Portavoces de emergencias en la diana: misma estrategia con la Dana, los incendios y la pandemia

Entre enero y junio de 2020, en los meses más crudos de la pandemia, Fernando Simón ofreció alrededor de un centenar de ruedas de prensa. En su papel de responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) asumió el rol de explicar la peor crisis sanitaria en más de un siglo, con la población confinada en sus hogares, el sistema sanitario colapsado y la economía prácticamente paralizada. En una situación de excepcionalidad total, donde hubo aciertos y errores, su presencia en aquellas comparecencias generó confianza en sectores de la población, pero dio lugar también a una corriente de odio alentada por determinados políticos, periodistas y opinadores. 

Ese clima de cierta toxicidad, amplificado con el altavoz de las redes sociales, ha vuelto a manifestarse este verano a raíz del desastre provocado por la ola de incendios, que dejó cuatro víctimas mortales y más de 300.000 hectáreas quemadas. En este caso, la portavoz que se puso a diario al frente de las cámaras fue la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, una política afiliada al PSOE y curtida en el ámbito autonómico, donde fue procuradora y delegada del Gobierno. 

Sus críticas a los Ejecutivos de Castilla y León, Galicia y Extremadura por pedir “imposibles” y crear “polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión” de los fuegos la situaron en el centro de los ataques de varios dirigentes del Partido Popular, que la tacharon de “pirómana” y de “hooligan del PSOE”. Los casos de Simón y Barcones no son únicos. 

Científicos como José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, han denunciado incluso haber recibido amenazas como consecuencia de sus explicaciones técnicas sobre la gestión de la dana más devastadora de este siglo en España. Núñez, al igual que Simón, es un funcionario sin adscripción partidista que un día se vio en el ojo del huracán por el mero hecho de difundir información en un momento de crisis. 

Semanas después de dejar atrás las agónicas jornadas de agosto, en las que hubo que acordar el desalojo de 40.000 personas, Barcones defiende que se limitó a “rendir cuentas de la situación” de los incendios ante los medios y a trasladar información veraz. Lamenta el “ruido” y la “crítica feroz” de aquellos días. “Lo dije desde el principio: yo no soy importante. Ojalá ante una emergencia o una catástrofe fuera todo tan fácil como poner en cuestión a una persona. El único enemigo eran las llamas. Mi único objetivo era que los incendios acabaran lo antes posible, no tener que lamentar la pérdida de ninguna vida más y que las personas evacuadas pudieran volver a su vida”, afirma en conversación con elDiario.es. 

Barcones, a quien la extrema derecha de Vox ha denunciado por homicidio imprudente por su gestión de los incendios, insiste en que todo lo que dijo “está acreditado”. Y aunque reconoce que, en el aspecto más personal pudo llegar a tener una ligera sensación de injusticia ante los insultos y difamaciones que recibió en un momento de máxima tensión, trató de no desviar en ningún momento el foco de lo importante: acabar con los incendios. 

La directora de Protección Civil incide en que lo relevante es que esa crítica que “va más allá de la gestión y del objetivo, porque entra en el ámbito de las personas y su cualificación” genera un estado de “confusión” que acaba perjudicando a los ciudadanos. “El ruido impide que la información objetiva, que es clave en situaciones de emergencia, llegue con claridad y que la ciudadanía no entienda cuál es nuestro sistema, cuál es la responsabilidad de cada uno y lo que tenemos que hacer”, sostiene. 

Ataques “sin pies ni cabeza”

El epidemiólogo Fernando Simón sigue al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) casi seis años después de la pandemia. Atrás quedaron aquellos meses de trabajo extenuante, en los que se sucedían las reuniones a horas intempestivas, en las madrugadas y en los fines de semana. Reconoce que entonces —y todavía— recibe reconocimientos, pero también “ataques personales” que en ocasiones hacen “daño”, pero a los que intenta dar la importancia que merecen. 

“En las emergencias no nos centramos en el ruido que pueda hacer la comunicación técnica. Esa no es la parte dura de nuestro trabajo. Cuando estás en plena vorágine de una emergencia sanitaria el objetivo es el control de los riesgos y reducir el impacto lo más posible en la población. La parte de la percepción social de nuestra comunicación la dejamos a un lado para tratarla más adelante porque, en ese momento, hay otros aspectos más urgentes”, afirma. 

Simón reconoce el valor de las discusiones constructivas que permiten “avanzar, desarrollar conocimiento o plantear nuevas bases de discusión” por muy críticos que sean los posicionamientos. E insiste en que los problemas llegan cuando la discusión se tergiversa, se saca de contexto y se busca únicamente el ataque puramente personal. “En muchos casos, los ataques no tienen ni pies ni cabeza. Se basan en cómo te peinas, en cómo te vistes, en si tu familia vive en un sitio o en otro. Son ataques que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación que se está haciendo. Y esos molestan, sobre todo porque exponen a seres queridos”, afirma este médico. 

Cuando llegó la pandemia, Simón llevaba ya ocho años al frente del CCAES, donde lo había situado la que fuera ministra de Sanidad con el PP Ana Mato. Desde allí gestionó también la crisis del ébola, en 2014, que en España no causó ningún muerto y solo un contagio. Entonces fue alabado por su capacidad de divulgar los conocimientos que se tenían sobre la infección y tranquilizar a la población. 

Él mismo recuerda, sin embargo, que también hubo quien tuvo la tentación de decir que estaba blanqueando al Gobierno de Mariano Rajoy, que estaba entonces en la Moncloa y que era quien lo había situado al frente del organismo que vigila los riesgos y amenazas para la salud pública y coordina la respuesta del Estado ante situaciones de crisis que afecten a la salud. “La percepción y lo que se decía entonces en muchas redes era que Fernando Simón era de derechas. Igual que en la pandemia se me vinculó con la izquierda por quién estaba en el Gobierno. Yo tengo mi orientación política muy marcada, pero nunca la he dicho en público”, asevera. 

