La PAH revela que la Generalitat frena las denuncias por acoso inmobiliario: «Recibimos amenazas para que nos vayamos»

“Me han insultado y me han amenazado para que dejemos la casa estando mi mujer y mis tres hijos dentro. También me han puesto pegamento en la cerradura. Estar así es un sinvivir pero no tenemos otro sitio donde ir y menos con los precios actuales de la vivienda”. Adríán Moasa lleva cuatro años sufriendo acoso inmobiliario a pesar de acogerse a la moratoria de desahucios para familias vulnerables aprobada por el Gobierno que caduca en diciembre del presente año, si no se prorroga.

“Compré mi casa y la pagué durante 10 años. Luego enfermé, estuve cuatro años en diálisis y ya no pude seguir pagando. Entonces la propiedad puso mi casa en venta en un portal y ahí empezó el acoso”, explica.

Con ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia (PAH) Adrián puso una denuncia por acoso inmobiliario en marzo de 2023 en las oficinas PROP de atención ciudadana de la Generalitat Valenciana, pero no fue la única. Otros siete afectados pusieron ocho denuncias más por hechos similares (uno de ellos ha puesto dos denuncias), también entre los años 2023 y 2024.

Desde la PAH denuncian que no han recibido notificación alguna de todas estas denuncias administrativas desde que las pusieron: “En el caso de dos de los afectados se paraliza el expediente porque están judicializados, pero en el resto de casos se establece la obligación de iniciar expediente sancionador mediante el procedimiento administrativo correspondiendo encaminado a determinar lo que corresponda y, si procede, la existencia de los comportamientos discriminatorios o de acoso inmobiliario mencionados, así como de la sanción correspondiente en función de la infracción y de las medidas complementarias recogidas en esta normativa”, explican desde la plataforma.

Sin embargo, “el resultado obtenido ha sido decepcionante” puesto que “solo se ha contestado por parte de la administración a la denuncia presentada por la compañera C. S., representando de PAH València, donde se le notifica que el caso denunciado, está en proceso¡ por vía penal”.

Los representantes de la PAH critican que “en ninguno de los otros casos hemos recibido ninguna respuesta de la administración y por tanto no se ha puesto en marcha ningún expediente sancionador a las entidades promotoras del acoso; esta es la cruda realidad, sacan un Decreto para presentar denuncias de acoso para quedar bien con la ciudadanía, pero después hacen caso omiso a las que se presentan sin dar ninguna respuesta ni solución y mucho menos ninguna sanción a los acosadores”.

Desde la Conselleria de Vivienda, sin embargo, insisten en que “en los casos en los que se ha presentado denuncia por vía penal, la administración suspende el procedimiento hasta que se resuelva por esta vía, dado que no pueden estar ambos procesos abiertos” y añaden que “en el resto de casos, se han iniciado diligencias previas para que se aporte la documentación necesaria por ambas partes y no consta aportación de documentación en los casos solicitados”. A esta respuesta, una de las afectadas asegura a esta redacción que “es mentira, no han solicitado ninguna documentación, pusimos la denuncia y no nos han hecho ni caso”.

El Gobierno del Botánico aprobó en febrero de 2023 un decreto contra el acoso inmobiliario que reconoce este tipo de infracción. con sanciones que van desde los 350.000 hasta el millón de euros en los casos más graves. 

El documento define como acoso inmobiliario “toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda”.