Las hermanas García Caparrós accederán al archivo desclasificado del asesinato de su hermano por primera vez en 40 años

Si nada se tuerce, y nada hace prever que así sea, la familia de Manuel José García Caparrós (sus hermanas Dolores, Francisca y Purificación) podrán confirmar finalmente quién disparó la bala que acabó con la vida de su hermano el 4 de diciembre de 1977. Han hecho falta casi 48 años y decenas de reclamaciones, compromisos, gestos e iniciativas para que, si todo es como parece, este martes la Mesa del Congreso apruebe la nueva norma que autorice a las hermanas a las actas de la Comisión de Encuesta que investigó el suceso en 1978, sin tachar nombres ni anonimizarlos.

La nueva Instrucción para acceder y consultar el archivo del Congreso, que es donde se encuentran esas actas, se debate hoy en la Mesa y cuenta a priori con el respaldo de una mayoría integrada por los miembros del PSOE y de Sumar. “Desde este mismo martes, las hermanas de García Caparrós podrán acceder al archivo completo, desclasificado y sin anonimizar”, aseguran fuentes de la cámara legislativa.

La nueva norma, encuadrada en el Plan de Parlamento Abierto y a la que ha tenido acceso elDiario.es, recoge todo un corpus con el que se actualiza el sistema de acceso al Archivo, hasta ahora regido por una Instrucción de 1984. Un párrafo lo cambiará todo, según fuentes del Congreso y de Sumar, que ha impulsado la modificación.

Amparándose en Ley de Memoria Democrática, se recoge dentro de las excepciones al principio general de acceso al Archivo, y dice así: “(…) cuando la solicitud de acceso provenga de un interesado o de sus herederos, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado c) del artículo 57.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español a los fondos documentales, cualquiera que sea su naturaleza u origen, depositados en el Archivo del Congreso de los Diputados sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.

En la práctica, una “contraexcepción” que dará carta blanca a los familiares para consultar documentos aunque estos contengan “datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen”, sin contar con los largos plazos de la Ley de Patrimonio Histórico.

Dolores García Caparrós, junto a sus hermanas, en rueda de prensa

Reforma impulsada por Sumar

La reforma fue anunciada por Esther Gil de Reboleño, diputada de Sumar y vicepresidenta de la Mesa, en un mitin de Verdes-Equo este sábado en Málaga. “Esto marca un antes y un después. Respecto a franquismo y asesinatos posteriores, si está en el Congreso y lo piden los familiares, se podrá ver”, explica la diputada.

Hasta el mismo sábado, la familia de García Caparrós no sabía nada, explican fuentes cercanas. Este lunes recibieron una llamada para explicárselo. En junio, las hermanas ofrecieron una rueda de prensa en la que cargaron contra el Gobierno y el Congreso por los continuos retrasos en afrontar la desclasificación completa de las actas. Dijeron que el Gobierno “se está riendo” de la familia porque desde febrero, cuando recibieron la promesa de María Jesús Montero de que se modificaría la ley para desclasificar los papeles, no habían vuelto a saber nada.

Las nuevas instrucciones de acceso al archivo parecen una vía mucho más despejada que la de modificar la Ley de Secretos Oficiales o incluso la de acudir al Tribunal Constitucional, como barajó Sumar en junio. Aquello estuvo cerca de generar una crisis en el Gobierno de coalición, con Sumar amagando con llevar a los tribunales el presunto obstruccionismo del socio mayoritario de Gobierno.

“Ahora se va a dar luz verde a lo que ya decíamos que era posible: que al amparo de la Ley de Memoria tenía que saberse la verdad de lo que pasó”, explica Toni Valero, diputado malagueño de Sumar. “Queremos saber qué pasó, quienes estuvieron implicados y que las instituciones respondan, y creemos que hay base legal para que desclasifique sin tachaduras”.

Junto a las hermanas, que llevan años clamando por conocer la verdad y pidiendo el reconocimiento como víctimas del terrorismo, IU ha presentado en los últimos años varias iniciativas para arrojar luz sobre el asesinato del joven, convertido en símbolo de la autonomía andaluza. La exdiputada Eva García Sempere pudo consultar los papeles en 2017, pero con los nombres tachados. Pero el pasado invierno, su útlimo intento se topó con la negativa de un informe de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso a quitar las tachaduras de los nombres. Se podían ver los documentos, pero anonimizados. Se argumentaba que con la normativa entonces vigente no era posible dar vista completa de las actas. Sumar (IU) defendía que sí.

Símbolo de la autonomía andaluza

Manuel José García Caparrós tenía 19 años cuando murió de un impacto de bala en las cargas policiales que interrumpieron la manifestación por la autonomía andaluza celebrada en Málaga el 4 de diciembre de 1977. El Presidente (Gobernador civil), Francisco Cabezas, se negaba a que la bandera andaluza ondeara en la sede del Gobierno civil, en la Alameda de Colón, en contra de lo que iba a ocurrir en el resto de capitales andaluzas. La manifestación, pacífica, se fue al traste cuando un joven intentó trepar por la fachada para colocarla.

El caos se desató con cargas policiales y disparos al aire. Según cuentan los testigos, los agentes salían desde todos los sitios, como si estuviesen emboscados a la espera de recibir la orden. Entre los disparos al aire, también hubo a las personas. Y fue uno de esos tiros el que atravesó por la axila al joven Manuel José, trabajador de Cervezas Victoria, sindicalista de CCOO, aficionado al fútbol. Ingresó ya cadáver en el (entonces) Hospital Carlos Haya, hoy Hospital Regional. Sus padres murieron poco después, dicen sus hermanas que consumidos por la pena.

Ni la investigación judicial ni la comisión parlamentaria (presidida por Juan Rovira, alto cargo de Hacienda durante el franquismo) llegaron nunca a conclusión alguna y ni siquiera se encontró la bala que mató a García Caparrós. Francisco Cabezas, responsable político de lo que ocurrió, desapareció de la vida pública y un velo de silencio cubrió el crimen durante años, reforzado por la negativa del propio Congreso, hasta ahora, a entregar las actas donde se recoge el nombre de quien apretó el gatillo sin tachar su nombre. Se supone que es un cabo, ya fallecido, que fue trasladado de inmediato a Vélez-Málaga.

Con los años, sin embargo, la presión ha ido intensificándose gracias al tesón de las hermanas, que han ido cosechando el apoyo político de la izquierda, y a una presión creciente por el reconocimiento de Manuel José García Caparrós como símbolo de la autonomía andaluza. “Esperamos que sea la definitiva, que salga todo a la luz, se sepa toda la verdad y no escondan lo que pasó el 4 de diciembre”, ha dicho Dolores, con la desconfianza de quien lleva años intentando en vano que le digan quién mató a su hermano.