Acoso a los científicos

Pese a ser uno de los colectivos con mayor reconocimiento social a escala global, los científicos no están exentos de ataques por parte de ciertos sectores cuando la ciencia irrumpe en la primera plana y adquiere un papel central en la vida cotidiana. La revista Science publicó un artículo en 2022 que revelaba que de 321 científicos encuestados un 38% sufrieron acoso por informar de la COVID. 

“En varios países, gente que ejercía las mismas funciones que yo durante la pandemia acabó por retirarse porque no aguantaba el escarnio público que se dio en ese momento. Otros aguantaron incluso habiendo sido agredidos”, afirma Simón. Y cita el caso de un colega griego al que tuvieron incluso que ponerle guardaespaldas. O el del prestigioso virólogo alemán Christian Drosten, que después de meses acabó retirándose de la comisión que evaluaba las restricciones por el coronavirus en el país germano. 

Simón afirma que no consideró la posibilidad de dar un paso a un lado. “Sí planteé que si había alguien que pudiera hacerlo mejor yo estaría encantado de que lo hiciera. Pero si no había nadie dispuesto, no iba a quitarme de en medio. No podía permitir que la información que llegara a la población estuviera sesgada hacia lo que a algunos les podía interesar que se sesgara”, explica más de un lustro después de aquella crisis. 

Un testigo “incómodo”

Entre quienes, en un momento dado, decidieron dar un paso a un lado para cuidar su salud mental está José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana desde 2002 y una de las voces científicas más críticas con la gestión que el Ejecutivo de Carlos Mazón hizo de la riada que causó 228 muertos y dejó a su paso un reguero de destrucción.

Núñez llegó a estar de baja, en tratamiento psiquiátrico y su médica lo derivó incluso a los servicios de asistencia psicológica a las víctimas de las riadas, tal y como él mismo denunció en un artículo publicado en El País. “El desgaste ha sido tremendo. Pero también he recibido el apoyo de compañeros, de gente que no conozco, de universidades. No me he encontrado solo y eso me ha dado fuerza para seguir”, dice en conversación con elDiario.es. 

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, este funcionario afirmó que Mazón lo había puesto en el punto de mira en una intervención en Les Corts Valencianes, el pasado noviembre, en la que trató de desacreditar a la Aemet por no haber informado con antelación sobre la magnitud de la tragedia. La tesis de fondo del Consell es que ese supuesto retraso en advertir a tiempo sobre la letal tromba que se avecinaba habría provocado la tardía respuesta de la Generalitat. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, volvió a insistir recientemente en el bulo de la falta de información de la Aemet.

Núñez denuncia que antes y después de ese señalamiento ha recibido ataques de agitadores ultra en las redes sociales con mensajes manipulados. “Muchas de las cosas que conté a la jueza solamente las conocía yo porque estuve haciendo un diario de lo que ocurrió el día de la dana con pruebas y demás. Consideré que mi tarea era importante y que el acoso y el señalamiento que estaba recibiendo era en mi condición de testigo incómodo”, sostiene. 

Las querellas de la extrema derecha

Varios de estos portavoces de crisis no se han expuesto solo a la crítica y el insulto. Se han encontrado también con que su trabajo terminaba en los tribunales. La extrema derecha de Vox ha aplicado su receta de querellas ‘spam’ a las caras visibles de las tragedias, por el momento cosechando el habitual éxito de sus acciones judiciales con un pleno de archivos e inadmisiones. 

Su último objetivo judicial es Barcones, doble querellada por su papel en la dana de Valencia y ahora también por los incendios del mes de agosto. La Sala de lo Penal ya rechazó las acusaciones contra ella por el desastre de las riadas y se prepara para hacer lo mismo con respecto a los incendios. “Si se admite a trámite yo iré donde tenga que ir, a mí me han enseñado en casa que con la verdad se va a todos los sitios”, explica Barcones. El reguero de querellas políticas de Vox han generado un cuerpo propio de doctrina en el Supremo: ser portavoz o responsable de una estructura como un Ministerio no hace a alguien penalmente responsable de cualquier cosa que suceda. 

Fernando Simón fue de los primeros en experimentar las consecuencias de esta estrategia de la extrema derecha. Organizaciones ultra como Abogados Cristianos y sindicatos médicos pidieron sentarle en el banquillo porque, según decían sus denuncias y querellas, sus declaraciones públicas habían contribuido a minimizar la magnitud de la tragedia hasta el punto de poner en peligro a la población. Un juzgado de Madrid llegó a abrir una causa contra él por una querella que, como la que presentó el abogado estafador Víctor Valladares, acusaba a Simón de promover la manifestación feminista del 8-M a pesar del riesgo de contagio.  

Vox ha repetido el guion con Virginia “Balcones” —así se refieren a ella en varios puntos de la querella— a raíz de los incendios de agosto. Por el momento, los tribunales han ido en dirección contraria y la única causa penal abierta en torno a estas tragedias es la que instruye una jueza de València contra altos cargos del Gobierno de Mazón y su papel en la gestión de la Dana. 

El escenario se repite catástrofe tras catástrofe de la mano de la derecha. Los portavoces, tengan o no perfil político, son puestos en la diana en cuanto sus declaraciones o datos amenazan el relato de PP y Vox sobre una tragedia o son potencial objetivo de rédito electoral. La factura de ser el enlace entre la Administración y la población en los momentos más complicados de un país sigue siendo, cinco años después de la pandemia, el señalamiento, el insulto y la amenaza del banquillo.