Educación pública: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿para quién?

Recientemente, hemos conocido que la eurodiputada y exministra Irene Montero y el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias han escolarizado a dos de sus tres hijos en un colegio privado. Hecho que ha dado lugar a comentarios en diversos medios, aunque no demasiados, la verdad. 

Comentarios que, en su mayor parte, han tenido relación con la postura política pública de ambos acerca de la educación privada que tanto -y con tanta razón, en mi opinión- han denostado con fuerza en el pasado. 

Con esos mimbres que proporciona la hemeroteca, es bien lógico y esperable que se haya destacado la incoherencia política que esta decisión puede suponer al no aplicarse para sí la doctrina y el comportamiento recomendados y/o exigidos a los demás. Lo que, en términos políticos, es un auténtico despropósito y, sin duda, un mal trago para Podemos. Una fuerza política a la que no he escuchado manifestarse oficialmente al respecto, aunque bien pudiera habérseme despistado. Pronunciamiento que no sería en modo alguno superfluo, habida cuenta de la relevancia interna de ambos, pero, particularmente en la actualidad, de la Sra. Montero, dada su condición de eurodiputada. 

Quien sí ha hablado -escrito- ha sido Pablo Echenique, en Diario Red, en un artículo del 13 de septiembre en el que dice muchas cosas. Entre ellas, en esencia, que Montero e Iglesias mantienen a su hija en el colegio público en el que los tres hijos han recibido una buena educación, que los dos hijos mayores ahora van a un centro educativo privado para protegerlos de la presión social y evitarles el enfrentamiento con algún energúmeno, que quieren proporcionarles un entorno de valores seguro, que ello les honra porque han priorizado el bienestar de sus hijos a sabiendas de lo que les iban a poner a caer de un burro, que es un centro que apuesta por una educación transformadora y que sería maravilloso que formara parte de la red pública, que no es un colegio pijo sino un cole organizado en cooperativa que reivindica grandes valores, que los medios no publican que otros dirigentes de partidos de izquierdas defienden con vehemencia la educación pública y llevan a sus hijos a colegios progresistas que no son públicos. También afirma que antes es defender a sus hijos que “evitar falsas acusaciones de incoherencia”.

El propio Iglesias se ha expresado en términos similares.

Vaya por delante que no puede sino respetarse las decisiones de una familia acerca de la elección del modelo educativo -público o privado, de entrada- en el que quieren que sus hijos se eduquen. Cientos de miles de familias lo hacen con entera libertad cada año. Pero no es esa la cuestión en este caso.

Desconozco por completo sus motivos, salvo los argumentos dados por ellos mismos acerca de los obstáculos que para el bienestar de sus hijos pudiera suponer seguir en el colegio público. No voy a entrar ahí porque cada cual tiene sus razones para tomar decisiones en este y en cualquier otro ámbito. Pero, Sr. Echenique, lo siento, niego que las acusaciones de incoherencia que se han escuchado sean “falsas”. Yo no “acuso” de incoherencia, pero opino que la decisión es incoherente con las palabras anteriores -más bien, muy incoherente-, porque todas las familias tienen “sus razones” para tomar decisiones similares. Yo escribo esto con mucho dolor y también con inmensa rabia porque hay temas en los que la izquierda no debiera jamás equivocarse. Y este es, desde luego, uno de los más relevantes.

Parto de la idea, sin duda compartida en la izquierda política real, de que es imposible tender a una sociedad de personas libres e iguales sin una educación en igualdad. Y también entiendo que no es posible tal educación en igualdad manteniendo todavía redes privadas sostenidas con fondos públicos, siempre en detrimento de la escuela pública. Asimismo, y aunque no sea financiada con dinero público, la educación privada se aleja, sin duda, de los valores de igualdad y libertad.

Porque, ciertamente, se puede afirmar que todas las prestaciones educativas y sociales que proporcionan los centros privados de cualquier naturaleza son, de hecho, brindadas más eficazmente y de un modo socialmente más eficiente y más sostenible por los centros públicos. Porque se ofrecen para todo el alumnado, sin distinción, y con pleno sometimiento a las directrices de gestión pública y de calidad, en todos los ámbitos.

Porque, por definición, la escuela pública, siendo única y gestionada por los poderes públicos, impide o debe hacerlo – la segregación derivada de cualquier motivo o circunstancia personal o social y prepara a todas las niñas y niños para una vida social en convivencia plena con otras personas y grupos humanos distintos. Porque la escuela pública no segrega -o no debe hacerlo, en absoluto- ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por lengua, ni por estatus, ni por ninguna otra circunstancia personal o social. 

