
La izquierda se divide en el Congreso frente al bloque antiinmigración de la derecha
La mayoría del Congreso tumba la iniciativa de Junts pactada con el PSOE para delegar las competencias del Estado en inmigración a la Generalitat con los votos de Podemos y dos diputados de Sumar en contra
El Congreso rechaza la ley de Junts y PSOE para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya
A un lado, la derecha en bloque con un discurso granítico para señalar que la población inmigrante lo pone en riesgo en todo, desde los recursos públicos hasta la seguridad ciudadana. Y enfrente, una izquierda dividida entre la apuesta por ahondar en la descentralización del modelo territorial para asumir la petición de Junts y la denuncia de las “políticas racistas”. El debate que tuvo lugar este martes en el Congreso acerca del traspaso de la gestión migratoria a Catalunya, pactada por el PSOE con el partido de Puigdemont, no solo evidenció las grietas de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, con Junts escorado hacia postulados de PP y Vox y con Podemos muy crítico con el Ejecutivo, sino que sirvió para airear las rencillas entre las propias formaciones progresistas.
Desde lo meramente legislativo, el texto pactado entre Junts y el PSOE para delegar las competencias de la gestión migratoria a Catalunya, ahora en manos del Estado, descarriló a las primeras de cambio. Porque el PP y Vox lo rechazaron bajo el argumento de que rompe España y porque Podemos también se opuso, aunque por razones bien diferentes. “Hoy no debatimos sobre el modelo de Estado o sobre competencias. Hoy nos posicionamos frente a una iniciativa que trata la inmigración como un peligro social”, argumentó el diputado Javier Sánchez Serna.
Esa delegación de competencias, en realidad, fue pactada hace ya casi dos años entre el PSOE y Junts al calor de una negociación in extremis sobre un tema que no tenía nada que ver: un decreto económico que incluía un amplio paquete de medidas anticrisis, desde el descuento al transporte público a la reducción del IVA de alimentos básicos. Para poder sacarlo adelante, el Gobierno se comprometió entonces a ceder ante el partido de Carles Puigdemont en uno de los asuntos de los que hace bandera en su competeción electoral con la xenófoba Aliança Catalana: la gestión de la inmigración.
El texto pactado entre socialistas e independentistas catalanes incluía que, en adelante, sería la Generalitat catalana quien gestionaría las devoluciones de migrantes, los permisos de residencia o los Centros de Internamiento de Extranjeros. Y que fueran los Mossos, cuyo número de agentes aumentaría en 1.800, quienes asumirían la seguridad de puertos, aeropuertos y de “zonas críticas” en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante su defensa del texto en el debate parlamentario de este martes, la portavoz de Junts volvió a dejar claro qué es lo que mueve a su formación política a exigir que sea Catalunya quien asuma el mando de las políticas migratorias. Míriam Nogueras habló de una situación de “colapso” y relacionó a la población migrante con unos sevicios públicos “saturados”.
“El 40% de los inmigrantes en Catalunya no trabajan y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir. En los últimos años hemos asumido más de dos millones de personas y el país y sus servicios han quedado saturados. A principios de los 90 la población extranjera representaba el 2%. Hoy casi el 19%, muy por encima de la media europea que es del 9,6%”, concluyó.
La portavoz de Junts culpó además a la inmigración de poner en peligro la identidad catalana. Y lo hizo con una frase de sorprendente dureza. “La supervivencia de nuestra identidad no está garantizada, sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana, un factor de cohesión e integración social absolutamente extraordinario. Hace 20 años, el 46% de los ciudadanos de Catalunya tenían la lengua catalana como lengua habitual, hoy solo el 32,6%”, dijo.
El discurso de Nogueras, difícilmente distinguible en materia migratoria a los posicionamientos del PP o Vox, fue la percha perfecta para Podemos en la justificación de su voto en contra, anunciado ya desde la semana pasada y decisivo para que el texto descarrile. “Las extremas derechas se abren paso en España y en Catalunya y nos imponen su agenda. Y lo hacen, además, con un discurso muy sencillo y que está llegando a mucha gente: todos los problemas de nuestra época, desde la desigualdad de clases a la crisis climática, tienen su origen en la inmigración. El inmigrante es culpable”, planteó el diputado de los de Ione Belarra.
“¿De verdad alguien piensa que todo esto va de competencias? Aquí lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante para vincular de nuevo inmigración y delincuencia. Y Podemos no puede estar ahí porque lo que reclamamos son cambios legales para garantizar los derechos humanos de todos y de todas”, apostiló Sánchez Serna.
La izquierda independentista reprocha a Podemos su voto
Lo que puso de relieve esa discusión política es la división que genera este asunto entre la izquierda estatal y las fuerzas progresistas independentistas, que se esforzaron en pedir a Podemos que recapacitase su voto. Fue especialmente duro el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. “Les respeto enormemente, mucho. Su gente es mi gente […], pero hoy no les entiendo”, le dijo a los cuatro diputados del partido, que dejaron claro ya la semana pasada que no apoyarían una ley que consideran racista.
