la información, y la exposición considerablemente explícita de la comisión de estos crímenes puede suponer una grave afectación al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las víctimas, hasta el punto de interferir en el núcleo esencial de estos derechos fundamentales”.

“La situación actual deja a las familias en una posición de desamparo: pese a reconocerse en abstracto sus derechos, en la práctica la ponderación judicial tiende a favorecer la libertad de expresión e información, mientras que los límites vinculados al respeto a las víctimas son difusos, difíciles de probar y de aplicación tardía”, señala ERC.

Considera, por lo tanto, necesario “dar un paso firme desde las instituciones para establecer garantías legales específicas” que reconozcan el derecho de las víctimas y de sus familiares a decidir sobre la producción y difusión de documentales, series o productos audiovisuales basados en casos de violencia machista o vicaria. “Solo así se evitará que se encuentren, sin previo aviso ni consentimiento, con relatos que reabren heridas y convierten el dolor humano en objeto de consumo mediático”, concluye.