El Constitucional rechaza el recurso de la Junta de Extremadura y deja vía libre judicial a la demolición de Valdecañas
El pleno del tribunal descarta por unanimidad las alegaciones del ejecutivo y confirma las resoluciones del Supremo que ordenaron tirar abajo este complejo de casi 200 villas, un hotel y un campo de golf, a la espera de nuevos recursos por resolver y la entrada en vigor de una nueva ley autonómica para salvar el resort
Archivo – El Supremo mantiene la demolición del complejo de Valdecañas a la espera del Constitucional
El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que deja vía libre judicial para derribar el complejo extremeño de Valdecañas. Los magistrados, por unanimidad de conservadores y progresistas del pleno, han rechazado el recurso que la Junta de Extremadura presentó contra las decisiones del Tribunal Supremo que exigían la demolición de este complejo que tiene casi 200 villas, un hotel y un campo de golf. El tribunal de garantías todavía tiene pendientes más recursos, por ejemplo los presentados por los propietarios de la Isla, y está por ver el efecto de la nueva normativa autonómica con la que la Junta pretende salvar al complejo del derribo definitivo.
El pleno ha analizado este martes el recurso del ejecutivo extremeño y ha entendido que debe ser rechazado de plano. Un recurso que, junto con otros presentados y todavía pendientes de sentencia, cuestionaba las decisiones del Tribunal Supremo de 2022 que implicaban la demolición del complejo. Hace tres años, el tribunal dictó la sentencia de muerte del complejo levantado en medio del pantano y en una Zona de Especial Protección de Aves: “Deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución”, dijo entonces el Supremo.
El constitucional avala ahora esos autos y sentencias, lo que en la práctica da vía libre judicial a ejecutar las decisiones del Supremo y poner en marcha la demolición, pero fuentes jurídicas alertan de dos factores que pueden obstaculizar ese derribo: todavía hay más recursos por resolver y, además, Extremadura ha sacado adelante en los últimos años nuevas normas autonómicas cuya misión es salvar, precisamente, estas villas de la destrucción.
La primera medida de la Junta fue una ley ad hoc para legalizar el resort y actualmente el ejecutivo extremeño ha sacado ese terreno de la Zona de Protección de Aves mediante un decreto. El argumento utilizado es que se ha recalculado (gracias a los avances tecnológicos, se arguye) que esa isla no es inundable, que el agua del embalse en la que descansa nunca llegará tan arriba, y eso le quita su valor ecológico.