“Nosotros no estamos defendiendo una ley y unas competencias de Junts sino unas competencias y unas leyes para Catalunya”, argumentó Rufián, que llegó a considerar “absurdas” las explicaciones de Podemos para rechazar esta votación. “El camino que emprenden hoy es realmente preocupante”, insistió.
Un mensaje que recogió el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, preocupado por la estabilidad de la legislatura ante el choque entre Podemos y Junts, que ha marcado ya algunas votaciones importantes en estos dos años. “Todos aquellos partidos que apoyamos la investidura, nos sintamos o no parte de esa mayoría, o somos todos y todas corresponsables en cada norma o aquí no se aprueba nada”, afirmó ya con la certeza de que el voto de Podemos tumbaría la ley. “¿Estamos jugando a eso?”, se preguntó. “Solo ganan estos señores, que están deseando que se bloquee todo”, dijo en referencia a PP y a Vox.
Iñarritu también lanzó críticas directas a Podemos, a quien pidió reflexionar sobre el voto como un partido de izquierda que apoya la plurinacionalidad. “Acusar de posible racismo a esta norma significa que podríamos pensar que ningún catalán ni catalana puede gestionar bien las competencias”, dijo.
Sumar se enreda en un nuevo debate interno
Sumar, mientras tanto, reprodujo este martes ese mismo debate en el seno de su propio grupo. Lo hizo primero con Alberto Ibáñez, el diputado de Compromís que sigue en la coalición, que anunció a primera hora que no apoyaría el texto, también bajo el argumento de que el marco del debate sobre el que se sustancia esta proposición es el de la competición xenófoba de Junts y Aliança Catalana.
Pero también se sumó a este debate Izquierda Unida, que durante todo el día discutió internamente la posición sobre una ley que, eso sí, sabían que ya estaba perdida. La formación había pedido a Junts garantías de que sus posicionamientos sobre inmigración son acordes con los derechos humanos, pero el discurso de Nogueras no contribuyó a ello.
A media tarde, IU aseguró que prolongaría hasta el momento de la votación “las conversaciones con Junts ”para tener garantías de que el contenido final de la parte propositiva de la ley“ pudiera tener ”importantes modificaciones en el caso de que esté en condiciones de ser tomada en consideración“. También relacionó el voto con ”la posibilidad de avanzar y desbloquear“ la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes, bloqueada en el Congreso precisamente por los independentistas catalanes.
Finalmente, los seis parlamentarios de IU han votado a favor, en una decisión trabajada hasta el último minuto, pero en la bancada de Sumar se ha desmarcado el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, que ha votado en contra, aunque ni su posición ni la de Ibáñez han movido el resultado final, que con Podemos estaba decantado.
Para defender su voto en contra, el PP eligió al diputado por Barcelona Ignacio Martín Blanco, fichaje estrella procedente de Ciudadanos que Feijóo incorporó a sus listas en las últimas elecciones generales. Y el popular decidió centrarse en la defensa de un modelo territorial centralizado y no al tema de fondo de la gestión migratoria. “Es perjudicial para el conjunto de los españoles”, sostuvo antes de aventurar que, de aprobarse el texto, será tumbado por el Tribunal Constitucional. “La determinación de quién es ciudadano, cómo son las fronteras o quién puede venir a nuestro país no puede ser susceptible de delegación de competencias. El Constitucional tiene consolidada jurisprudencia”.
Desde el PSOE, temerosos de las consecuencias políticas que pueda tener en la actitud de Junts la caída de una de sus demandas más simbólicas, prefirieron poner el foco en el PP. “En nuestro acuerdo no se delega el despligue de los Mossos, eso lo hizo el PP, ni el 30% del IRPF, eso ya lo hizo el PP, lo hizo José María Aznar para conseguir los votos de investidura de Pujol. Su hipocresía no tiene límites”, reprochó el diputado socialista, José Zaragoza.
La diputada de Vox, Pepa Millán, sí vino a darle la razón en el fondo a Junts. “Los catalanes han visto el incremento de la inseguridad, la creación de sociedades paralelas, el colapso de los servicios públicos y una progresiva islamización incompatible con el verdadero progreso”. Pero rechazó de plano que la gestión sea un asunto delegable en las Comunidades Autónomas. “Es mentira que las competencias en materia de extranjería sean delegables. No hay 17 fronteras, hay una sola frontera. Estamos hablando de elementos constitutivos de un Estado. Que en ningún caso pueden ser de interés particular de ninguna región. Así que no, ni Catalunya ni ninguna región pueden tener competencias en inmigración”, concluyó.
La votación ha terminado con los 177 votos en contra de la derecha, Podemos y los dos diputados de Sumar y una insuficiente mayoría de 173 escaños que ensombrecía a última hora de la tarde las caras de los parlamentarios de Junts.