Y, siendo esto así, ¿cuáles son hoy las razones para defender el mantenimiento de redes educativas privadas sostenidas o no con fondos públicos? Pues se mire como se mire, no existe ninguna razón objetiva que, desde el punto de vista de los derechos constitucionales, permita tal defensa. La educación es un derecho plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución española y, como tal, en los países en que existen fondos públicos suficientes para ello, como es el caso, ha de ser brindada en igualdad de condiciones para una auténtica igualdad de oportunidades.

Pero, naturalmente, existen otras razones no objetivas ni admisibles socialmente para sostener y afianzar este modelo de coexistencia de redes educativas pública y privada. Son las razones de siempre, aunque no se expliciten: satisfacer intereses particulares, intereses ideológicos y partidistas y de mantenimiento de élites sociales, económicas y políticas. O sea, lo contrario a un auténtico Pacto social por la educación que permita avanzar con firmeza hacia la igualdad real y efectiva de todas las personas y grupos sociales.

Por supuesto que hay libertad de enseñanza y derecho de todos a la educación, como lo proclama el artículo 27 de la Constitución. Una educación que, según el texto constitucional, “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Un derecho que, siempre a tenor de la Constitución, es garantizado por los poderes públicos a los padres “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Claro que esto es así. Por eso muchas familias -demasiadas, en mi opinión- eligen para sus hijos centros privados, concertados o no. Porque entienden que van a recibir mejores valores -de cualquier tipo- o una mejor formación en todos los sentidos o por las razones que en cada caso sean determinantes para esta decisión.

Pero ello no evita pensar, como yo pienso, que esta realidad sigue sosteniendo un sistema social elitista, contrario a la igualdad de oportunidades, en decisiones perfectamente reflexionadas, maduradas y conscientes. Decisiones que terminan por elegir un centro educativo privado del que se esperan mejores prestaciones que las de un centro público. No quiere ello decir que así sea -de hecho, no lo es en la mayor parte de los casos-, pero sí es la real pretensión de esas familias. O sea, recibir una educación mejor -en cualquier sentido- que la de la mayoría que se educa en la red pública. 

Comparto plenamente el objetivo de Podemos ofertado en la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024 de que “los sistemas educativos europeos tengan una red educativa pública que cubra el 90% de la demanda para la próxima década, como ya sucede en los países con mejores resultados educativos”, y ello a fin de lograr “la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social”. 

Comparto igualmente la idea de Podemos -Documento político de noviembre de 2023- de que “la educación pública debe ser un eje vertebrador de nuestra política transformadora”. 

Igualmente, comparto absolutamente la campaña de esta fuerza política -por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en febrero de este mismo año- proponiendo elegir Colegios e Institutos públicos para escolarizar a niñas y niños por ser “una escuela de calidad, inclusiva, plural y laica, gratuita y compensadora de desigualdades, democrática y participativa, igualitaria y coeducativa”, “que contribuye al mejor desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa, más múltiple, más plural”. ¿Se puede decir más y mejor? No, no se puede, pues está describiendo perfectamente la función y el contenido de la educación pública. 

Cierto es que no es difícil comprender “el atractivo” que puede tener la educación privada según las preferencias y tendencias de todo tipo de cada familia. Y la tentación de dar a los hijos la “mejor educación”, la que, en teoría, los coloque en mejor posición para la vida personal y profesional. Puede pensarse en colegios que formen especialmente, ¡qué sé yo!, en la ecología, o en el cuidado físico y los deportes, o en el desarrollo de la imaginación, o en literatura, o en el teatro, o en ciencias matemáticas, o en idiomas, o en otros valores, los que se quieran. Pero ello siempre estará disponible para pocas familias, pues la mayoría ni siquiera podrá acceder a ello por razones económicas. Lo que, se quiera o no, es, ya de entrada, una segregación social mayúscula y, normalmente, un torpedo en la línea de flotación del “ascensor social”, pues, aunque exista tal ascensor, habrá quien arranque desde la planta baja y quien lo haga desde una planta superior, esto es, con ventaja. Y eso sí que no es admisible, no al menos desde la teoría y los objetivos políticos de la izquierda.

Cambiar la realidad es muy complicado, desde luego, sobre todo para avanzar en igualdad y libertad reales y efectivas, como también mandata la Constitución, pues siempre habrá enormes resistencias para ello. Pero en nuestra mano está no sumarnos a dichas resistencias, no reforzarlas, y seguir sosteniendo, en la teoría política y también en la práctica personal, nuestros objetivos e ideales. No hacerlo será siempre una incoherencia, aunque tenga sus razones personales -distintas para cada cual-. 

Es lo que nos sucede a los seres humanos, a todos, pero en ocasiones, como esta, es muy deslegitimador, hace mucho daño y, además, genera mucho y muy sincero dolor.