Qué pasó para que existiera un fallo en el servicio de pulseras de control de maltratadores y qué debe preocuparnos

Un fallo técnico, que se produjo el año pasado pero hemos conocido ahora, desata una tormenta política. El servicio que gestiona las pulseras de control de maltratadores (Cometa) fue adjudicado a otra empresa y en ese proceso de transición hubo un fallo en la migración de datos que hizo que se perdiera, temporalmente, la información sobre la ubicación de los hombres anterior al 20 de marzo de 2024.

Solucionado el error, queda la alarma: a pesar que la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad han aclarado que se trató de algo puntual que afectó a pocos procesos judiciales, hay quien extiende el miedo bajo la idea (falsa) de que todas las mujeres quedaron desprotegidas. La alerta parece impedir ver el foco de esta historia: que servicios esenciales y delicados como Cometa o el 016 están en manos de empresas privadas que ajustan sus ofertas para competir entre ellas y ser elegidas en la adjudicación, y que aplican convenios de telemarketing a sus trabajadoras.

Pero, ¿qué pasó exactamente?, ¿quedaron desprotegidas las mujeres? En su nueva memoria anual, la Fiscalía advertía de que un error técnico durante el trasvase de información a la nueva empresa adjudicataria del servicio Cometa (una UTE formada por Vodafone y Securitas Direct) hizo que, durante meses, se perdieran los datos anteriores a marzo de 2024. Eso, proseguían, había provocado una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. Hablamos de casos en los que se acusaba al agresor de haber quebrantado una orden de alejamiento, no de los procedimientos por violencia de género en sí.

En un comunicado, la Fiscalía aclaraba que el fallo había sido puntual y que “la mayoría” de los procesos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente” una vez se recuperaron los datos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también insistía en que los problemas “fueron contados” y los cifraba en el 1% de los casos.

El fallo no afectó en ningún caso a la protección de las mujeres cuyos agresores llevaban pulsera: los dispositivos funcionaron correctamente en todo momento. Lo que falló fue la migración de datos, es ahí donde se perdió la información que se acumulaba antes de marzo de 2024. Esa información era valiosa para las mujeres que habían denunciado a su agresor por quebrantar la orden de alejamiento, una medida de protección que, en ocasiones, va acompañada de este dispositivo, que detecta la distancia a la que se encuentran los hombres y envía una señal de alerta si incumplen la orden. Según la Fiscalía e Igualdad, una vez se recuperó la información, la mayoría de casos reabrieron y pudieron presentar estos datos como prueba.

Más allá del fallo puntual

Hay dos servicios fundamentales de atención y protección a las mujeres que sufren violencia de género: Cometa y el número 016. En el caso de Cometa, se trata de personas inmersas en procedimientos judiciales que obtienen órdenes de protección de sus agresores. No todas las mujeres con órdenes cuentan con dispositivos de seguimiento. Este viernes Ana Redondo cifró en 4.000 las mujeres que disponen de este seguimiento telemático. En el caso del 016, es un teléfono de atención general al que cualquiera puede llamar para pedir información, asesoramiento, ayuda, derivación a algún otro servicio…

Tanto Cometa como el 016 han sido siempre servicios externalizados a empresas privadas. La administración licita sus contratos periódicamente y las empresas concurren para conseguirlos. Y ahí está el meollo del asunto: externalizar estos recursos implica que servicios esenciales para atender y proteger a las víctimas, y que manejan ingentes cantidades de información sensible, quedan sujetos a la lógica de los pliegos de condiciones, la competición entre compañías, las ofertas, y las condiciones que las empresas ofrecen a sus plantillas, no siempre las más idóneas. El traslado de plantillas y de información depende de la buena voluntad de las empresas.

En 2018, un informe del sindicato UGT alertaba sobre la inestabilidad laboral de las empleadas de ambos servicios y aseguraba que los procesos de adjudicación podían llegar a “limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género”. Siete años después, los distintos gabinetes que han pasado por el Ministerio de Igualdad han ido mejorando la dotación para reforzar ambos servicios.

A finales de ese mismo año, Cometa se disponía a renovar todos los dispositivos, en ese momento en manos de Telefónica, aunque ejecutado por Securitas Direct. La renovación se produjo después de años de quejas de las trabajadoras, que lidiaban con fallos técnicos por utilizar los dispositivos tecnología 2G, como la pérdida de cobertura, un hecho que hacía que las alarmas saltaran sin motivo. Era la primera vez que se renovaban en nueve años. En marzo de 2024, cuando cambió la empresa adjudicataria (de Telefónica pasó a Vodafone con Securitas), se hizo un cambio de sistema que incluyó modificaciones tecnológicas.

Tanto las trabajadoras como la Fiscalía han alertado durante años de lo “gravoso” que es para ellas “la comunicación de incidencias reiteradas” (como las alertas que saltan de manera injustificada) con lo que supone eso en términos de “inseguridad y trastorno en su vida diaria”. La situación llega al punto de que algunas mujeres llegan a pedir comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos.

Después de que se conociera el fallo en el sistema de las pulseras, la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, aseguraba en El Confidencial que había “advertido” al departamento de Ana Redondo de que el nuevo servicio “no tenía las garantías”, algo que el ministerio de Igualdad ha negado.

“En ningún momento en esta Delegación se ha recibido comunicación oficial alguna, menos aún apoyada en datos objetivos, relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer dicha adjudicataria”, asegura la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en una carta enviada al CGPJ.

Centros de atención

Cometa y el 016 no son los únicos servicios relacionados con la violencia machista que atienden empresas. Es habitual que las comunidades autónomas y los ayuntamientos externalicen, por ejemplo, los centros de atención a víctimas de violencia de género, los de crisis 24 horas especializados en violencia sexual o los recursos de emergencia.

Las quejas y reivindicaciones de las trabajadoras de estos servicios se producen con cierta frecuencia: en ocasiones han denunciado condiciones precarias, que se les aplican convenios como el del telemarketing, nada relacionado con su especialidad, que se les incluye en categorías que ignoran su formación, falta de recursos o la imposición de tiempos y pausas que no tienen en cuenta su trabajo concreto.

Durante el último año, las trabajadoras que atienden a las mujeres en la red pública de Madrid dedicada a las violencias machistas han denunciado públicamente las condiciones en las que se encuentran. Hablan de falta de espacios adecuados para ejercer su trabajo, lo que hace que las charlas con las mujeres sean constantemente interrumpidas, plazas insuficientes para las usuarias o una política salarial que no se corresponde con su carga de trabajo.

La externalización ha hecho que durante los últimos años el servicio y su plantilla haya estado en manos de diferentes empresas u organizaciones. Clece, Aspacia, Eulen, ABD, Mensajeros de la Paz, la Fundación Labor o Intress son algunas de ellas.