El hermano de Sánchez, ante el banquillo: claves del otro frente judicial y mediático que cerca al presidente

El caso de David Sánchez entra en una fase decisiva después de que la Audiencia Provincial haya rechazado este martes los recursos de los investigados y haya confirmado que irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. La decisión de la Audiencia llega después de que los investigados recurrieran antes de verano el auto de la jueza Beatriz Biedma, titular del juzgado nº3 de Badajoz, en el que decretó la apertura juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, a raíz de la creación de una plaza laboral pública como coordinador de los conservatorios pacenses y su posterior adjudicación a Sánchez. Este caso, con fuerte resonancia mediática, es el otro frente judicial que cerca al presidente, junto con el de su mujer, Begoña Gómez.

La decisión de la jueza Biedma coincidió en mayo con el proceso de aforamiento exprés como diputado autonómico del otro principal acusado en la causa: Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura. El resto de los imputados son o han sido empleados de esa misma diputación. Entre ellos, un exasesor de Moncloa y amigo personal del hermano del presidente del Gobierno, Luis Carrero.

Todo el proceso surge a raíz de la publicación el 19 de mayo de 2017 de la convocatoria de una plaza como “Coordinador/a de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social”.

El nombramiento

El 3 de julio de ese mismo año, la Diputación elige –entre otros 11 candidatos– al compositor y director de orquesta David Sánchez. En ese momento, Pedro Sánchez era secretario general del PSOE, pero no presidente del Gobierno, cargo al que accedió en junio de 2018.

En 2023 surgen las primeras críticas desde la derecha, afeando el elevado sueldo del cargo (unos 55.000 euros brutos al año), o el hecho de que David Sánchez residiera en la vecina localidad portuguesa de Elvas o, supuestamente, no acudiera a su puesto de trabajo.

Una denuncia de Manos Limpias

En junio de 2024, la jueza Biedma admite a trámite una denuncia contra el nombramiento de David Sánchez presentada por el pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias basada en recortes de prensa. En la denuncia, calificaba los hechos como un delito contra la Hacienda Pública –por una residencia fiscal ficticia en Portugal–, malversación de fondos públicos y otro de fraude. A lo largo del proceso se fueron sumando como acusaciones populares el PP, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Entre julio y septiembre de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró en varias ocasiones la Diputación de Badajoz, recopilando miles de correos electrónicos relativos a la contratación de Sánchez.

La imputación

En noviembre de 2024, la jueza Biedma decidió imputar a David Sánchez después de recibir un informe en el que la UCO recogía “indicios racionales de delito contra la Administración Pública” tras analizar los correos incautados en la Diputación de Badajoz.

El pasado 14 de mayo, las acusaciones populares solicitaron para David Sánchez, tres años de cárcel, inhabilitación y la devolución de todos los salarios que haya obtenido desde su contratación.

Recurso de la Fiscalía

Al día siguiente, 15 de mayo, la Fiscalía de Badajoz presentó un recurso de apelación contra el procesamiento de David Sánchez. El escrito, dirigido a la Audiencia Provincial, pide el archivo de la causa. Considera que solo hay “conjeturas e hipótesis” y no “auténticos indicios racionales de criminalidad” para procesar a Sánchez y al resto de imputados. La causa también fue recurrida por la defensa de David Sánchez.

El 16 de mayo, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño anunció su intención de entrar en la Asamblea autonómica como diputado, lo que lo convertiría en aforado y obligaría a que el caso pasara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Para lograr entrar en el Parlamento extremeño, Gallardo ha conseguido la renuncia de un diputado y la de cuatro sustitutos, que fueron incluidos en la lista por Guillermo Fernández Vara para las elecciones de 2023.

Este miércoles, día 21, la Junta Electoral dio la credencial a Gallardo como diputado y se registró en la Asamblea el mismo día con su petición de ingreso, pero la toma de posesión del acta se llevará a cabo el día 29. No está, pues, claro si el aforamiento es efectivo o no.

Apertura de juicio oral

Otro giro en este caso se produjo el jueves 22 de mayo, cuando la jueza decide abrir juicio oral contra el hermano del presidente Sánchez, contra el líder del PSOE extremeño, Gallardo, y contra el resto de personas imputadas.

Contra ese auto presentaron recursos de apelación de la defensa de David Sánchez y de la Fiscalía de Badajoz, pero la jueza ya recordó en su auto que ese recurso lo tenía que resolver la Audiencia Provincial y que el trámite “no tiene efectos suspensivos”, por lo que el proceso seguía adelante.

David Sánchez conserva su pasaporte

El pasado mes de agosto, la jueza Beatriz Biedma confirmó que no procedía la retirada del pasaporte a David Sánchez, como pedían las acusaciones populares. Biedma argumentó que si este tuviera previsto “fugarse” de la acción de la justicia, “podría haberlo hecho ya”.

Confirmación de la Audiencia Provincial

Este martes 23 de septiembre la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos y ha confirmado que los investigados se sentarán en el banquillo.